Por: Redacción CRITERIO.HN
Tegucigalpa.-La galopante corrupción, que no ha dado tregua en momentos de la pandemia y que por el contrario ha sido aprovecha por funcionarios públicos para dilapidar los recursos del Estado, se mantendrá incólume por los altos niveles de impunidad y que están enquistados en las instituciones del Estado, vaticinan en Honduras.
A raíz de la proliferación de la Covid-19 en el mundo, el gobierno de Honduras declaró estado de emergencia en el sistema sanitario desde el 10 de febrero pasado y desde ese fecha el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo han aprobado al menos 100 mil millones de lempiras para destinarlos en compras y contrataciones directas, supuestamente para contrarrestar la pandemia, sin embargo, las millonarias sumas de dinero no se han traducido, ni el fortalecimiento del sistema sanitario ni en el control de la enfermedad.
La emergencia sanitaria ha sido salpicada por actos de corrupción que van desde compras sobrevalorados y hasta la adquisición de insumos y equipos médicos y de bioseguridad en mal estado y vencidos, lo que ha provocado la indignación de la ciudadanía, que ha comenzado a reclamar el destino de los fondos y los actos de corrupción que hasta el momento se mantienen en la impunidad.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), organismo que en sus últimos informes ha denunciado la supuesta corrupción desatada en el manejo de los recursos aprobados para el combate de la pandemia, hizo visible en las últimas horas su reclamo mediante la campaña ¿Dónde está el Dinero?, al iniciar una operación para pintar esa frase, en los vehículos, autorizados por sus propietarios.
La leyenda se hizo viral en las redes sociales, el domingo 9 de agosto, luego que un grupo de ciudadanos indignados por el robo de los recursos destinados a combatir la pandemia, plasmaran un imponente letrero con pintura blanca en el puente, Fe y Esperanza, del bulevar Suyapa, a inmediaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) de Tegucigalpa.
A manera de protesta pacífica la leyenda fue replicada en diferentes regiones del país causando malestar en las autoridades que a todas luces buscaron desaparecerla.
Por tal razón, el CNA, ha tomado a bien apoyar a la ciudadanía que exige y que tiene derecho a saber ¿Dónde está el Dinero?, porque en este momento son muchos los trabajadores de la salud y de otras instituciones que trabajan en la primera línea del combate de la enfermedad que reclaman el pago de sus salarios retrasados, la dotación insumos de bioseguridad y el equipo necesario para realizar su trabajo.
Desde ayer martes jóvenes y empleados del Consejo Nacional Anticorrupción, se apostaron frente a las oficinas del CNA, en Tegucigalpa y comenzaron a pintar la leyenda en los vehículos que, para tal fin, fueron llevados por sus propietarios.
La acción continuará por el resto de esta semana en la capital y aunque la idea es que la leyenda se replique en toda Honduras, hasta ahora el CNA no ha determinado hacer la campaña en otras regiones.
Y es que la pregunta surge, luego que el CNA y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), revelaran en sus informes que los encargados de realizar las compras de equipos y materiales necesarios para atender a los pacientes de Covid-19, sobrevaloraron el precio de los productos y que las diferencias eran millonarias, entre el precio real y el valor de facturación.
A la fecha, la leyenda, “¿Dónde está el Dinero? #Honduras lo Exige”, ya no solo se replica en las calles de Honduras, sino también, en las prendas de vestir, como en gorras y camisetas, stikers y otros productos.
La exigencia ciudadana es tan grande, que solo podría compararse con el reclamo surgido en el año 2015 cuando miles de hondureños salieron a las calles y marcharon con antorchas exigiendo justicia por el saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). La diferencia ahora es que, debido a la pandemia por la Covid-19 y el miedo a adquirir la enfermedad, no hacen posible la organización de movilizaciones sociales.
La población espera que haya justicia
Para el abogado, Mario Díaz, coordinador de los Tribunales de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, todos los hechos denunciados, y que son colindantes con la corrupción pública, deberían ser investigados por los entes del Estado, como el Ministerio Público y los demás que hacen trabajo de investigación para efectos de poder determinar responsabilidades civiles, penales y administrativas y que puedan ser deducibles por el mal manejo y la autorización del manejo inadecuado de recursos públicos, destinados al combate de la crisis y que presuntamente no se utilizaron bien.
La Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición Cuentas de Fondos Públicos, aprobada en octubre del año pasado, establece que antes de una investigación por parte del Ministerio Público debe existir un informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
La referida ley es parte de los pactos de impunidad aprobados por el oficialismo en el Congreso Nacional, que además limita la acción de juzgamiento que, por mandato constitucional, le corresponde al Poder Judicial y otorga dicha facultad al TSC, frenando de esta manera las atribuciones investigativas y la lucha contra la corrupción.
Las aberraciones jurídicas establecidas en la ley facultan también al TSC para conocer de manera exclusiva sobre el delito de enriquecimiento ilícito, lo que imposibilita al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal pública en delitos relacionados con el uso y aprovechamiento indebido de recursos públicos como la malversación de caudales públicos y otros vinculados con la corrupción de los funcionarios.
Ante dicho escenario el abogado Díaz sostiene que la facultad investigativa del Ministerio Público no debe ser limitada de ninguna manera porque esta entidad, independientemente de cualquier situación que pudiera echar adelante el Tribunal Superior de Cuentas, está en la obligación de investigar a profundidad, ¿qué es lo que ha estado sucediendo?, para que en el momento que considere oportuno y que vea que han habido malos manejos de recursos, interponga las denuncias correspondientes y se judicialicen los casos, siempre y cuando estén bien sustentados para que no queden en la impunidad.
“No existe desde mi punto de vista, limitante para el Ministerio Público pueda investigar los casos que se han denunciado y que son del conocimiento de la opinión pública”, expresó Díaz y agregó que la gente lo que debe esperar es que el Ministerio Público pueda sustentar todas sus acciones, que se puedan presentar los requerimientos fiscales que sean necesarios y que el curso de la justicia haga su trabajo.
No habrá castigo para los corruptos
Por su parte el coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) y director de investigaciones de la Asociación para una Sociedad más Justa, Lester Ramírez, se muestra más realista en su apreciación con relación al robo de los recursos destinados para el manejo de la pandemia y asegura que no habrá justicia porque Honduras se encuentra inmerso en un sistema corrupto.
Ramírez dijo que la expectativa de la población era que el gobierno manejara esos recursos pensando en el dolor humano y que los corruptos tuvieran compasión, “pero los corruptos están insertos en un sistema corrupto y ese sistema corrupto los obliga a comportarse de manera corrupta porque si no son marginados y excluidos”, señaló.
Reiteró que la población esperaba que en este momento los funcionarios no cometieran actos de corrupción, pero que la situación es parecida a la del huracán Mitch, cuando todos pensaban que no iba a haber corrupción, que el país se iba a arreglar y que el gobierno iba a ayudar a los damnificados. Sin embargo, lo que vino fue más corrupción, cuestionó.
Recordó que en aquel tiempo la corrupción implementó el proceso de descentralización para llevar a los municipios los proyectos de reconstrucción que dieron beneficio, pero también acrecentó la corrupción.
“Y aquí están siguiendo el mismo patrón, si usted se fija, pensábamos de una manera ingenua que iba a haber menos corrupción, pero el sistema es corrupto y ahora lo están llevando al área descentralizada y los municipios están manejando dinero del Covid y esto bajo un contexto del proceso electoral que ya se avizora va a incrementar aún más la compra de votos”, reflexionó Lester Ramírez.
Para él, la pobreza y el hambre van a ser el caldo de cultivo de la corrupción y vaticina que por el robo de los recursos de la pandemia no habrá justicia, porque el modelo de un estado basado en la cleptocracia es el poder del que roba y que para que ese modelo funcione, se tienen que controlar las instituciones de justicia.
Insistió que no habrá justicia, porque la impunidad ya se está dando con los hospitales móviles, que nadie hace nada, mientras que el responsable de la compra sigue tranquilo en su casa.
