Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa. Nuevamente la opacidad de la administración Hernández vuelve a ser noticia. En esta ocasión se trata sobre la decisión de clasificar como reservada dos de las cláusulas del contrato de compra de vacunas Sputnik-V y el nombre real de la compañía a la que se le está comprando las mismas.
El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) resolvió el pasado lunes 12 de abril dar lugar a la solicitud de clasificación de información pública como reservada presentada por la ministra de la Secretaría de Salud y licenciada en Pedagogía, Alba Consuelo Flores Ferrufino en relación con las cláusulas relacionadas a la propiedad intelectual y los datos bancarios que contiene el contrato con la compañía de responsabilidad limitada «Human Vaccine».
Descargar aquí la resolución del IAIP
El 17 de abril, el diario oficial La Gaceta emitió el decreto mediante el cual se aprobaba y oficializaba la clasificación donde se reservaba por hasta 10 años los datos relacionados a la propiedad intelectual y los datos bancarios del vendedor y el comprador de la vacuna Sputnik V. En la documentación, al nombre de la empresa vendedora se le agregó una «S» y terminó llamándose «Humans Vaccine» y no «Human Vaccine».
Parece un detalle pequeño, pero tratándose de nombre de empresas, esos detalles son la diferencia entre tratar con empresas legalmente inscritas y empresas de maletín como ocurrió anteriormente con la compra de los hospitales móviles mediante la cual el Consejo Nacional Anticorrupción calcula que el Estado sufrió un desfalco por más de 800 millones de Lempiras. Caso por el que enfrentan cargos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios Marco Antonio Bográn Corrales y Alex Alberto Moraes Girón, director ejecutivo y gerente administrativo de Invest-H, respectivamente.
El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Pedro Barquero cuestionó la decisión del gobierno de Honduras de reservar la información por 10 años. Así como el agregado de la «S» al nombre de la empresa, lo que hace pensar -y con el historial de la administración gubernamental- que podría tratarse de una empresa intermediaria.
«Han mentido tanto y han robado tanto que no tienen credibilidad», apuntó Barquero. Además, agregó que lo mismo que dicen hoy sobre la transparencia en la compra de las vacunas lo decían en relación con la compra de los hospitales móviles. Por otra parte, sostuvo que, si bien las farmacéuticas piden reserva en relación con las vacunas, la misma no es por 10 años, sino meses mientras se entrega el producto y tampoco incluye las cuentas bancarias relacionadas en la transacción.
«Eso lo que hace es elevar las sospechas de que no es la misma empresa, sino que es otra. ¿Por qué no publican los datos de la cuenta bancaria y el nombre de la empresa a la cual se le va a depositar? Porque probablemente no sea la misma. No lo estoy asegurando, lo estoy cuestionando», afirmó Barquero.
Barquero también aseveró que si se trata de la misma empresa «Human Vaccine LLC», el Estado debe corregir el error y reimprimir La Gaceta. Así como publicar la información referente a la empresa a la que le van a pagar para que la ciudadanía tenga claro a qué empresa se le pagará pues esto no tiene razón alguna de estar en reserva.
Además, dijo que se debe pedir al gobierno de Rusia una certificación de que nadie está ganando una comisión como intermediario. «Puede ser que la están comprando en efecto a la compañía que es, pero que esa compañía le esté pagando comisión a alguien más. Tenemos que asegurarnos que nadie se está lucrando con esta operación que es para salvar la vida y cuidar la salud de los hondureños».
El expresidente del Banco de Integración Económica Centroamérica (BCIE), Federico Álvarez también cuestionó porque se declara secreto de Estado la compra de vacunas a Rusia. «¿Quieren agregar leña al fuego de la desconfianza o es un desafío proponente?» escribió en su perfil de Twitter.
MÉDICOS TAMBIÉN CUESTIONAN SECRETIVIDAD DEL ESTADO
La presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa, sostuvo que «El tema de las vacunas es un tema de vida o muerte para el pueblo. No puede estar en manos ni de corruptos y lavadores de activos, ni en manos de los comerciantes que se han coludido con ellos. Es tiempo de que se deje a los que saben hacer la compra transparente y correcta».
El doctor Eliud Girón Portillo también disputó la necesidad de secretividad y además señaló que, si estuviesen negociando directamente con el gobierno ruso, Honduras no estarían recibiendo dosis a cuentagotas. Recientemente, Honduras recibió 6 mil dosis de la vacuna Sputnik V. «Van a pasar los 10 años y nunca nos vamos a dar cuenta cuánto pagaron por la vacuna y a quién se lo pagaron», declaró a medios radiales.
La administración Hernández hizo circular un video y un audio donde interviene el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov. Sin embargo, en la misma el funcionario no se refiere en ningún momento al tema de vacunas, solamente se refiere a los lazos diplomáticos entre Rusia y Honduras.
La fiscal del Colegio Médico de Honduras (CMH), Ligia Ramos, de igual forma discutió la necesidad de declarar la compra de vacunas secreto de Estado y manifestó que el Estado debe realizar las explicaciones pertinentes. ¿Están negociando con el Estado o una empresa? ¿Qué están comprando? «Ellos no explican», declaró y agregó que todo esto «nos pone en duda de si este es otro negocio que están haciendo u otra estafa al Estado. No tenemos vacunas y lo poco que compran lo están teniendo como secreto de Estado, no es correcto».
El galeno con especialidad en neumología, Carlos Aguilar también expresó suspicacia con el decreto de secretividad aplicado a la compra de vacunas. Afirmó que en temas de competitividad, secretos empresariales y científicos son salvaguardados pero los mismos no suelen hacerlo a través de un decreto publicado en La Gaceta y por los 10 años que establece dicha publicación.
«Estamos en un momento donde la credibilidad ha sido minada por los actos de corrupción, creo yo que lejos de abonar a que la gente pueda confiar provoca más dudas y esto deja muy mal parado al gobierno», lamentó Aguilar.
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Un comentario
Lo más triste en todo esto, es que no hay autoridad judicial que de la cara, que esté al tanto de estas irregularidades, para dar seguimiento y actuar con prontitud, que sepan ganarse el sueldo que devengan.