Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- En su afán de mantener ocultas las operaciones financieras y administrativas del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), ahora su presidente alega que la aportación estatal al ente nunca fue cumplida y es inaplicable, aunque el organismo ha recibido 53.2 millones de lempiras en transferencias.
Eduin Natividad Romero, en un intento de evitar que se le sancione por desacatar una resolución que le ordena entregar información, envió un documento al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el que niega que el ente de previsión de los periodistas haya recibido fondos estatales.
La ley de creación del IPP establece en su artículo 27 una transferencia anual del Estado para fortalecer el sistema de pensiones de los periodistas, a la que la junta directiva del organismo ilegalmente desistió de requerir desde 2014 tratando de evadir la fiscalización de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), en aplicación de nuevas leyes que los obligan a ser auditados.
“Es de hacer notar que dicho artículo 27 nunca fue cumplido por ser materialmente inaplicable”, asegura Romero en el documento enviado al IAIP, obviando las millonarias transferencias del Estado al IPP entre 1987 y 2013 y que se encuentran registradas en sus estados financieros.
Romero no explica cómo es inaplicable una ley aprobada en el Congreso Nacional y que ha sido cumplida con la aprobación presupuestaria anual y las transferencias estatales, que si no han sido mayores es porque las juntas directivas del IPP, que son los mismos dirigentes del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), nunca lo han demandado.
Los directivos del IPP desistieron abusivamente de requerir las transferencias estatales de 2014 y 2015, aunque el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández cumpliendo la ley del organismo, presupuestó transferencias al sistema de previsión de los pe
ESCUDO OBSOLETO
Los jerarcas del IPP se niegan de manera sistemática a transparentar sus operaciones financieras y administrativas amparándose en una interpretación a la ley del organismo, que eximía al ente de la auditoría por parte de la CNBS, pero que ya no es aplicable por la aprobación de nuevas normas como la Ley Marco de Protección Social que los obliga a someterse a la fiscalización estatal.
La citada Ley establece en su artículo 52 que los entes de previsión que reciban fondos del Estado que no sean auditados por la CNBS, no podrán incorporar nuevos afiliados y los que tienen inscritos, si no se someten a su registro, podrán migrar a otro sistema de pensiones.
Romero, en un documento escrito en papel membretado del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) y dirigido de manera extemporánea a los Comisionados del IAIP, alega que una vieja interpretación de la ley del IPP establece que al ente “no le son aplicables las normas contenidas en las leyes de la República en cuanto a control, supervisión y vigilancia de sus operaciones financieras administrativas”.
La reacción de Romero se debe a que el IAIP se apresta a imponerle una sanción pecuniaria al IPP por desacatar desde hace más de mes una resolución que le ordena entregar información de sus operaciones administrativas y financieras solicitada por el periodista Gustavo Palencia.
La sanción económica al IPP la tendrá que pagar Romero de su fortuna personal a la Tesorería General de la República, dijo una fuente del IAIP.
El IAIP ordenó la entrega de la información después de que declaró al IPP sujeto de aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública, tras comprobar que legalmente reciben transferencias del Estado, lo que los directivos negaban.
¿ VIOLACION A LIBERTAD DE EXPRESION ?
Romero, en su desesperado esfuerzo por evitar abrir los libros de las finanzas del IPP que oculta con tanto empeño, se atreve a sugerir que ceder a las peticiones de información pública o que la CNBS practique una auditoría en el ente constituiría una violación a la libertad de expresión.
“Es entendido que los gobiernos de la República han reconocido la importancia que conlleva evitar cualquier acción que se interprete como injerencia (auditar los fondos del IPP) que inhiba la Libertad de Expresión a través de la información gremial”, dice Romero.
Romero no explica que relación tiene transparentar las operaciones del IPP compartiendo información relevante para sus afiliados o el que se practique una auditoria de fondos por parte de la CNBS, con la libertad de expresión.
La Comisionada presidenta del IAIP, Doris Imelda Madrid, aseguró en una reciente reunión con los directivos del IPP, entre ellos Eduin Romero, en la sede del ente provisional, que las leyes que esgrimen para negarse a entregar información pública y evitar las auditorias de la CNBS “son obsoletas”.
Los tres Comisionados del IAIP aprobarán esta semana la resolución sobre la cuantía de la sanción económica ante el desacato del IPP a la orden de entregar la información solicitada por Palencia, anunció Madrid en el programa televisivo Foro del Canal 10.
El desistimiento del IPP de requerir la aportación del Estado, que golpea fuertemente las finanzas del ente provisional de los periodistas, fue adoptada en el 2014 cuando la presidencia de la junta directiva del ente era ocupada por Juan Ramón Mairena, pretendiendo desde entonces evitar la auditoría externa de las finanzas del organismo de previsión.
Cuando Mairena era al presidente del IPP, la posición de fiscal la ocupaba Eduin Romero, quien ahora en su mandato persiste en esa postura de mantener en la opacidad la gestión del organismo.
“En este caso se tipifica el delito de abuso de autoridad. Los directivos no han cumplido con lo que les manda la ley que es requerir del Estado a través de la gerencia del IPP los fondos. Ellos no pueden desistir de ese cobro”, dijo a criterio.hn un abogado especializado en derecho administrativo.
ABUSO Y FRAUDE
La cúpula del IPP, anticipándose a la vigencia de la nueva legislación que los sometería a la fiscalización de la CNBS, decidió, además, fraccionar los recursos del Instituto y firmar un contrato privado para la administración de un fondo de pensiones constituido únicamente con las aportaciones individuales de los afiliados, lo que sería eventualmente su jubilación.
Mediante ese contrato, que causa preocupación y malestar entre los afiliados, los directivos del IPP les sustraen a los afiliados las aportaciones patronales, las contribuciones estatales y las utilidades o rendimientos sobre inversiones. Solamente les colocan en el fondo sus cuotas personales.
Las utilidades o rendimientos sobre inversiones del IPP de 1987 al 2013 sumaron 124.3 millones de lempiras, los aportes de gobierno 53.2 millones de lempiras, la aportación de las empresas de comunicación 56.6 millones de lempiras y las contribuciones individuales 26.8 millones de lempiras.
El contrato, presentado en forma reservada e individual a algunos afiliados, sin que hubiera una asamblea ni siquiera de carácter informativo, ha sido firmado por un medio centenar de periodistas, embaucados por la artimaña de los directivos y ejecutivos del IPP de que es mejor colocar las aportaciones en una administradora privada para evitar que el gobierno le “caiga” a los fondos.
“A mi me dijeron que el gobierno del presidente Juan Orlando (Hernández) se quiere tomar estos fondos y que es más seguro tenerlos en una administradora de fondos privados”, dijo un periodista de un canal de televisión que firmó el contrato.
Romero también ha comunicado que la directiva y la gerencia del IPP ha cobrado de manera retroactiva el monto pagado por seguro de vida, seguro hospitalario y auxilio funerario a los afiliados de 2014 a 1987, aunque estos servicios ya fueron pagados por el sistema y se encuentran registrados en los estados financieros.
Este cobro implicaría que la gerencia y la directiva del IPP estarían cobrando nuevamente a los afiliados 39.1 millones de lempiras, que ya fueron pagados entre 1987 y 2013 y lo registran los estados financieros del organismo.
Ante los requerimientos de información de varios afiliados, los directivos del IPP se han llamado al silencio sobre toda esta situación, escudándose en que por disposición del Congreso Nacional no pueden ser auditados ni fiscalizados.
