Por: Bismark Echeverría
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Tegucigalpa. La deuda histórica del Estado de Honduras con las víctimas de las desapariciones forzadas sigue siendo una problemática vergonzosa consentida a lo largo de las últimas décadas.
Cercano a la fecha del Día Nacional del Detenido y Desaparecido, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), desarrolló el conversatorio virtual sobre las desapariciones forzadas en Honduras analizando en compañía de expertos en la materia, la acumulación de la impunidad sobre la práctica de los delitos de lesa humanidad que siguen sin cesar.
La coordinadora del COFADEH, Berta Oliva, reflexionó sobre la problemática anotando que, pese a la cantidad de años transcurridos desde la década de 1980, periodo en que las ejecuciones extrajudiciales alcanzaron una magnitud escalofriante, el Estado de Honduras no ha tenido la valentía ni la madurez para abordar con justicia esa práctica inhumana.
La debilidad de las autoridades hondureñas para procesar un tema, sobre el cual muchos de países de la región latinoamericana han ido avanzado progresivamente, ha sido realmente negligente.
Porque “hemos tenido que crear un espacio de seguimiento de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para estarle recordando al Estado de Honduras cumpla con sus compromisos”, explicó la coordinadora del COFADEH.
A la impunidad que envuelve los crímenes de lesa humanidad, se suma la inexistente aplicación de una política gubernamental sobre el sentido de la memoria histórica. De parte del Estado hondureño, no ha existido una verdadera intención para cultivar entre la ciudadanía, la conciencia sobre el valor de la memoria histórica en el sentido que los hechos no vuelvan a cometerse, apuntó Oliva.
Como un agravante al problema, la defensora recordó que en la actualidad las desapariciones forzadas siguen perpetuándose en contra de la ciudadanía. Durante los meses de la pandemia, donde únicamente el personal sanitario y las distintas instituciones de seguridad estatal han gozado del derecho a libre movilidad, “incomprensiblemente” se han registrado 12 personas desaparecidas, denunció.
Y Oliva cuestionó que, en el proceso de acompañamiento a los familiares, las autoridades hondureñas se han limitado a responder con excusas “penosas”, puesto que según las autoridades, “la desaparición no se constituye como figura hasta que no haya un órgano de investigación que diga que es desaparecido”, lamentó.
Sobre lo anterior, en su intervención el secretario Regional de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación (REL-UITA), Gerardo Iglesias, anotó el golpe que ha sufrido “la situación de derechos humanas que ya venía muy compleja”.
Mientras que la representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, Isabel Albaladejo, presente en el desarrollo del conversatorio, examinó que para el caso de Honduras “la desaparición forzada se caracteriza por tener un elevado nivel de subregistro”.
“En primer lugar porque muchas veces las víctimas no registran por el temor y miedo a represalias. Y en segundo lugar porque las instituciones no registran ni tipificaban como desaparición forzada sino con otras figurar como ejecución extrajudicial, lo cual no permite un adecuado registro de los casos”, analizó.
Y “lamentable, 27 años después todavía sigue siendo una deuda del país para con las víctimas y la sociedad en la promoción de la verdad, de la memoria, de la justicia, de la reparación y de las garantías de no repetición”, añadió.
El pasado 18 de julio, en horas de la mañana cinco líderes de la etnia garífuna en Honduras, fueron raptados en la comunidad de Triunfo de la Cruz en la Ceiba, departamento de Atlántida. A más de un mes del suceso, organizaciones de derechos humanos siguen exigiendo cuentas al Estado sobre el paradero de los garífunas.
Sobre ese caso en específico, el relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, las justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Fabián Salvioli, lamentó que a día de hoy la sociedad hondureña siga adoleciendo de las consecuencias de la desaparición forzada.
“Independientemente de que esas prácticas tengan esencia del Estado o simplemente el Estado falte a su debida diligencia”, añadió el experto de la ONU para quien el tema de la desaparición forzada sigue siendo un asunto pendiente de resolver.
Precisamente porque “es un crimen continuo que se sigue cometiendo ahora mismo, por ende, la primera obligación del Estado es abordar la investigación porque el Estado no puede renunciar a ese deber”, sentenció.
