Organizaciones de sociedad civil instan a la presidenta y al canciller a ser transparentes y proporcionar acceso a la información en el proceso de instalación de la CICIH. También solicitan a los diputados del Congreso Nacional que lleven al pleno las reformas exigidas por Naciones Unidas, necesarias para la implementación del mecanismo.
Por otro lado, legisladores de la oposición culpan al gobierno por su falta de voluntad política para avanzar en la instalación del mecanismo anticorrupción. Mientras tanto, el oficialismo responsabiliza a Naciones Unidas por la demora.
Tegucigalpa, Honduras.- Ante la falta de transparencia y la lentitud en la instalación de la Comisión Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), representantes de la sociedad civil exigen los espacios necesarios que garanticen que el mecanismo anticorrupción se concretice.
Para el caso, la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia solicitó a la presidenta, Xiomara Castro, y al canciller Eduardo Enrique Reina, que hagan públicas las observaciones emitidas por el secretario adjunto de Naciones Unidas, Miroslav Jenca, mismas que son un requisito necesario para la instalación definitiva del ente anticorrupción.
En una carta pública dirigida a la presidenta Xiomara Castro, la organización de la sociedad civil pidió específicamente la “publicación de las observaciones entregadas por el Secretario Adjunto de las Naciones Unidas, Sr. Miroslav Jenca, al Sr. Enrique Reina, Canciller de la República, el pasado miércoles 26 de junio”.
La solicitud se basa en el artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que obliga a todas las instituciones a proporcionar información sobre su gestión, esta incluye a la Secretaría de la Presidencia y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya que actúan en nombre del pueblo hondureño.
La organización subrayó la importancia de cumplir con la instalación de la CICIH, señalando que no se trata de una gestión ordinaria, sino de una promesa de campaña de la presidenta Xiomara Castro.
La necesidad de instalar una comisión anticorrupción, auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), surgió del clamor popular en 2015 durante las marchas de las antorchas. Al final el entonces presidente Juan Orlando Hernández, actualmente privado de libertad en Estados Unidos por narcotráfico y con un proceso penal abierto en Honduras por corrupción, pactó con la Organización de Estados Americanos (OEA) la instalación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) que, posteriormente, en enero de 2020, fue desmantelada.
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LLAMADO AL CONGRESO NACIONAL
Con la intención de presionar, la Articulación Ciudadana hizo un llamado a la junta directiva del Congreso Nacional (CN), para que someta al pleno las reformas solicitadas por Naciones Unidas, debido a que de las 22 recomendaciones del organismo mundial, nueve son consideradas imprescindibles, pero hasta ahora el gobierno solo ha cumplido tres.
La organización insta al Congreso a llevar a cabo una votación pública sobre estas reformas, para que quede evidenciado quiénes son los diputados que apoyan la instalación de la Comisión Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) y quiénes se oponen, quedando así identificados como “aliados de la corrupción e impunidad” y contrarios a la lucha anticorrupción.
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SIN VOLUNTAD POLÍTICA PARA INSTALAR CICIH
El diputado, Yahvé Sabillón, electo bajos las filas del oficialista Partido Libre y ahora a la espera de ser admitido en la bancada del Partido Liberal, apuntó que como parte de las recomendaciones al Legislativo, para instalar la CICIH,se incluye la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, la cual ya fue dictaminada, pero se estancó en el tercer debate.
Además, la eliminación de la inmunidad parlamentaria y la revisión de la ley de amnistía para analizar cada caso en particular. Sabillón consideró que estas acciones son realizables, sin embargo, criticó la falta de voluntad política para llevarlas a cabo.
“La misma clase política que impide la instalación de la CICIH es la que está negociando el convenio, lo cual tendrá repercusiones significativas no solo para el partido gobernante, sino también para la comisión negociadora, incluyendo a la abogada Moncada”, señaló Sabillón al hacer referencia a la precandidata presidencial del oficialista partido Libre, Rixi Moncada, quien ha sido delegada por el gobierno de Xiomara Castro como parte de la comisión negociadora ante Naciones Unidas.
Según el diputado, al estar en el tercer año de gobierno y que a la fecha no se muestren avances, significa que al final la exigencia de los hondureños, de instalar la comisión anticorrupción, no se cumplirá.
“El discurso es una cosa, pero la práctica es otra. Debemos admitir que no ha habido una voluntad clara (…); estamos ya en el tercer año, y puedo decir que esto es un punto final. Nos quedamos con la ilusión, pero la CICIH no vendrá al país”, vaticinó Sabillón.
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GOBIERNO CULPA A NACIONES UNIDAS
Las organizaciones de sociedad civil atribuyen la responsabilidad tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo. Sin embargo, en virtud que la instalación del mecanismo anticorrupción es de carácter político, las manipulaciones partidarias salen a relucir en cada postura de la clase política. Para el caso, las bancadas opositoras argumentan que la responsabilidad recae estrictamente en el gobierno y en la comisión negociadora.
Mientras tanto, el oficialismo sostiene que la demora es culpa de Naciones Unidas. De hecho, el asesor presidencial y expresidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales refirió en una entrevista a medios de comunicación que Naciones Unidas pide muchas condiciones.
“Xiomara pidió la CICIH y el Congreso autorizó que Xiomara pidiera la CICIH, desde el primer día Naciones Unidas ha puesto mil condiciones, hay que preguntarles por qué ponen tantas condiciones; ellos ya deberían estar aquí”, dijo Zelaya.
La instalación de la CICIH enfrenta un panorama confuso y parece lejana. En tanto las organizaciones de sociedad civil han presentado diversas observaciones sobre su funcionamiento, entre ellas la necesidad de garantizar su independencia para desmantelar estructuras de corrupción tanto en el sector público como en el privado.
También se requieren reformas al Código Penal de Honduras y un compromiso del Estado para proteger a los testigos que colaboren en las investigaciones, mediante la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, entre otras reformas legales.
