Por: Javier Suazo
Las últimas cifras del Banco Central de Honduras (BCH) muestran que la inflación interanual en Honduras superó los dos dígitos, o sea se situó arriba del 10%, en un 10.22% según reporte de esta institución. La preocupación es que subirá más, aunque hay evidencia de una baja en los precios del petróleo y sus derivados en los mercados internacionales.
El problema es el diagnóstico mono causal e igual la solución. Por un lado, están aquellos denominados monetaristas y neoliberales “bastardos”, que recomiendan que si bien hay un alto porcentaje de la inflación atribuido a problemas de costos importados (entre un 65% y 70% según cálculos conservadores), lo más evidente es una inflación por expansión de los agregados monetarios, impulsados por un fuerte gasto del gobierno financiando principalmente por ingresos tributarios y las reservas internacionales convertidas en moneda local.
La solución que se viene anunciado siguiendo la copia de otros países, es el aumento de la tasa de encaje legal y de política monetaria (TPM), iniciando esta última con 2 puntos de entrada, o sea pasar de 3.00 % a 5.00 % en 2022, y después seguir con un ajuste periódico hasta que las presiones inflacionarias disminuyan por un menor gasto global en la economía.
Otro argumento es el estímulo de la producción interna, especialmente de alimentos básicos, para lo cual es necesario canalizar recursos blandos al agro y mi pyme, obtenidos-en la actualidad- de aquellos que el país posee en términos de reservas monetarias, pero que en el fondo son sobrantes ya que honran también las deudas o parte de estas que se tienen con la banca y acreedores externos y nacionales.
La primera solución tiene el inconveniente de introducir un sesgo recesivo mayor a la economía que impactará negativamente en los niveles de inversión real y empleo, lo que genera una mayor inestabilidad social y política, ya que el desempleo, subempleo y la pobreza son problemas muy visibles en la sociedad hondureña. El Fondo Monetario Internacional (FMI) prefiere esta solución, ya que defiende la política o régimen de metas de inflación que el Banco Central ha venido adoptado en forma parcial, lo que implica que, frente a un aumento de la inflación, la autoridad monetaria debe intervenir para bajarla, y la mejor forma es contrayendo los factores de expansión monetaria para disminuir el gasto y la demanda de fondos al aumentarse la TPM.
La segunda es que puede resultar insuficiente, ya que los pequeños productores de granos básicos, hortalizas y las mipymes, enfrentan problemas de baja productividad física y del trabajo, por lo que no generan la cantidad de bienes alimentarios que demanda el país, además de los altos costos de los insumos importados y los riesgos que induce el cambio climático. Esta baja productividad es extensiva a los productores de leche y carne, e incluso de granos básicos cultivados por medianos productores, por lo que la oferta de alimentos será limitada, teniéndose que importarlos a precios más altos.
Honduras viene arrastrando un déficit en la producción de alimentos desde hace tiempo, el cual se ha agravado con las políticas de contracción económica ´promovidas por Juan Orlando Hernández (JOH) con apoyo del FMI, los efectos negativos del Covid-19 y los fenómenos naturales como ETA e IOTA; y los impactos del RD-CAFTA que promueve el abandono del campo de población campesina microfundista y pequeños productores. Las cifras muestran más de 3 millones de personas en riesgo de inseguridad alimentaria y 7 millones de personas en pobreza (73% de la población total), muchos de los cuales demandan activos productivos como la tierra para producir, o sea que no alcanzan de los beneficios de las políticas de apoyo al agro con bonos tecnológicos y subsidios a las tasas de interés.
A ello se suma el problema de los mecanismos internos de propagación de la inflación que todavía no han merecido el tratamiento adecuado. Uno es el aumento del precio de los productos finales en los mercados, causado no por incrementos generados en la producción sino en la comercialización. Desde que se institucionalizaron los programas de estabilización económica y ajuste estructural, hablar de control de precios de los alimentos está prohibido, aunque la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica de Honduras (ADECABAH) monitorea los precios en los mercados y apoya congelamientos cuando hay evidencia de especulación.
Es esta especulación la que se debe combatir, ya que se ha detectado la existencia de un sobre precio por encima del precio promedio del producto en los mercados internos.
El gobierno de la República ha tomado acciones para que el impacto del aumento de precios de los hidrocarburos, fertilizantes y fletes, impacte menos en los bolsillos de los hondureños. Se ha otorgado subsidio al combustible y congelado por un periodo de tiempo el precio del galón de la gasolina regular y diésel, además se amplió el subsidio de la energía y apoyó la producción de alimentos y empleo en las MiPymes. No obstante, amerita tomar medidas más efectivas. Una es la generalización del control de precios al declarar como estado de emergencia nacional al país, por la crisis de alimentos y sus altos costos.
De acuerdo a Dulio Medina, presidente de Prograno, “si la tendencia alcista continúa, se va a tener que decretar un derecho de importación que impactaría negativamente al consumidor final, porque el importador va a decir: “Yo importo y voy a ofertar maíz
y frijol. Ese es el camino al que vamos” La preocupación es que los importadores de insumos que representan un 40% del costo total del producto, se verán tentados a importar alimentos y convertirse en oferentes por decreto sin sembrar una mata de maíz al profundizarse la desgravación arancelaria en el marco del RD-CAFTA.
Otra medida es un programa masivo de generación de alimentos y de productos e insumos importados formulado por la secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) con apoyo de las Secretarías de Economía y de Planificación Estratégica. Este programa debe ser presentado a las mesas agrícolas por regiones y rubros, movilizando recursos de la cooperación externa y de los propios actores locales y población. Se complementa con el compromiso que el gobierno a través de la Secretaría Desarrollo Social y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) compre la producción interna de alimentos básicos y hortalizas por sobre lo que dictan los manuales del libre comercio que lo de afuera es más barato y de mejor calidad.
Otro mecanismo de propagación de la inflación es de tipo institucional, y refiere al uso desmedido de los recursos del Estado y servicios, que no permite un ahorro sustancial en el pago de los mismos, como ejemplo los combustibles y la factura eléctrica. A ello se suman los problemas que genera la “filtración”, o sea la entrega de bienes, servicios y subsidios a población que no lo necesita. En el primer gobierno de JOH se detectó que más del 30% del Bono 10,000 fue entregado a activistas políticos y personas que no eran pobres extremos.
La inflación impacta negativamente en el ingreso de los que menos tienen, por lo hay que garantizar el monto real, efectividad y transparencia de los recursos asignados a combatir la extrema pobreza.
Hay también una crisis de expectativas de los agentes económicos, que creen que la inflación no bajará y más bien se incrementará por las medidas expansivas del gobierno y la especulación, ajustando hacia arriba el precio de los productos antes de que ocurra. Ello, no cabe duda, será evidente cuando empiecen a revisar las cláusulas del ajuste al salario mínimo, lo que implica un aumento de dicho salario para compensar su deterioro que causa la mayor inflación, consecuentemente un aumento de precios. Hay también expectativas benignas donde los agentes económicos esperan que la inflación bajará a futuro, pero se necesita que el gobierno y, sobre todo, el Banco Central, mantenga niveles de credibilidad aceptables.
Hay que tener confianza y fortalecer la autoridad monetaria en el manejo de los instrumentos de política monetaria y financiera para controlar la inflación en el momento que se necesite hacerlo, interviniendo el mercado cuando mucha de la liquidez se canaliza a actividades no deseadas, como ejemplo la compra masiva de bienes de consumo importados, igual a la especulación financiera. Se complementa con un manejo adecuado de la política cambiaria, sin devaluaciones abruptas que posibiliten una propagación mayor de la inflación al ser un país cuya producción depende de insumos importados que se pagan en dólares; hablamos que se importa el 70% de los que se produce internamente.
Todo lo anterior visualiza varias causas de la inflación y propagación, por lo que hay que actuar integrando las soluciones y participación y recursos de los actores. El banquero y economista Jaime Rosenthal (QDDG), lo denominaba programa antiinflacionario de corto plazo.
Tegucigalpa, DC, 13 de Julio de 2022
