El argumento principal de las autoridades del gobierno para justificar la ola de violencia y criminalidad que se está viviendo, es que la heredaron de la dictadura del expresidente Juan Orlando Hernández, pero, tras dos años de gobierno de Xiomara Castro, todavía las rigurosas medidas implementadas no han dado resultados evidentes entre la población
Y, aunque el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, continúe promoviendo la disminución de homicidios en 2023, gracias a un estado de excepción que se volvió permanente, el cobro desmedido de extorsión continúa afectando varios rubros y cobrando vidas. De hecho, esa medida fue implementada para erradicar ese delito, pero, tras experimentar por más de un año, parece ser imposible, por lo que analistas consultados por Criterio.hn consideran explorar otras alternativas
Tegucigalpa, Honduras. – Estado de excepción, intervención de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) en las cárceles y los requerimientos a personas de manera expedita no le han funcionado al gobierno de la presidenta Xiomara Castra para reducir la criminalidad organizada en Honduras.
Lo anterior, según Informal Economy, con datos recabados de la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delitos, Honduras es el tercer país del mundo con más homicidios por cada 100,000 habitantes.
El país que, según la Fiscalía de Nueva York, en Estados Unidos, por ocho años fue gobernado por un supuesto capo de la droga –Juan Orlando Hernández, que está enfrentando un juicio por diversos cargos relacionados con el narcotráfico y posesión de armas- sólo está por detrás de Jamaica (54. 34) y Trinidad y Tobago (39.52).
En Honduras se contabilizan 35.09 homicidios por cada 100,000 habitantes. De hecho, Honduras es la nación con más homicidios en América Latina, a excepción del Caribe, según el reporte de Informal Economy.
Por debajo de Honduras los países centroamericanos que le siguen están Guatemala (19.99), Costa Rica (12.82), Panamá (11.32), Nicaragua (11.01) y El Salvador (7.82).
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¿Y EL ESTADO DE EXCEPCIÓN?
Que Honduras sea el tercer país en el mundo con más homicidios, según Informal Economy, no es un dato revelador, el dilema surge que, este índice se está dando, cuando el gobierno de Xiomara Castro ha estado impulsando medidas fuertemente cuestionadas por las facultades que se le otorgan a los efectivos policiales y militares.
El director de Justicia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Kenneth Madrid, aseguró que, precisamente el estado de excepción, es una medida que no está dando y no dará resultados esperados porque carece de un plan integral estratégico, que hasta se enfoque en rescatar a los menores de edad que están siendo reclutados por las maras y pandillas.
“El estado de excepción no ha sido efectivo. Fue implementado para combatir la extorsión y todavía no vemos reflejos en las capturas y requerimientos fiscales. Y se mantendrá así, si no es acompañado de un plan realmente estratégico e integral”, dijo Madrid en pláticas con Criterio.hn.
De hecho, en un análisis de datos obtenidos de la Policía Nacional, Ministerio Público y Corte Suprema de Justicia, Criterio.hn descubrió que de diciembre a junio de 2023, ocho de cada 10 personas arrestadas por la comisión de delitos relacionados con la violencia y criminalidad, quedaron en completa libertad por falta de pruebas.
“Estas medidas deben de ir acompañadas de políticas públicas que den como resultado mayor seguridad ciudadana. Sólo la suspensión de garantías constitucionales no traerá resultados efectivos. La efectividad se consigue con una estrategia integral”, enfatizó Madrid.
Con el estado excepción vigente se suspenden las garantías ciudadanas establecidas en los artículos 69, 71, 72, 78, 81, 84, 93, 99 y 103 de la Constitución de la República, con el objetivo que las autoridades policiales puedan ejecutar arrestos, allanamientos sin la necesidad del acompañamiento de un juez y de tener un requerimiento fiscal para proceder.
El director de la Policía Nacional, Juan Aguilar, en un foro televisivo este viernes, aceptó que dentro de la institución se están dando actos de corrupción, lo que podría, según opiniones, ser uno de las principales causales del por qué las estrategias policiales no funcionan.
“Sí, se siguen dando actos de corrupción dentro de la Policía Nacional, pero si nos damos cuento lo haremos llegar a la fiscalía”, confesó Aguilar.
Precisamente hace un par de meses, el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, ventiló que los tentáculos del crimen organizado están en diferentes rubros y quizás hasta en las mismas instituciones del Estado encargadas de la repartición de justicia.
Lo anterior, según opiniones de expertos, podría, de igual manera, también ser causal para que los procedimientos legales sean engorrosos y algunos ni se lleven a cabo, provocando que aumente el índice de impunidad, provocando, en consecuencia, que las medidas de seguridad sean ineficientes.
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