“Cualquier CICIH necesitará un Ministerio Público elegido bajos criterios de transparencia y meritocracia no solo de la Junta Proponente sino también del Congreso Nacional” Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW.
Tegucigalpa, Honduras. – La organización Human Rights Watch (HRW), refirió que en Honduras es urgente agilizar la selección del fiscal general y fiscal adjunto del Ministerio Público, proceso que ya inició la Junta Proponente, pero que a criterio de la organización internacional es “muy lento”.
“Honduras necesita un nuevo fiscal, quienes han venido afirmando que quizá el proceso se puede quedar en interinidad, desconoce que el actual fiscal fue elegido bajo un proceso que desconoció las reglas constitucionales en Honduras, y eso hoy no permite que sea posible avanzar de manera imparcial en la lucha contra la corrupción”, señaló Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW.
Además, Juanita Goebertus advirtió que la llegada de expertos de la ONU para la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) y la selección del fiscal general “es una prueba de fuego”.
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INSTALACIÓN DE LA CICIH REQUIERE UN MP TRANSPARENTE E INDEPENDIENTE
Honduras recién acaba de iniciar el proceso de elección del fiscal general y fiscal adjunto del Ministerio Público, un proceso que se desarrollará bajo los parámetros expuestos por la Junta Proponente.
Con estos parámetros, la selección de los titulares del Ministerio Público seguirá el mismo proceso para la selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), –incluso las cuotas de poder que se disputan los diferentes partidos políticos—.
Analistas y organismos internacionales, son de la opinión que estas reparticiones limitan la total independencia del MP para lograr las investigaciones sobre todo en materia de corrupción.
En ese sentido, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés), en un comunicado publicado el 1 de junio señaló que “La autonomía e independencia del Ministerio Público es esencial para garantizar el acceso a la justicia y hacer frente a la impunidad estructural que enfrenta Honduras”.
Para Santiago Menna, asistente de investigación de la División de las Américas, se requiere “voluntad política” para avanzar en la lucha contra la corrupción y además para lograr la instalación de la CICIH con un MP totalmente independiente.
Sin embargo, esta independencia está lejos de cumplirse, debido a que, después de largas reuniones en el Congreso Nacional durante la elección de la nueva CSJ, se firmó un acuerdo entre el Partido Libertad y Refundación (Libre), Partido Nacional y Partido Liberal, en el cual se incluyó la reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Ante este panorama y la cuestionada selección del actual fiscal general Oscar Chinchilla, la directora de la HWR para las Américas expresó “cualquier CICH necesitará un Ministerio Público elegido bajo criterios de transparencia y meritocracia no sólo de la Junta Proponente sino también del Congreso Nacional”.
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SISTEMA JUDICIAL INDEPENDIENTE
El informe elaborado por la Human Rights Watch, expresa que la Corte Suprema es una institución clave en la lucha contra la corrupción, porque ejerce competencia respecto de casos en los que están implicados miembros del Congreso Nacional y otros altos funcionarios públicos, como el caso Pandora, Arca Abierta, Hospitales Móviles, La hidroeléctrica sobre el rio Gualcarque, proyectos que significaron actos de corrupción que no sólo atentó contra las arcas del Estado sino que violentó los derechos y arrebató la vida a cientos de hondureños.
Sin embargo, la HWR recalca que, “durante años, la Corte Suprema de Justicia ha carecido de independencia y ha dictado sentencias que favorecen los intereses de quienes han detentado el poder”.
Ante esto, basta con hacer memoria y recordar los señalamientos de la CSJ encabezada por Rolando Argueta, fuertemente cuestionado por tener vínculos con el expresidente Juan Orlando Hernández –preso Nueva York por delitos de narcotráfico—, además Argueta no cumplía los requisitos para ser nombrado como magistrado ni mucho menos como presidente de la CSJ.
En ese sentido, Juanita Goebertus, lamentó “Honduras está tristemente lejos de tener una rama judicial independiente”.
Como resultado del análisis del panorama judicial para combatir la corrupción en Honduras, la HRW estableció una serie de recomendaciones para lograr el fortalecimiento y la independencia del sistema judicial, como la creación del Consejo de la Judicatura y que este a su vez sea independiente; el establecimiento de un sistema de la Carrera Judicial con el cual se evitará la discrecionalidad en la forma de cómo se designan jueces en casos concretos, cómo se trasladan, cómo se ascienden al siguiente rango, y cómo se suspenden o no en ciertas ocasiones cuando se abren causas disciplinarias frente a los jueces.
Además, la organización internacional hizo hincapié que hay un alto número de jueces que no están todavía propiamente ejerciendo su cargo y esto los vuelve vulnerables a las presiones externas, y en particular a las presiones por parte del gobierno.
También la HRW instó al Congreso Nacional que apruebe una ley que refuerce la independencia del poder judicial, de conformidad con las normas internacionales.
