Ilegalidad sigue vigente con nuevas reformas al Código Penal

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) a través del Observatorio de Política Criminal Anticorrupción (OPCA), ha exteriorizado su preocupación por las constantes arbitrariedades que se efectúan en el Poder Legislativo como síntoma de la pérdida de garantías ciudadanas, la disminución total del Estado de derecho y la falta de democracia en la nación.

Señala además, que el nuevo Código Penal en la actualidad se encuentra en vacatio legis o vacación de la ley, mismo que pretenden poner en vigencia el próximo 10 de mayo del presente año, es una herramienta que a todas luces beneficia y blinda a los corruptos que hoy se configuran en una triada compuesta por un grupo del sector público, privado y crimen organizado.

En un comunicado emitido este lunes, el CNA ha manifestado que la mayoría de los parlamentarios en el afán de sus intereses personales y no al de la mayoría de la ciudadanía, han desnaturalizado la figura de la vacatio legis utilizándola para fines no comprendidos en el ordenamiento jurídico nacional e internacional, pues la única finalidad y naturaleza del descanso es promover la seguridad jurídica en el Estado, más no, una modificación, alteración o reforma a la norma, como por ejemplo lo ocurrido con los artículos 28 y 153, representando con esto una ilegalidad.

También señalan que el Poder Legislativo, ha venido cometiendo un sinnúmero de abusos, violentando la seguridad jurídica del Estado, el debido proceso y el principio de la legalidad al derogar artículos del nuevo Código Penal de la Impunidad sin que el mismo haya entrado en vigencia y sin que forme parte de nuestro ordenamiento jurídico, constituyéndose, por lo tanto, en una herejía jurídica.

Agrega que cierto grupo de la cámara legislativa justificó estas reformas con la importancia de la ampliación del periodo a seis meses más, para que el sistema de justicia penal pudiese introducir mecanismos de capacitación y difusión de esta normativa jurídica en todo el territorio nacional aspectos que hasta la fecha han permanecido ausentes.

Finalmente, más de 35 organizaciones de sociedad civil y un importante sector de la ciudadanía exigen la construcción de una norma que se ajuste a la realidad de Honduras, y además la no entrada en vigencia de esta ley, puesto que significa un gran debilitamiento para el sistema operador de justicia civil y penal, así como un colosal retroceso para el combate a la corrupción ya que los corruptos han convertido al país en un reino de la impunidad.