La subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, asegura que «destrozará» a todos los corruptos que estén dentro de las prisiones.
Por: Daniel Girón
Tegucigalpa. -Procesar judicialmente a los directores y policías del Instituto Nacional Penitenciario (INP) involucrados con las estructuras criminales es la primera vía que el Gobierno debe tomar para iniciar el plan “Solución Contra el Crimen”, consideran analistas abordados por Criterio.hn.
El común denominador de los entrevistados es que, con penalizar a los que hayan cometido delitos en favor del crimen organizado, se sentaría un precedente que muestre los resultados ansiados por la población hondureña, opacada por la anarquía de la inseguridad que permite, por ejemplo, ingresen campantemente en las cárceles armas, celulares y droga.
Esta propuesta es a raíz de las 10 medidas de intervención que anunció, el pasado martes 18 de abril, la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, encargada de combatir el imperio de los privados de libertad en el sistema penitenciario de Honduras.
“Una de las vías para que funcione es separar de la institución a todo aquel policía al que se le compruebe que está coludido al crimen organizado en las cárceles, además que mandaría un mensaje directo a estas mafias que se mueven en las cárceles”, mencionó en una entrevista telefónica el analista Raúl Pineda Alvarado.
Destacó que “esta sería la manera de mandar un mensaje y hacer prevalecer la justicia. Hay que buscar la forma de buscar a los policías culpables, que se enfocaron a cometer este ilícito (…) procesarlos y hacer que paguen por el delito que se les impute”.
Una de las medidas del plan gubernamental es ejecutar la depuración o remoción penitenciaría, por medio de una evaluación profesional, en la cual el director del centro penal demostrará que cumple con los parámetros y requisitos ya establecidos para llevar a cabo la intervención penitenciaria.
Para contrarrestar este mal histórico, planteó, se debe incrementar el salario del policía penitenciario porque, con un bajo salario, aceptan las propuestas del crimen organizado.
“No es complicado meter un arma a los centros penitenciarios a cambio de 25 mil lempiras, lo mismo pasa con la droga”, expresó Pineda Alvarado.
Y el gobierno es consciente de esa situación. En respuesta, la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, reveló a Criterio.hn que la presidenta Xiomara Castro está considerando elevar el salario de los policías y mejorar la calidad de educación penitenciaria para evitar que sean presa fácil de los sobornos del crimen organizado.
Villanueva confesó a Criterio.hn, la noche del pasado lunes, un día antes que anunciara las medidas de intervención, que había sido informada de que al menos unos 150 policías penitenciarios habían renunciado a sus cargos.
La funcionaria aseguró que las medidas a implementarse en el proceso de intervención serán de “mano dura contra aquellos corruptos que estén dentro de las prisiones, haciendo de las suyas. Yo les dije hoy a los policías, los vamos destrozar y se los dije con esas palabras”.
La también médico forense y patóloga adelantó que, como primer pasó, se revisarán los expedientes de quienes han renunciado.
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“MÁS DE LO MISMO”
A criterio de la comisionada policial en condición de retiro, María Luisa Borjas, las medidas de intervención penitenciaria son “más de lo mismo” si no investigan, capturan y procesan a los directores y policías penitenciarios vinculados al crimen organizado en las cárceles del país.
“¿Cómo es posible que inicien una intervención penitenciaria si continúan los mismos policías y directores penitenciarios en las cárceles? (…) esto es más de lo mismo. Así pasó en gobiernos anteriores, pero no tienen las intenciones de hacer una intervención real”, advirtió.
Borjas, mencionó también que muchos policías penitenciarios han llegado hasta alquilar su arma de reglamento a privados de libertad ligados a maras y pandillas a cambio de obtener sobornos. “Este tipo de seguridad debería de estar fuera de la institución y estar pagando su condena por ese delito”.
Otra medida que recalcó es que se deben instalar cámaras de seguridad en los centros penitenciarios de Honduras.
“Son años y años de escuchar que lo harán. Las cámaras de seguridad deben estar en cada rincón de los centros penales, en cada pasillo y en cada puerta. No es posible que pasen los años y todavía no hay cámaras en las cárceles, con un gran presupuesto”, puntualizó.
Vaticinó que “este mal seguirá, por las medidas que son las mismas que se han tomado años atrás y por la corrupción. El presupuesto que se aprueba para el INP se lo gastan en cualquier cuestión, menos para el rubro para el cual fue aprobado”.
De acuerdo con el Portal de Transparencia del INP, en enero de 2023, que es la fecha más actualizada, a la institución se les asignó un poco más de 1,725 millones de lempiras, alrededor de 70 mil dólares.
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HASTA LANZAGRANADAS INGRESABAN A LA CÁRCEL
Borjas recordó que, en 2020, cuando Juan Orlando Hernández era presidente del país, en el centro penal de Támara, en Francisco Morazán, las autoridades decomisaron lanzagranadas, granadas, fusiles AK-47 y droga.
“¿Cómo introducen estos artefactos?, que no vengan a decir que son los familiares porque son grandes. Eso lo hace el policía penitenciario a cambio de sobornos. Esto no es nada nuevo. Por esa corrupción el sistema penitenciario está en precarias condiciones”, cuestionó.
Durante las gestiones de JOH, apodado así por sus iniciales, se le otorgó el poder del INP a las Fuerzas Armadas de Honduras (FF.AA.) para contrarrestar la lucha contra el crimen organizado, pero por su abuso de autoridad, defensores de los derechos humanos exigieron que fueran civiles los que estuvieran a cargo de las cárceles.
Como consecuencia, Castro, que lo prometió en campaña, quitó a los militares de los centros penales y se los entregó a la Policía Nacional, decisión que también ha sido cuestionada por defensores de derechos humanos.
Relacionado al caso, el doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, subrayó que no es conveniente que las autoridades mantengan a los policías, ni militares en las cárceles, por lo que sugiere que los encargados sean civiles orientados en una carrera penitenciaria.
Mejía también mencionó que Honduras debe cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en la que ordena adecuar los centros penales a los estándares internacionales con el fin de evitar situaciones como las que se están viviendo en el presente (reyertas y amotinamientos).
Paradójicamente, tan sólo un día después de que Villanueva anunciara la ruta del plan de intervención, seis privados de libertad resultaron heridos en un amotinamiento que se registró en la cárcel de máxima seguridad El Pozo, ubicada en Ilama, Santa Bárbara, en el extremo noroccidente de Honduras.
