Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa, Honduras.- De insospechada trascendencia es la resolución con lugar del Ministerio Público al recurso de inconstitucionalidad al decreto que en Consejo de Ministros aprobó el titular del régimen Juan Orlando Hernández Alvarado, PCM-052-19, pues esta se extiende a otras decisiones arbitrarias que violentan la carta Magna en perjuicio de la reforma agraria y del campesinado en general del país.
Así de importantes son los alcances de la resolución del Ministerio Público, que no solo se refiere al PCM que otorga cuatro mil millones de lempiras para que las Fuerzas Armadas de Honduras se hagan cargo del Programa Nacional de Desarrollo Agrícola 2020, y que hoy obliga al Poder Judicial a seguir los pasos que señala la Constitución en esta materia.
Este es un paso positivo porque el sector agrícola ha estado siendo manipulado, desarticulado con leyes impuestas inconstitucionales al antojo del poder ejecutivo. “Y no solo ese PCM-052-19, así lo dice el dictamen”, valoró Rafael Alegría, Coordinador de la organización agraria Vía Campesina.
También existen otros PCM, están el 030, el CBPTM 041, que manda que tierras ejidales, nacionales y fiscales, que son patrimonio nacional y que según la Constitución de la República y las leyes son para fines de reforma agraria, pasen a la gran industria”, destacó Alegría, exdiputado en el periodo (2014-2018) de Libertad y Refundación, (LIBRE).
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Nos da la razón y está bien argumentado, añadió.
El pasado viernes y de forma sorpresiva por inacción en defensa de los intereses de la sociedad, el Ministerio Público declaró con lugar el recurso de inconstitucionalidad contra el decreto PCM-052-2019, que traspasa la gestión del Programa de Desarrollo Agrícola a las Fuerzas Armadas de Honduras, algo que desde un inicio fue rechazado por sectores sociales, populares, empresariales, académicos y de análisis económico.
Queda claro con este dictamen que el PCM-052-19 es incompatible con los artículos 274 y 344 de la Constitución de la República, al entrar en competencia con la institucionalidad creada para el sector agrícola como el Instituto Nacional Agrario, (INA); la Secretaría de Agricultura y Ganadería, (SAG) y el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, (BANADESA).
“Lamentablemente se realiza a un año y un mes de haberlo interpuesto en la Corte Suprema de Justicia, pero resulta que da la razón y la justicia a los campesinos que demandan la reactivación agrícola y contra los abusos del gobierno del Partido Nacional”, precisó Alegría.
El dictamen de la fiscalía fue trasladado a la Sala Constitucional, “y no hay más tiempo que perder y que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie y declare la inconstitucionalidad de los PCM”.
Permaneceremos en presión constante porque los magistrados de la Sala Constitucional tienen un dictamen y un veredicto bien documentado del Ministerio Público, así que tienen que resolver a la mayor brevedad, concluyó el dirigente agrario y ex diputado del partido Libertad y Refundación.
