Por: Agencias
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Ciudad de Guatemala. La Corte Suprema de Justicia de Guatemala (CSJ) decidió este miércoles abrir un antejuicio a la vicepresidenta Roxana Baldetti, en relación con un caso de corrupción, por lo que pidió al Congreso decidir si levanta la inmunidad a la funcionaria.
«Se determinó dar trámite al antejuicio contra la vicepresidenta de la República», dijo en conferencia de prensa el presidente de la CSJ, Josué Baquiax, luego de que los 13 magistrados del Poder Judicial validaran «por unanimidad» la petición hecha por dos partidos opositores.
La decisión de la Corte se produjo el mismo día en que el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) demandara la renuncia de Baldetti para garantizar una investigación judicial independiente en un caso de defraudación fiscal montado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemalal (CICIG) y que involucra directamente al prófugo secretario privado de la vicepresidenta, Juan Carlos Monzón.
“Esperamos que ella recapacite y presente su renuncia en el menor tiempo posible, para evitar situaciones que puedan comprometer el desarrollo democrático e institucional de nuestra nación”, dijo Jorge Briz, presidente del CACIF.
Baldetti ha sido blanco de críticas de quienes consideran que estaba al tanto de las actividades de su exsecretario privado, cerebro de una red descubierta el pasado 16 de abril en las aduanas nacionales, que cobraba sobornos a empresarios que evadían impuestos.
Tras dar trámite a la petición, el Congreso debe «nombrar la comisión pesquisidora» que determinará la posibilidad de retirarle la inmunidad a Baldetti para que pueda ser investigada penalmente, agregó Baquiax, quien señaló que rechazaron una solicitud similar contra el presidente Otto Pérez.
El anuncio de la decisión de la Corte se produjo pocas horas después de que la cúpula empresarial se pronunciara. Según Jorge Briz, dicha renuncia también permitiría «fortalecer la democracia y preservar la institucionalidad de la República», ante el escándalo de corrupción destapado por la Fiscalía y la CICIG.
Briz dijo que si Baldetti no dimite, los empresarios valorarían la posibilidad de hacer un paro nacional, tal como el que ya se produjo en 2001.
La Presidencia de la República reaccionó con cautela ante el anuncio de la Corte y ante la demanda del sector empresarial. «Vivimos en democracia y (los empresarios) están haciendo efectivo su derecho de petición», expresó a periodistas el portavoz presidencial, Jorge Ortega, al indicar que serán las autoridades judiciales las que determinen las responsabilidades por el escándalo.
La Fiscalía y la CICIG revelaron la existencia de la red de sobornos conocida como «La línea», que se estima obtuvo ganancias por montos millonarios aún sin precisar.
Por el caso fue capturado Omar Franco, jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) -ente recaudador de impuestos de Guatemala-, y su antecesor Carlos Muñoz junto a una veintena de personas, incluidos otros altos funcionarios de la entidad.
Cuando estalló el escándalo, Baldetti se encontraba con Monzón en Corea del Sur donde le perdió la pista. La vicepresidenta al regresar a Guatemala se desligó del caso al indicar que no tenía conocimiento de las operaciones ilícitas de uno de sus hombres de confianza.
Los medios guatemaltecos revelaron la inconsistencia en las respuestas del gobierno al demostrar que, por ejemplo, cuando el presidente Otto Pérez Molina aseguraba que Baldetti todavía se encontraba en el extranjero, en realidad ella ya había retornado a Guatemala.
