El 11 de febrero de 2023, la actual CSJ cumplirá los siete años de funciones que establece la Constitución, por lo que abogados constitucionalistas y diputados sugieren elegir a los relevos antes de esa fecha

Tegucigalpa, Honduras.- El próximo miércoles se cumplirán dos semanas desde que el pasado 25 de enero de 2023, dentro del Congreso Nacional, fracasó el primer intento por seleccionar a las nuevas magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Con el único propósito de cumplir con la Constitución de la República, pero sin consensos previos, las diputadas y los diputados sesionaron ese día y demostraron no tener listos los acuerdos políticos requeridos para seleccionar, con 86 votos, a las y los 15 profesionales del derecho que administrarán e impartirán justicia al más alto nivel entre 2023 y 2030.

Se presentó una moción nominativa, no obstante, esta recibió el rechazo de todas las bancadas de oposición.

Dos días atrás, el 23 de enero de 2023, la Junta Nominadora de proposición de candidatas y candidatos le remitió al Legislativo un listado con las y los 45 postulantes mejor evaluados, sin embargo, debido a que los intereses de las fuerzas políticas están más relacionados con las reparticiones partidarias, el consenso no se alcanzó.

A partir de ese momento, los principales líderes de las bancadas políticas han ingresado a una etapa de negociaciones, en donde, desafortunadamente, el principal punto de discusión radica en cuántos cargos se repartirán.

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La Corte Suprema de Justicia puede seleccionarse únicamente con el voto de Libertad y Refundación (Libre) y Partido Nacional, aunque ese es un escenario casi imposible debido a que el Partido Liberal, sobre todo el rosenthalismo, no pretende perder las cuotas de poder que históricamente ha tenido dentro del Poder Judicial.

NEGOCIACIONES ESTANCADAS

Con el objetivo de llegar a un acuerdo de cara a la selección de magistradas y magistrados, la última reunión pública entre la Junta Directiva del Congreso y los jefes de bancada se sostuvo el 1 de febrero de 2023, cuando se sentó el presidente del Legislativo, Luis Redondo, con Tomás Zambrano del Partido Nacional, Mario Segura del Partido Liberal, Rafael Sarmiento de Libre, y Tomás Ramírez del Partido Salvador de Honduras (PSH).

Tras el encuentro, se conoció que el oficialista partido Libre no claudica en su idea de contar con siete magistrados afines a ellos, mientras que los opositores, Partido Nacional y Partido Liberal, no ceden en sus pretensiones de tener, como mínimo, a cinco jueces supremos allegados a sus intereses. Este escenario, sin embargo, se vuelve imposible debido a que únicamente son 15 los cargos que se elegirán.

El Partido Nacional, por ejemplo, únicamente respalda dos conformaciones en el pleno de la Corte Suprema de Justicia: 5 (Libre), 5 (Partido Nacional) y 5 (Partido Liberal) o, por otro lado, 6 (Libre), 5 (Partido Nacional), 3 (Partido Liberal) y 1 (Partido Salvador de Honduras).

En ambos casos, podrá observarse, el principal partido opositor, que actualmente mantiene una hegemonía dentro de la Corte Suprema de Justicia, no cede en sus aspiraciones de contar con cinco altas magistraturas del Poder Judicial, afectando, además, las pretensiones de los liberales y de Libre, situación que está estancando las negociaciones.

A criterio del analista político y abogado constitucionalista, Heriberto Baquedano, no es sano que la elección de la Corte Suprema de Justicia se mantenga estancada debido a diferencias en torno a cuántos magistrados y magistradas le corresponderán a cada una de las tres principales fuerzas políticas: Libre, Partido Nacional y Partido Nacional.

“Definitivamente no es sano que a más de diez días de la fecha que establece la Constitución no tengamos una nueva Corte Suprema de Justicia, y que el conflicto esté relacionado con un interés partidario o por intereses de otros grupos. La elección fácilmente puede realizarse el 10 de febrero, o durante esta semana, si de todos modos ellos ya cuentan con la materia prima que les entregó la Junta Nominadora”, dijo el profesional del derecho en conversación con Criterio.hn.

Por su lado, la diputada del PSH e integrante de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, Maribel Espinoza, declaró que la elección de la Corte Suprema de Justicia parece el “reparto de un pastel”.

“Tal como se está llevando a cabo la negociación, esto está dándose función de repartos y no en función de que cada postulante cumpla con los requisitos y las características que la ley establece, ya sea de idoneidad o integridad”, manifestó la legisladora a Criterio.hn.

HIPOCRESÍA

El 25 de enero de 2023, por unanimidad, las diputadas y los diputados del Congreso Nacional determinaron que la elección, durante todas sus etapas, se realizaría a través de la vía directa y pública. Sin embargo, las negociaciones parecen cada vez más secretas.

“Sí, definitivamente lamentamos que haya hipocresía en eso. Con autoridad puedo decirte que el partido Libre se reúne en secreto con el Partido Nacional y el Partido Liberal hace lo propio con Libre. A nosotros, del PSH, nos han condenado por reunirnos en público con los demás partidos dentro del Congreso. Eso es hipocresía mediática, refirió Espinoza.

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Más allá de los números y de las reparticiones, o las reuniones secretas, la situación genera desaliento en la ciudadanía debido a que el 11 de febrero de 2023 vencerán los siete años del período que, constitucionalmente, se otorgan a las funciones de la Corte Suprema de Justicia.

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Según la recomendación de la diputada Maribel Espinoza, lo ideal es que el actual Supremo hondureño, que preside Rolando Argueta, cese en sus cargos cuanto antes.

“Yo soy de la opinión que la Corte que tiene a los actuales magistrados debe vacar de sus cargos lo más pronto posible y, por ello, es urgente que la Junta Directiva del Congreso nos convoque de inmediato para que podamos elegir una nueva Corte Suprema. No podemos ignorar que están ocurriendo un montón de actos de impunidad donde están saliendo libres politiqueros con sobreseimientos, pero, lamentablemente, todo ese ambiente en que se han metido el Partido Nacional y el partido Libre pareciera un silencioso acuerdo para que esto suceda”, aseguró la legisladora Espinoza, también abogada constitucionalista.

De su lado, el abogado Heriberto Baquedano manifestó que, aunque lo ideal es contar con una nueva Corte Suprema de Justicia antes del 11 de febrero de 2023, el escenario contrario no representaría un quebrantamiento del orden constitucional.

“Lo más conveniente es que los diputados elijan la Corte antes del sábado (11 de febrero), pero, si eso no ocurriera, y las negociaciones no llegaran a buen término en ese lapso, ellos podrían prolongar la vigencia de la actual Corte el tiempo que sea necesario, pero sin descuidar el enfoque de nombrar a los nuevos magistrados”, concluyó.

En los últimos días, el oficialista partido Libre ha planteado la necesidad de interpretar la Constitución de la República e incorporar a magistrados suplentes. Iniciativa que fue presentada por el diputado nacionalista en un foro televisivo.

Sin embargo, esta iniciativa ha chocado con analistas jurídicos, que la han considerado un atropello a la Constitución debido a que, en primer lugar, los legisladores no pueden interpretar la principal norma del país y, en segundo, porque una reforma constitucional requiere obligatoriamente de una ratificación en la siguiente legislatura, que iniciará el 25 de enero de 2024.