Por: Adrienne Pine/Criterio.hn
El 10 de mayo, Fox News sacó un reportaje[1] desde la frontera Texas-México, en el cual promulgó varias narrativas contradictorias. Se trataba del cruce, por el Río Bravo, de más de 50 migrantes venezolanos supuestamente víctimas de la “dictadura” del presidente Nicolás Maduro. Las mismas cámaras de Fox, tanto como sus entrevistas con los recién llegados muestran la diferencia enorme entre ese grupo y la inmensa mayoría de inmigrantes, principalmente proveniente del Triángulo Norte de Centroamérica y de México, que intentan cruzar la frontera México-Estados Unidos de América –EE. UU.–. A diferencia de la mayoría de inmigrantes que pasan por Texas, por ejemplo, quienes suelen haber caminado por días con la misma ropa y sin ningún tipo de equipaje más allá de agua (con suerte) o una mochila sucia por el viaje, este grupo llegó bien duchado y peinado, con ropa y maletas limpias, y al parecer bien alimentados. El reportero relató que miembros del grupo viajaron primero a Colombia, luego contrataron un avión para llevarlos a México, y después tomaron un autobús hasta la frontera. Tal vez al haber contratado un avión privado, pudieron evitar los retenes omnipresentes a pocos kilómetros de la frontera norte de México implementados para prohibir el paso de migrantes, o tal vez fue con una mordida formidable que lograron pasar donde no hay paso para migrantes de menos recursos. Asimismo, su acogida casi calurosa por los agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) contrasta notablemente con la violencia que sufren la mayoría de migrantes de países amigos de los Estados Unidos a manos de los agentes migratorios.
Dos semanas después, el Daily Caller, medio de comunicación de tendencia de ultraderecha fundado por Tucker Carlson de Fox News, publicó[2] un vídeo de una anciana venezolana caminando con la ayuda de un agente de migración, hablándole con respeto, después de llegar al lado estadounidense del Río Bravo. Una imagen de un joven venezolano cargando la misma anciana cruzando el río momentos antes se hizo viral en las redes. El joven fue descrito[3] en la prensa como otro venezolano escapando por esa vía peligrosa de la violencia de su país de nacimiento, pero el mismo día de la publicación de la foto fue identificado[4] por sus compañeros de colegio como un tal César Padrón, que según sus medios sociales ya ha viajado por avión en varias oportunidades a Miami, donde presume[5] vivir una vida de lujo.
Los eventos mediáticos, que vienen como antesala a la Conferencia Internacional de Donantes en Solidaridad con Refugiados y Migrantes Venezolanos[6] (promovido acá por la “embajada” en Canadá afiliada con el autoproclamado pero impotente “presidente” de Venezuela Juan Guaidó) que tendrá lugar en Canadá el 17 de junio, fueron utilizados por Fox y otros medios para revindicar dos teorías. Con respecto a la primera, alegan que el presidente Biden (“Open Borders Biden” según varios medios) tiene una política de fronteras abiertas, denuncia irónica al tomar en cuenta que ha defendido el uso del Título 42, utilizando la pandemia como pretexto para deportar a migrantes que intentan ejercer su derecho de pedir asilo (deportando[7] durante el primer mes de su presidencia más haitianos que durante todo el año 2020, por ejemplo). De igual manera, siguiendo la línea de Trump, Biden sólo envió 2.7 millones de dosis de Astrazeneca a AMLO con la promesa[8] que el gobierno mexicano apoyaría la política de deportación al norte de su país de los migrantes que intentaban ejercer su derecho internacional de pedir asilo en los EE. UU. En relación al segundo argumento de los medios es que los migrantes venezolanos que llegan al Río Bravo están huyendo del socialismo, lo cual es mostrado como un sinónimo de dictadura.
Al analizar las noticias sobre la migración a Estados Unidos, encontramos que es necesario abordar los problemas graves en el marco teórico hegemónico que se usa para hablar sobre migrantes, y la supuesta diferencia entre refugiados y migrantes económicos. Esta distinción retórica es muy importante dentro del marco actual, porque puede legitimar o no el migrante, o una clase de migrantes, a la hora de pedir asilo. Pero también puede ser utilizado en los medios masivos, en los discursos de políticos, en las cortes de asilo y en espacios ONGistas y humanitarios[9] para apoyar o para demonizar a los gobiernos nacionales de los países de origen de migrantes. El problema con este marco, como destacamos con la Dra. Siobhán McGuirk en nuestro libro recién publicado Asilo a la Venta[10], es que es una distinción falsa. Las olas migratorias de esta época no se deben principalmente a los Estados represivos –aunque muchos Estados sí lo son– ni a la falta de empleos o recursos económicos a nivel del país de origen –aunque empleos y recursos sí faltan en el Sur global– sino al imperialismo capitalista, con sede en Washington.
Entre otras cosas, los hondureños han sobrevivido la violencia de las políticas de “cero tolerancia”[11] y “mano dura” exportado por Rudy Giuliani como consultor internacional (antes de volverse la mano derecha de Trump). Han enfrentado la privatización neoliberal antes y después del golpe de Estado de 2009; y han sufrido[12] la violencia de la policía y el ejército hondureño, ambos financiados por el gobierno de los Estados Unidos, reprimiendo a su pueblo al servicio de tres gobiernos (Micheletti, Lobo y Hernández) avalados e impuestos cuatro veces por el Departamento de Estado de los EE. UU. sin haber ganado legítimamente elecciones presidenciales.
A pesar del hecho comprobado[13] en las mismas cortes federales de los Estados Unidos que el presidente actual del país, Juan Orlando Hernández, es un narcodictador[14], es muy difícil para los hondureños que huyen de su dictadura obtener asilo en los Estados Unidos. Según un estudio[15] realizado por investigadores de Syracuse University, en el 2020, sólo el 12.7 % de peticiones de asilo (incluyendo casos positivos de retención de remoción y alivio en virtud de la Convención Contra la Tortura) de hondureños fueron aprobados a nivel nacional en las cortes federales de inmigración en los Estados Unidos, menos que cualquier otro país. Ese mismo año, en comparación, se otorgó el asilo al 54.3 % de los venezolanos que lo solicitaron en las cortes federales, así que la probabilidad de recibir asilo fue más de cuatro veces más alta para un venezolano o venezolana que para un hondureño u hondureña, y casi el doble del promedio de los solicitantes procedentes de todos los países del mundo combinados (28.4 %). Y en el 2019, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), solicitantes venezolanos ganaron más casos[16] de asilo afirmativo que solicitantes de cualquier otro país del mundo, el 22.9 % de todos los casos aprobados, mientras los hondureños apenas alcanzaron el 1.9 % de ese mismo denominador. El asilo afirmativo es un proceso presidido por Oficiales de Asilo, no por jueces de corte de inmigración bajo amenaza de deportación, y comparado con el asilo defensivo, es mucho más accesible para personas que entran al país con visa estadounidense y dinero para contratar un buen abogado.
Se mantienen dos discursos distintos acerca del origen del éxodo hondureño de la última década: uno, de los Republicanos, se trata de la criminalización cultural de la población. El otro, de los Demócratas, enfoca el problema en la supuesta “corrupción” del gobierno hondureño. Sería más honesto llamarle golpismo o fascismo neoliberal[17] pero el gobierno de Estados Unidos prefiere calificarlo como corrupción porque se supone que ésta se resuelve con reformas liberales (financiadas[18] por el mismo gobierno estadounidense). Pero al final como el gobierno de Honduras es impuesto por el gobierno estadounidense, y como el país entero funciona como una enorme base militar para el Comando Sur[i], las cúpulas de ambos partidos políticos dentro del bipartidismo estadounidense están de acuerdo que la solución es alguna versión de la Alianza Para la Prosperidad[19] implementado por Biden como vicepresidente (tomando como modelo el Plan Colombia[20]), requiere fortalecer aún más el gobierno de Hernández, con inversiones masivas de fondos públicos estadounidenses en la militarización privatizada, mal llamada “seguridad”; en la externalización de la frontera estadounidense; y en los proyectos masivos extractivistas, mal llamados “desarrollo”, manejados por corporaciones extranjeras, quienes se lucran de estos proyectos que a su vez desplazan y asesinan a residentes de comunidades locales.
Se atribuye a Franklin Delano Roosevelt la frase “es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”, refiriéndose a Anastasio Somoza. Sea o no este el origen del dicho, es evidente que Juan Orlando Hernández es nuestro hijo de puta. Protege los intereses del imperio en Honduras. Así que los hondureños que huyen de la dictadura de Hernández, realmente huyen del imperio gringo que ha empobrecido a la población y que ha creado condiciones de violencia diaria insoportables, en particular desde que el gobierno de Obama y su Departamento de Estado presidido por Hillary Clinton, apoyó[21] el golpe de Estado del 28 de junio del 2009 en contra del último presidente democráticamente electo de Honduras, Mel Zelaya, después que Zelaya compró petróleo de Petrocaribe y sostuvo relaciones bilaterales amigables con su homólogo venezolano, Hugo Chávez.
De igual forma, si nos apartamos de la tesis miope que el marco ideal para analizar la emigración está dentro del Estado de origen, reconocemos que la gran mayoría de los venezolanos que emigran lo hacen por la misma razón que los hondureños: son expulsados de sus comunidades, de sus hogares y de sus tierras por la violencia salvaje del capitalismo imperialista. En el caso de Venezuela, el mecanismo de la expulsión de ciudadanos es distinto. Washington (y acá se incluye a la Organización de Estados Americanos), ya que no tiene un presidente que toma órdenes desde su embajada (que actualmente promueve el cambio de régimen[22] virtualmente), ha impulsado una guerra híbrida con el fin de dar un golpe al gobierno bolivariano.
Según Alena Douhan, relatora especial para las Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, el bloqueo ha dejado al gobierno venezolano con apenas 1 %[23] de su presupuesto comparado con el presupuesto que tenía anteriormente a la implementación de las medidas coercitivas. El gobierno estadounidense y sus poderosos aliados no sólo han quitado miles de millones de dólares perteneciente al pueblo venezolano, sino que han financiado a la oposición neoliberal, extremadamente violenta, provocando vulnerabilidad y precariedad para los ciudadanos de Venezuela, que aún así en promedio gozan de condiciones mucho mejores que los hondureños.
Pero en Washington, se niega esa realidad. Según ambos partidos políticos, no son las medidas coercitivas[24], ni el intento de golpe[25] coordinado por el Departamento de Estado, ni los drones[26], ni las guarimbas[27] racistas y asesinas, ni los mercenarios[28], sino el gobierno nacional, democráticamente electo, de Venezuela el que tiene la culpa de la crisis. Y ya que la lógica hegemónica de la migración nos dice que la gente huye de los Estados, y no de la violencia del imperio, pocos se oponen.
Y ¿cómo se refleja esta concepción en la política migratoria hacia países amigos y enemigos de Washington? Ya se ha notado el hecho de que, en las cortes de asilo, el porcentaje de casos de asilo de venezolanos que son aprobados es más del doble que para solicitantes del resto del mundo, y cuatro veces mayor que el porcentaje de casos aprobados para hondureños, quienes huyen de un Estado ocupado militarmente por los Estados Unidos. La política de asilo que favorece a los venezolanos es muy parecida a la política preferencial de “pies secos, pies mojados” implementado por el presidente Bill Clinton, que durante muchos años se aplicó para otorgar residencia a cualquier cubano que llegaba a las playas de Miami. Los discursos ideológicos imperialistas alimentan las cifras que favorecen a migrantes cuyos países de origen son enemigos estatales de los Estados Unidos, y estas cifras, a su vez, confirman ideológicamente la tesis de que los proyectos socialistas son necesariamente dictatoriales y que, por tanto, producen refugiados.
Cabe destacar que los venezolanos que emigran a raíz del esta violencia capitalista y que tienen los recursos para hacerlo (incluyendo dinero, pasaportes y avales) contratan vuelos privados hasta el Río Bravo para recibir la bienvenida del CBP y sus parientes en Miami o Texas, mientras los venezolanos con menos recursos que se han visto obligados a salir de su país se han quedado[29] principalmente en países vecinos, donde sufren discriminación y violencia. Y en los EE. UU., los venezolanos que se oponen a la política intervencionista no son bienvenidos[30] bajo las lógicas detrás de las políticas preferenciales que benefician sus compatriotas en las cortes de asilo. No se puede pedir asilo en los EE. UU. dando como motivo la necesidad de escapar de la violencia imperialista de los EE. UU. en Venezuela.
Otro ejemplo importante de la implementación de políticas migratorias pro-imperialistas y de cambio de régimen es el del Estatus de Protección Temporal –TPS–. El TPS, se designa a nivel federal en casos excepcionales considerados por el gobierno estadounidense como crisis, a ciertas clases de inmigrantes de ciertos países. Estos inmigrantes, a su vez, tienen que aplicar cada cierto tiempo (depende del país y del año) para renovar su estatus, y sólo son elegibles bajo condiciones restringidas, por ejemplo, si no tienen antecedentes criminales, y si han vivido continuamente en el país que otorga el TPS desde la fecha designada por cada país de origen. El TPS, para quienes lo reciben, da permiso para quedarse y para trabajar en el país que lo otorga, siempre mientras sigue vigente la designación a nivel nacional del TPS para el país de destino y para el evento o situación particular por el cual fue designado.
El presidente Trump intentó poner fin al TPS que habían dispuesto para muchos países, incluyendo a Honduras, pero su esfuerzo quedó estancado[31] en las cortes, así que hoy día todavía está vigente el TPS para los hondureños. Pero decir esto engaña. El TPS que existe para los hondureños no está dirigido a los que huyeron del golpe ni a los que huyeron de la violencia de la dictadura actual, ni siquiera a los que huyeron de los escuadrones de la muerte implementando por las políticas importadas de Rudy Giuliani a principios del milenio. Para poder recibir el TPS como hondureño en los Estados Unidos, el solicitante tiene que haber entrado[32] al país antes del 31 de diciembre del año 1998, es decir, después del huracán Mitch.
Caso distinto es el otorgado para Venezuela el 9 de marzo del 2021, donde el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE por sus siglas en inglés) justificó esta política mediante el siguiente[33] argumento:
Actualmente Venezuela se enfrenta a una emergencia humanitaria grave. Bajo la influencia de Nicolás Maduro, el país “ha estado en medio de una crisis económica y política severa durante varios años.” La crisis de Venezuela se ha marcado por un rango amplio de factores, incluso: la contracción económica, la inflación y la hiperinflación, la pobreza encrudecida, altos niveles de desempleo, acceso reducido y escasez a alimentos y medicina, un sistema médico debilitado, el regreso o aumento de incidencia de ciertas enfermedades contagiosas, un colapso en servicios básicos; escasez de agua, electricidad, y petróleo; polarización política, tensiones institucionales y políticas, abusos de derechos humanos y represión, violencia y crimen, corrupción, un aumento en la movilidad humana y en el desplazamiento, incluyendo la migración interna, emigración, y migrantes retornados; y el impacto del COVID-19, entre otros factores.
No todo lo que se alega, dentro de la declaración de ICE sobre el otorgamiento de TPS para los venezolanos, se debe a la guerra híbrida, sin embargo, la mayor parte tiene relación con aquella. Un estudio publicado en abril de 2019 por el reconocido Centro para la Investigación Económica y Política (CEPR por sus siglas en inglés), demuestra que las medidas coercitivas habían provocado más de 40 mil muertes excesivas en la población venezolana entre 2017 y 2018 y que habían agravado de forma radical también la morbilidad y la pobreza. Y a pesar de la guerra económica en su contra, gracias a la prioridad que el gobierno venezolano da a la salud pública, durante toda la pandemia los índices de infección y de mortalidad han sido mucho más bajos que en los países vecinos, ni hablar de los Estados Unidos. Y precisamente, ésta fue una de las razones por la cual muchos venezolanos que estaban viviendo en el exterior retornaron al país durante la pandemia. Tampoco es coherente colocar como justificación para el TPS las presuntas violaciones a derechos humanos en Venezuela, ya que con este argumento se debería haber otorgado un TPS, por ejemplo, a países vecinos como Colombia[34] y Brasil[35], donde las violaciones a los derechos humanos han sido de carácter sistemático, sin embargo ninguno de los dos ha sido designados para TPS en los EUA por esta razón). Por supuesto cuando el país que más viola los derechos humanos, incluso hacia sus propios ciudadanos[36], se sitúa como juez y salvador de países enemigos, su hipocresía no es ingenua, sino que viene siendo una herramienta ideológica para justificar su política exterior.
Cuando se analizan las bases argumentativas sobre las que se basa el otorgamiento de los TPS para ciudadanos de países considerados por el gobierno de EE. UU. como enemigos, del imperio junto al hecho de que “No” se otorga el TPS para ciudadanos de países amigos que están en plena crisis también provocada por el mismo imperio, evidencia que esta política no es más que otra estrategia que busca el cambio de régimen. Es precisamente por eso que el gobierno de Biden ha abogado tanto para que los demás países sudamericanos también otorguen el TPS a los migrantes venezolanos, a pesar de que muchos de estos mismos países sufren crisis considerablemente más graves[37] que Venezuela.
El TPS es una de las pocas formas que por el momento permite la movilidad a muchas personas, y el derecho a la movilidad, tanto como el derecho a no emigrar, que deben ser universales. Algunos emigrantes, por ejemplo, venezolanos que cuentan con recursos económicos, aun en sus momentos de crisis y sufrimiento, gozan de más opciones (y menos peligro) de movilidad comparados con sus compatriotas más humildes o con emigrantes del Triángulo Norte de Centroamérica o de México. Sin embargo, los medios estadounidenses dramatizan con poca honestidad el sufrimiento de los migrantes anteriores mientras invisibilizan a los últimos, para fortalecer la lógica de las mismas políticas capitalistas procedentes de Washington que obligan a las personas a emigrar.
Para finalizar, si caemos en la lógica que distingue a los migrantes por un lado como refugiados y migrantes forzados, si vienen de países cuyos gobiernos son identificados como enemigos del imperio capitalista, y por otro lado cuando vienen de países amigos, como migrantes económicos y víctimas de culturas defectuosas en busca del sueño americano con solicitudes de asilo poco creíbles, fortalecemos la misma violencia imperialista que expulsa a todos aquellos migrantes que salen con pesadumbre de sus comunidades, por falta de opciones.
Ver publicación original: https://www.argosob.org/es/report/huyendo-capitalismo/?fbclid=IwAR17Mu9_TdzMssodLFida04IHP032jPuJR5MkkGcHt-YHaKT1_peSbuubug
