Periodistas centroamericanos advierten sobre el deterioro ambiental, la criminalización de defensores del territorio que impulsan la migración y la opacidad gubernamental
Tegucigalpa, Honduras. – El norte de Centroamérica enfrenta una serie de desafíos interrelacionados que incluyen el cambio climático, la inseguridad alimentaria y la violencia. Estos desafíos, exacerbados por fenómenos climatologicos como huracanes y sequías extremas, han llevado a un aumento significativo de la migración.
Sobres estas temáticas y el papel de la prensa independiente dialogaron tres periodistas centroamericanos en el espacio desarrollado por Alianza Américas denominado: Relatos sobre la Crisis climática.
Las periodistas Marcia Perdomo de Criterio en Honduras, Elsa Coronado de Plaza Pública en Guatemala, y el fotoperiodista Víctor Peña de El Faro en El Salvador, narraron los obstáculos que enfrentan al cubrir la crisis climática y su impacto en las comunidades vulnerabilizadas que se ven obligadas a migrar.
La libertad de prensa se ve cada vez más restringida en un entorno hostil para quienes buscan exponer estas crisis
En este escenario, la libertad de prensa se vuelve crucial para dar a conocer las condiciones que obligan a las personas a abandonar sus hogares. La capacidad de informar sin restricciones es esencial para entender y evaluar el impacto de la crisis climática en la región. Sin embargo, en estos tres países, además de compartir los embates del cambio climático, comparten la renuencia de las autoridades para facilitar información pública, una situación que limita el ejercicio periodístico.
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EXTRACTIVISMO: GENERADOR DE MIGRACIÓN
Si bien el cambio climático sugiere problemáticas regionales que se comparten, no sólo por el impacto ambiental sino porque los gobiernos no implementan políticas efectivas que aborden tanto la crisis ambiental como las necesidades sociales y económicas de la población, requieren una atención urgente a nivel regional.
En Honduras, el extractivismo, derivado de concesiones fraudulentas, han exacerbado la crisis, que no sólo se reduce a daños ambientales de larga data sino a la criminalización y estigmatización de la defensa del territorio. Esta problemática, ubica a Honduras como uno de los países más violentos –tanto para defensores de derechos humanos como para periodistas—.
Según el último Análisis Global de Front Line Defenders, en 2022 Honduras fue el cuarto país de América y el quinto del mundo con el mayor número de personas defensoras asesinadas, con al menos 17 homicidios registrados. Estas alarmantes cifras, que contrastan con la población relativamente pequeña del país en comparación a otras naciones, convierten a Honduras en uno de los territorios más hostiles para defender los derechos humanos, la tierra, el territorio y el medioambiente.
Marcia Perdomo, quien reporta para Criterio.hn sobre el modelo extractivista y su impacto en los derechos humanos, enfatizó que una gran parte de los problemas que enfrentan las comunidades son generados por esta industria que llega a los territorios, extrae sus riquezas y aporta poco o nada al progreso de las poblaciones, pese a ser impulsado como un modelo de desarrollo.
Entre las últimas investigaciones publicadas por Perdomo destacan ZEDE Próspera, el proyecto anarcocapitalista que se ha adueñado sigilosamente del 3% de isla en el caribe hondureño y el Estado de Honduras compromete patrimonio mundial en favor de petroleras.
Perdomo, señaló que la dinamica que enfrentan las y los pobladores donde se instalan proyectos extractivos es, en primera instancia, la migración interna a los centros urbanos, donde se asientan en zonas vulnerables al impacto de fenómenos naturales.
Al enfrentarse al desempleo y a la imposibilidad de regresar a su tierra, toman la decisión de migrar, principalmente a Estados Unidos –unos buscando mejores condiciones de vida y otros, huyendo de las amenazas por oponerse a los proyectos extractivos.
La periodista de Criterio.hn Marcia Perdomo destaca los desafíos de informar sobre la crisis climática y la explotación de recursos en un país donde la opacidad dificulta la labor periodística
Un ejemplo del daño que ocasionan es el provocado por la minería a cielo abierto en el Parque Nacional Carlos Escaleras, un área protegida vital en Honduras, que ha sufrido graves daños debido a la extracción de óxido de hierro.
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OBSTÁCULOS PARA INFORMAR
Los periodistas en Centroamérica enfrentan múltiples barreras al informar sobre los efectos del cambio climático y la degradación ambiental. A pesar de contar con una Ley de Acceso a la Información Pública, la realidad es que las solicitudes de reserva de información han aumentado, lo que limita el acceso a datos cruciales y atenta contra la libertad de prensa.
Elsa Coronado expuso que pese a existir una Ley de Acceso a la Información Pública en Guatemala, muchas veces las solicitudes son bloqueadas, y que si bien hay esperanzas tras el ascenso al poder ejecutivo de Bernardo Arevalo, es una practica que persiste aún en algunas instituciones gubernamentales.
“Confiamos todavía que las circunstancias puedan cambiar, que se nos abran los espacios para obtener información, que también haya tolerancia de parte de los gobiernos respecto a cualquier cuestionamiento que se haga. Muchas veces ellos esperan que sean noticias solo positivas respecto de lo que hacen, y a casi siete meses del actual gobierno tienen que comprender que nuestro trabajo es poner la mirada sobre lo que a ellos les toca hacer y cumplir”, enfatizó Coronado.
El fotoperiodista Victor Peña apuntó que si bien en administraciones anteriores tuvieron indicios de ocultamiento de información en El Salvador, es con la llegada al poder de Nayib Bukele que se solidificó un bloqueo general de acceso a la información pública.
«Lo que sabemos sobre lo que ejecuta el gobierno, ahora mismo es nada, porque no hay un acceso a la información al que antes podríamos llegar. El gobierno está bajo una lógica, ahora mismo de decir: ‘Creanme, porque es mi plan’, quiere que confiemos en planes que desconocemos», comentó Peña.
Sin información veraz sobre los proyectos extractivistas, la habilidad de la prensa para informar a la ciudadanía es limitada. En ese sentido, Marcia Perdomo, resaltó que, aunque en Honduras esté vigente la Ley de Acceso a la Información Pública, esta no se cumple. “Hemos observado que han escalado las peticiones de reserva de información, dejando a la prensa y a los hondureños en general sin acceso a la información”, recriminó la periodista de Criterio.hn.
Sumado a esto, el periodista que informa sobre temáticas ambientales confronta los intereses del capital extranjero y a empresarios hondureños, entre ellos dueños de corporaciones mediáticas, lo que limita la libertad de prensa y pone en riesgo la integridad y la vida del periodista.
En Honduras, un caso emblemático que remarcó Marcia Perdomo durante su presentación, es la opacidad del gobierno liderado por Xiomara Castro, en la construcción de una cárcel de máxima seguridad con capacidad para 2000 privados de libertad –según las autoridades, se resguardaran principalmente a cabecillas de maras y pandillas y crimen organizado—, dicha construcción será en las Islas del Cisne, un archipiélago ubicado en el Mar Caribe, a unos 250 kilómetros al noroeste de la costa de Honduras, que tiene la categoría de Reserva Marina.
Criterio.hn en reiteradas ocasiones ha solicitado información a través del Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO), respecto al monto destinado para esta construcción que de acuerdo con especialistas en construcciones penitenciarias rondaría los 80 millones de dólares.
La Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos (OACNUDH) ha documentado en su informe sobre la situación de los derechos humanos en Honduras que, en 2023, se registraron 145 ataques contra periodistas y el asesinato de 15 defensores de derechos humanos, entre los cuales se incluyen dos periodistas.
Estas cifras reflejan un entorno extremadamente peligroso para quienes ejercen el periodismo y defienden los derechos fundamentales en el país, evidenciando la creciente violencia y la impunidad que rodean a estos crímenes. La situación se agrava en un contexto donde la libertad de expresión se ve amenazada, lo que limita la capacidad de los medios para informar sobre abusos y violaciones, y pone en riesgo a aquellos que se atreven a alzar la voz en defensa de los derechos humanos y el medio ambiente.
