Por: Redacción CRITERIO.HN
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El Progreso, Yoro.- El informe internacional «Guapinol Resiste» en el que participaron expertos de universidades de EE. UU, Canadá e Inglaterra revela que el origen del conflicto es el otorgamiento de licencias de manera ilegal a la empresa Inversiones Los Pinares (ILP), y, dicho documento, es suficiente para que el Ministerio Público atienda las denuncias que hace muchos años ha presentado la comunidad de Guapinol y que no han dado ningún resultado, dijo este lunes a Criterio.hn el doctor en derecho internacional y derechos humanos, Joaquín Mejía Rivera.
Joaquín Mejía, experto en derechos humanos
En la página 25, el informe Guapinol Resiste cita que “Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, hija del ya fallecido oligarca hondureño y empresario Miguel Facussé, son los propietarios de ILP. Lenir Pérez es un empresario vinculado anteriormente a la ejecución de contratos de construcción ilegalmente otorgados por el gobierno del presidente Hernández (Global Witness 2017)”.
A Lenir Pérez lo conocen muy bien las comunidades afectadas por la minería, pero recientemente también su nombre sonó en el mundo empresarial y político por el caso Palmerola. La filtración de una carta lo puso en apuros, ya que en ella se señalaba que el “representante legal de Palmerola International Airport (PIA), S.A. de C.V., Lenir Pérez”, le hacía un reclamo al Gobierno de Honduras de $ 51.300,000.00 adicionales a lo establecido en el contrato de la Alianza Público Privado (APP) argumentando afectaciones por la Covid-19.
La alianza Centroamericana Frente a la Minería presentó el pasado sábado el reporte denominado Guapinol Resiste en el que se analiza minuciosamente el origen del conflicto minero en el Bajo Aguán, zona norte de Honduras, en donde se verifican las violaciones de derechos humanos contra defensores ambientales que se oponen al proyecto minero en el municipio de Tocoa, Colón, propiedad del empresario Lenir Pérez y vinculado a la familia Facussé.
“Este es un informe sumamente importante, ya que es realizado por una delegación internacional experta en el tema, que visitaron el país, que nadie les contó el cuento, estuvieron in situ y desde sus capacidades académicas elaboraron este informe con una serie de conclusiones y recomendaciones dirigidas a varios sectores, principalmente al Gobierno de Honduras y a otras instituciones”, explica el Dr. Mejía Rivera.
El informe Guapinol Resiste destaca que en los permisos otorgados a la empresa Inversiones los Pinares hubo serias irregularidades en la emisión de licencias mineras dentro de los límites del Parque Nacional Carlos Escaleras, además, se resaltó que hubo falta de consulta previa a las comunidades afectadas antes de emitir licencias, lo que violó, tanto las regulaciones municipales como las normas internacionales.
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Para el Dr. Mejía Rivera, el Ministerio Público en lugar proteger a la población de estas comunidades, está atendiendo prontamente todas las denuncias de la empresa Inversiones los Pinares que están basadas en mentiras lo que ha provocado que ocho personas se encuentren en prisión y que otras cinco estén siendo perseguidas.
“Este informe también es bastante claro para que la comunidad internacional, y particularmente algunos organismos financieros internacionales dejen de financiar al Estado de Honduras en temas como este. Porque lo hacen de manera ilegal”, dice el Dr Mejía Rivera.
Agrega que la gente se ha dado cuenta, no solamente la gente en Honduras sino a nivel internacional, de que el caso de Guapinol es el reflejo de la justicia selectiva que criminaliza y utiliza de manera selectiva el derecho penal, la parte operativa del Ministerio Público y del Poder Judicial, pero por otro lado una justicia que actúa de manera tardía con empresas vinculadas a este poder político.
“Por eso es la reacción de solidaridad de diferentes sectores. Incluso de representantes en el Congreso y Senado de EE. UU. Porque en ese caso específico es la justicia selectiva y estamos viendo en bandeja de plata la criminalización. Recordemos que a través de ataques pudieron provocar la muerte de Berta Cáceres, Blanca Kawas, Margarita Murillo, entre otros”, concluyó el defensor de derechos humanos.
El informe Guapinol Resiste fue realizado por el equipo de investigación, compuesto por los doctores Bernie Hammond y Amanda Grzyb de Western University de Canadá, así como el doctor Michael Berghoef de Ferris State University de EE. UU, y la doctora Ainhoa Montoya de la Universidad de Londres, Inglaterra. También participó en el informe el periodista y abogado de Derechos Humanos, Dimitri Lascaris. Estos expertos realizaron una visita de siete días de duración a Honduras, en junio de 2019. En el estudio participó también Giada Ferrucci, candidata a doctorado en Información y estudios de medios, Western University, Ontario, Canadá.
Se denunció en el documento que el estado de Honduras ha empleado a sus instituciones legales y represivas, como el Ministerio Público, la Policía y el Ejército, con el propósito de proteger los intereses de la empresa Inversiones los Pinares, y además, se indicó que los derechos reconocidos internacionalmente, como el derecho a la protesta pacífica y derecho de organización, han sido negados a los defensores del río Guapinol y en su lugar han sido criminalizados por el estado en beneficio de los derechos empresariales.
En el texto se hacen 20 recomendaciones que instan principalmente al Estado hondureño y a la comunidad internacional a tomar medidas para fortalecer la institucionalidad democrática y la protección de derechos humanos en Honduras.
Los autores del informe sitúan la investigación en el contexto de eventos históricos y políticos a partir del golpe de estado del 2009, las raíces del conflicto por la tierra en el Bajo Aguán y la oligarquía local que ha controlado a los gobiernos posteriores al golpe.
Según el informe, estas industrias han establecido sus operaciones sin consultar adecuadamente con las poblaciones locales y sus proyectos han generado conflictos y graves violaciones de derechos humanos en un entorno de impunidad.
Se establece también que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, con la aprobación tácita de la comunidad internacional, han apoyado activamente a los gobiernos posteriores al golpe como medio para asegurar y proteger sus propios intereses.
Detalla el informe que, en la ciudad de Tocoa, el estado hondureño ha confrontado a las comunidades organizadas contra la empresa Inversiones los Pinares con prácticas sistemáticas de criminalización, persecución y agresión física contra los habitantes que buscan defender el territorio donde habitan y sus fuentes hídricas.
Las víctimas y los testigos entrevistados por los investigadores reconocieron a los cuerpos militares, policías y grupos armados locales, empleados como guardias de seguridad por la empresa, como los principales responsables de estas acciones.
Hay que recordar que el sistema de justicia de Honduras revocó el sobreseimiento definitivo a favor de cinco defensores ambientales y ordenó el procesamiento formal de los imputados junto a otros ocho defensores que se encuentran en prisión preventiva desde hace un año, por los supuestos delitos de incendio agravado en perjuicio de la empresa minera Los Pinares y privación injusta de libertad contra Santos Corea, el jefe de una empresa de seguridad contratada por la minera.
