Director en funciones argumenta no resolver la demanda de los pobladores y líderes ambientales por carecer de investidura oficial
Tegucigalpa. Llegamos faltando cinco minutos para las once de la mañana, a esa hora era la cita con Juan López, Leonel George y Adilia Castro, acompañados por su representante legal, Rita Isabel Romero, entre otros compañeros que integran el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, un municipio ubicado en el Caribe hondureño, a más de 400 kilómetros de la capital de Honduras, por la ruta más corta.
Nuestro primer intento fue ingresar a las instalaciones del Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin), sin embargo, el guardia nos dijo que no podíamos entrar porque no le daban permiso y que él solo cumplía con su función. Le explicamos que veníamos como periodistas, accedió y nos permitió ingresar si nos acompañaba Juan, quien se encontraba junto a sus compañeros en la acera de Inhgeomin, donde minutos antes les habían recibido la documentación.
Entramos, nos ubicamos a un costado en el estacionamiento. La primera impresión fue un chocante rótulo que decía: “Minería para una vida mejor”. Este es el legado de Juan Orlando Hernández en una institución que tramitó centenares de permisos mineros y que todavía mantiene en conflicto a varias zonas del país, como en Tocoa, Colón.
El día se tornaba gris por los nubarrones que acampaban en el cielo, propios del clima decembrino, de los vientos que soplan del polo norte y de los efectos del cambio climático que estrangulan la naturaleza por la contaminación emanada por el CO2 que dejan las industrias del primer mundo y que engloba a la minería, esa industria que está dañando los bienes comunes que defiende Juan y sus compañeros.
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Ingeomin se resiste a dejar las estelas que dejó el extraditable por narcotráfico o JOH como se hizo llamar el exmandatario hondureño mientras ostentaba el poder. Momentáneamente esta institución es encabezada por Francisco Danilo León, quien es secretario general y ejerce las funciones de director, pues aún la presidenta Xiomara Castro no nombra a nadie que rectore los procesos administrativos de la minería.
Luego se acercó al estacionamiento donde estaba Juan, una joven funcionaria con dos años de laborar en la institución. Después de unos minutos conversando con Juan, se fue y retornó por él para llevarlo a las oficinas del secretario general.
Previo a esto Juan junto a las y los integrantes del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, intentaron ingresar, pero la documentación que traían desde Tocoa, cuando salieron a las 2:00 de la madrugada, fue recibida en la acera, afuera del edificio de Inhgeomin.
Al costado derecho está el Laboratorio Minero Ambiental, una plataforma reducida, menor a 100 metros cuadrados, donde se supone hacen todos los estudios de laboratorio de lo que se encuentra en las zonas mineras. El laboratorio funciona con cuatro técnicos algo que es paradójico porque es imposible que cuatro personas realicen y analicen los metales cuando hay concesiones en 200 de los 298 municipios de Honduras.
Juan López, Leonel George y Adilia Castro, son parte de un grupo de organizaciones ciudadanas en el municipio de Tocoa que están luchando por la conservación del Parque Nacional Montaña de Botaderos, Carlos Escaleras, amenazado por un mega proyecto minero de Inversiones Los Pinares e Inversiones Ecotek, ambas del Grupo Emco Holding, cuyo rostro visible es Lenir Pérez.
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REUNIÓN CON EL SECRETARIO GENERAL DE INHGEOMIN
En medio de nuestras cavilaciones, retorna Juan al estacionamiento para que ingrese únicamente la apoderada legal del comité, Rita Isabel Moreno. Pasados unos minutos, retorna la misma joven que nos recibió para que ingrese nuevamente Juan López, acompañado por Adilia Castro.
A su salida, la abogada Rita Isabel Romero contó a Criterio.hn que la comparecencia de hoy en Inhgeomin fue en busca de la resolución a la petición de cancelación de derechos mineros, realizada en mayo, a las dos concesiones de oxido de hierro a cielo abierto que se está llevando en 200 hectáreas de la zona protegida.
los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colón
La abogada contó que hay causales legales para la cancelación según establece el contrato de concesión: daños al ecosistema y explotación ilegal, ambos acreditados en los expedientes de Inhgeomin.
No obstante, contrario a la información que había llegado hasta ellos, Inhgeomin sigue sin nombramiento de un director, estando Francisco Danilo León actuando como director en funciones, pero sin contar con un nombramiento. “Él está respondiendo a necesidades operacionales que tiene el instituto, […] sin embargo, la petición queda admitida”, contó.
“Le hemos expresado nuestra preocupación de que al no tener una resolución, aunque ya existen causales de cierre de esos proyectos mineros, la empresa sigue avanzando y siendo las causales daños a los ecosistemas y explotación ilegal, el Estado de Honduras sigue manteniendo el ilícito y permitiendo que la zona protegida siga menoscabándose”, compartió.
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La abogada afirmó que el proceso con Inhgeomin comenzó cuando se dieron cuenta que en la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente había un segundo componente del megaproyecto minero llamado ASP2, de un total de cinco, el cual no tiene licencia ambiental y que tiene un dictamen de zona protegida que dice que esta empresa está dentro de la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos, Carlos Escaleras, que además tiene un contrato de concesión por diez años, desde 2014.
“ASP2 sigue sin licencia y sigue con un contrato de concesión vigente. ¿Qué se les está exigiendo? La cancelación. Entendemos que es bien difícil para las autoridades y ellos nos lo han manifestado: ‘tenemos presiones por ambas partes”, expresó la abogada.
Agregó: aquí “la diferencia es que las presiones que está haciendo la comunidad es por salvaguardar una zona protegida, que el Estado de Honduras está obligado a proteger y que la ha puesto en plato en la mesa de una empresa que apenas está dejando sobras. Mientras que las presiones que tiene por la empresa es porque le salvaguarde su inversión”.
El argumento del secretario general fue que para resolver la exigencia es necesaria la investidura del director ejecutivo por ley, ya que es el único que posee dichas facultades. “En este momento, estamos moviéndonos para la Casa Presidencial, debido a que quien nombra los directores ejecutivos de Inhgeomin es la presidenta, por lo tanto, es responsabilidad de la presidenta que aquí haya alguien que resuelva”, dijo la abogada Romero.
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Aquí nos despedimos de Juan, Adilia, George y Rita, la representante legal del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa. Ellos y ellas se fueron a Casa Presidencial, donde entró una comisión a la Secretaría de la Presidencia donde entregaron una solicitud en la que piden al director por ley de Inhgeomin, que admita y resuelva la cancelación de los contratos mineros, acorde a las causales definidas en mayo de 2022.
Tocoa enfrenta una problemática socio ambiental a causa de la contaminación de los ríos Guapinol y San Pedro, así como la depredación del bosque del Parque Nacional Montaña de Botaderos, Carlos Escaleras.
Por la defensa de este territorio, permanecieron en detención ilegal por más de 900 días los ocho defensores de Guapinol: José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Ever Alexander Cedillo, Daniel Márquez, Porfirio Sorto Cedillo y Orbin Nahún Hernández, Jeremías Martínez y Arnol Javier Alemán. Pese a su liberación, estos siguen sin recibir sus cartas de sobreseimiento definitivo, poniéndolos en riesgo a la reactivación del caso.
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Fe de erratas: Criterio hace constar que el día lunes 5 de diciembre de 2022 se editó el párrafo que originalmente decía: El argumento del secretario general fue que para resolver la exigencia es necesaria la investidura del director ejecutivo por ley, ya que es el único que posee dichas facultades. “En este momento, estamos moviéndonos para la Casa Presidencial, debido a que quien nombra los directores ejecutivos de Inhgeomin es la presidenta, por lo tanto, es responsabilidad de la presidenta que aquí haya alguien que resuelva”.
La edición quedó de la siguiente manera: “El argumento del secretario general fue que para resolver la exigencia es necesaria la investidura del director ejecutivo por ley, ya que es el único que posee dichas facultades. “En este momento, estamos moviéndonos para la Casa Presidencial, debido a que quien nombra los directores ejecutivos de Inhgeomin es la presidenta, por lo tanto, es responsabilidad de la presidenta que aquí haya alguien que resuelva”, dijo la abogada Romero”.
En conclusión, se atribuyó una cita a una de las fuentes entrevistadas para la redacción de este artículo periodístico.
