Aunque la valoración no es tan positiva, los hondureños reconocen los esfuerzos de la MACCIH en el combate de la corrupción
Advierten que, con la renovación el convenio podría quedar más debilitado de lo que ha sido
Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa. –Una encuesta divulgada este jueves refiere que el 65 % de los hondureños que fueron entrevistados demanda que el gobierno extienda el convenio con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
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Según la encuesta, realizada por el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) en las poblaciones de Tegucigalpa y San Pedro Sula— las dos principales ciudades de Honduras— el 65 % de la población respalda la continuidad de la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) y solo el 20 % está dispuesto para que se cancele el convenio, mientras el 15 % no respondió.
La demanda para la continuidad de la MACCIH se da pese a que la instancia recibió una modesta calificación de los encuestados. El 47 % considera que su funcionamiento es regular, 38.5 % bueno y muy bueno y solo el 14 % reprobó su gestión.
Sobre su efectividad en reducir la corrupción se manifestó el mismo patrón de valoración. En ese sentido el 28 % respondió que va de poco, 30 % algo, 16 % considera que ha influido mucho y el 17 % dijo que no ha influido en nada.
La población piensa que, en los casos presentados por la MACCIH, todavía no se enjuician ni capturan a los autores intelectuales de los hechos delictivos.
Desde su instalación el 19 de abril de 2016, la MACCIH ha presentado 13 casos de corrupción que vinculan a 79 funcionarios.
Francisco Saravia, encargado de la aplicación de la encuesta explicó que ésta tiene un nivel de confianza de un 95 % y un margen de error del 2.3 %.
Pese a los resultados favorables hacia la MACCIH, Saravia fue tajante al decir que su continuidad depende de la voluntad del gobierno, de la capacidad y voluntad de la OEA y del respaldo ciudadano y de la sociedad civil.
No obstante, vaticinó que la continuidad del convenio se podría aprobar, pero limitando las capacidades de la misión. Esta misma percepción fue compartida por el sociólogo, Eugenio Sosa, quien consideró.
El miércoles el gobernante hondureño, Juan Hernández, dijo a un medio de comunicación que no puede opinar sobre la continuidad o no de la MACCIH hasta no tener en sus manos un informe que detalle el papel de esta instancia.
Actualmente el gobierno hondureño y la OEA realizan una evaluación de la misión. Sin embargo, para el sociólogo, Eugenio Sosa, las declaraciones de Hernández son una actitud de cálculo político, y la evaluación que se hace no es más que una negociación que puede abrir un espacio para que el convenio original sea trastocado en detrimento del combate de la corrupción.
Como parte de esa negociación, vaticinó que se reduzca el tiempo de la vigencia o que Hernández condicione que la MACCIH desaparezca una vez que él salga del gobierno.
La diputada del opositor Partido Innovación y Unidad-Social Demócrata (PINU-SD), Doris Gutiérrez, denunció que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, incluyó en la evaluación únicamente al gobierno, cuando inicialmente prometió incluir a la sociedad civil y a realizar la evaluación en el mes de octubre.
Gutiérrez manifestó que tanto Almagro como el gobierno están violentando el convenio de la MACCIH porque harán una evaluación en un plazo de 25 días, cuando el numeral 16.3 del acuerdo establece que el convenio se puede ampliar en un término de 60 días por un simple intercambio de cartas.
La congresista expuso que revisar el convenio implica la necesidad de hacer una votación en el Congreso Nacional, donde hay muchos anticuerpos para aprobar su renovación. “Entonces, lamentablemente parece ser que el señor Almagro de la OEA, también está jugando su juego”, dijo Gutiérrez al recordar que a inicios de este año el Congreso Nacional le otorgó seis millones de lempiras a la OEA para hacer una consultoría sobre reformas electorales, las que no han sido tomadas en cuenta.
La corrupción se ha institucionalizado
De acuerdo con los elementos manejados en la encuesta, la población hondureña tiene una elevada percepción en cuanto a que la corrupción, no solamente es elevado, sino que ha permeado toda la institucionalidad, incluso, a las organizaciones sociales y a los partidos políticos.
Los encuestados atribuyeron la corrupción a los partidos políticos con un 88 %, a la policía con 86 % y a la Presidencia de la República con un 86 %. Para los gobiernos municipales la percepción de corrupción es de 82 %, Ministerio Público 82 % y para las Fuerzas Armadas 81 %.
Los partidos políticos, vistos individualmente, sufren igual descalificación ciudadana: el Partido Nacional, es el que más se cuestiona, con un 86 % de corrupción, pero también el Partido Liberal y el Partido Libre se valoran con un alto nivel de involucramiento en corrupción, con 71 y 70 %, respectivamente.
¿Quiénes no quieren que siga la MACCIH?
Los encuestados consideran que los principales actores que están interesados en impedir la extensión del convenio son los poderes del Estado, principalmente la Presidencia de la República, con 26 % y el Congreso Nacional con 19 %. El Poder Judicial y las mafias vinculadas al crimen organizado y el narcotráfico, con 19 % y 17 %, respectivamente, son señaladas en un segundo plano y la embajada de los Estados Unidos y la empresa privada, con 7 y 8 %, respectivamente.
Dentro del sector de la empresa privada opuesto a la MACCIH, los hondureños identifican a las grandes empresas, seguidas por los dueños de los bancos y las financieras y las grandes empresas extranjeras.
La encuesta se realizó entre el 11 y 17 de octubre en el marco del tiempo previsto para que el gobierno de Honduras renueve o no el convenio que caduca el 19 de enero de 2020.
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