El equipo de abogados defensor, fue informado ayer miércoles 23, de que el INP no ha cumplido dos órdenes judiciales de trasladar a los siete defensores que se encuentran privados de su libertad en la cárcel de máxima seguridad de “La Tolva”, municipio de Morocelí, al Centro Penal de Olanchito, departamento de Yoro.
Detención ilegal
“El 1 de septiembre, la Juez de Jurisdicción Nacional Lisseth Vallecillo dictó de forma ilegal detenerlos sin pruebas suficientes, únicamente, con base de denuncias sin fundamentos presentadas por la empresa minera y el Ministerio Público, con el fin de neutralizar su legítima resistencia al ilegal proyecto minero que afecta la cuenca hidrográfica que abastece de agua a la región”, explica un comunicado del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.
Además, dice, “La Juez Vallecillo no motivó su decisión de procesar a los defensores, ni la razón por la que les envió a prisión preventiva. A petición de los defensores, la Juez Vallecillo ordenó que los hombres fueran enviados al Centro Penal de Olanchito, cerca del hogar de los defensores. Su orden no se cumplió, y en su lugar, el INP envió arbitrariamente a los defensores a la prisión de máxima seguridad”.
El 13 de septiembre, la Juez Ejecutora Marleny Lizzeth Tercero, concluyó en su resolución dirigida al INP que el traslado a La Tolva, “no se realizó en base al principio de legalidad y que no se cumplió con la normativa vigente, infringiendo el procedimiento administrativo establecido y desobedeciendo una orden emitida por juez competente”.
Traslado inmediato
De igual forma, la jueza Lizzeth Tercero, determinó que los defensores deben ser trasladados de inmediato a la cárcel de Olanchito; y denunció la violaciones a los derechos “han sido violados sus derechos al ser enviados a La Tolva y lejos de sus familias, hubo una serie de ilegalidades”, expresó.
“Los enviaron a La Tolva para que estuviéramos lejos de ellos y fuera más difícil visitarlos, ya que esa cárcel está a 12 horas del lugar donde vivimos”, lamentó Juana Esquivel, familiar de uno de los defensores.
Por lo tanto el Comité Municipal exige que se investigue el incumplimiento de las dos resoluciones por parte de la INP y se impongan las sanciones correspondientes.
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Trato inhumano
Los defensores del río Guapinol y San Pedro han sido objeto de un trato degradante, humillante y de una falta total de garantías procesales; en el cual, sus abogados y familiares han tenido acceso limitado para verlos en la cárcel de máxima seguridad y entregarles comida y un kit de aseo personal.
El reciente jueves 17 no permitieron que los abogados pudieran entregarle comida a los defensores, “este sistema penitenciario hace esto con los abogados defensores, qué podemos esperar que hagan con nosotros los familiares, todos tenemos un derecho y nos están violentando a nosotros como familiares”, expresó Reinaldo Domínguez.
Dado a las dos resoluciones el Comité Municipal exige al INP traslado de inmediato y denuncian a las instituciones estatales que trabajan continuamente para castigar a los defensores del medio ambiente en Honduras.
