La alerta del Conadeh señala el impacto de los grandes capitales y proyectos extractivos sobre las comunidades en Colón, aumentando los riesgos para los defensores del ambiente.
Tegucigalpa, Honduras. – A once meses de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares a favor de las y los integrantes del Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT), el Estado de Honduras continúa sin adoptarlas.
A consecuencia de la inacción institucional para asegurar el resguardo integral de las personas defensoras del ambiente que integran el comité, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) emitió la alerta temprana 005-2024 en la que publicó una serie de recomendaciones dirigidas a la institucionalidad estatal.
Las sugerencias van dirigidas al Poder Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Dirección General del Sistema Nacional de Protección, Ministerio Público, la Dirección Policial de Investigación (DPI) de Tocoa y la Secretaría de Desarrollo Social.
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RECOMENDACIONES DEL CONADEH
En el caso del Poder Ejecutivo aconsejan instruir a funcionarios y servidores públicos de los gobiernos municipales adoptar un discurso con enfoque de derechos humanos, mientras que a la Dirección General del Sistema Nacional de Protección piden acelerar el proceso de adopción de medidas de protección a favor de las y los integrantes del CMDBCPT.
El Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa es una organización que integra a los comités ambientales y campesinos de comunidades que se oponen a la instalación de un megaproyecto minero de óxido de hierro en el Parque Nacional Carlos Escaleras.
Otras recomendaciones incluyen al Poder Judicial a través de la Sala de lo Constitucional y el Tribunal de Sentencia de Trujillo. Al primero solicitan informe la etapa en la que se encuentra un recurso de amparo en relación con el cabildo abierto celebrado el 13 de junio de 2024. Mientras que al Tribunal de Trujillo piden informar tanto al Conadeh, como a los ocho defensores del agua –detenidos arbitrariamente por más 900 días– sobre la expedición de sus cartas de libertad definitivas en un plazo no mayor de 10 días hábiles.
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Al Ministerio Público requieren notificar –en un plazo no mayor a 10 días hábiles– tanto al Conadeh, como a los y las integrantes del CMDBCPT y sus representantes, sobre el estatus procesal de los expedientes en la Fiscalía Especial del Medio Ambiente.
BUROCRACIA IMPIDE APLICACIÓN EFECTIVA DE MEDIDAS CAUTELARES DE LA CIDH EN TOCOA, SEGÚN REGIDOR LOCAL
Juan López, regidor por Tocoa e integrante del CMDBCPT, comentó a Criterio.hn que recientemente el Conadeh participó en una reunión con la CIDH, miembros del Comité, la Procuraduría General de la República, y el Mecanismo de Protección para las y los Defensores, en la que se realizó una breve evaluación de la aplicación de la medida cautelar 137-2023.
López considera que la alerta del Conadeh sería el resultado de los “mecanismos excesivamente burocráticos que no permiten el desarrollo” e implementación de las medidas cautelares dictadas por la CIDH.
El regidor por Tocoa señaló que si bien el exdirector del Mecanismo de Protección para las y los Defensores, Rodolfo Zamora, mostró voluntad de responder en la línea del mandato de la CIDH, “la situación interna, tanto a nivel financiero como logístico y de personal, como los instrumentos que condicionan el funcionamiento del mecanismo, no le permiten [al mecanismo] ser eficaz, dar respuesta en el momento y manera oportuna”.
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Agregó: “Creo que esta alerta viene a decir que aquí hay una situación que hay que atender y hay que resolver. La decisión de la Comisión Interamericana es muy consecuente con la realidad que se vive en la zona del Bajo Aguán y en Tocoa particularmente, y creo que viene en buen momento esta alerta temprana del Conadeh, dados los últimos acontecimientos que surgen en el territorio y de cómo han venido moviéndose los grandes capitales sobre la vida de las comunidades y eso aumenta el riesgo en el territorio”.
ADVIERTEN SOBRE EL IMPACTO DE PROYECTOS EXTRACTIVOS Y MINEROS EN COLÓN
Según las cifras del Conadeh, en 2023 se registraron los asesinatos de al menos 15 defensores del ambiente, tierra y territorio, siete de los cuales ocurrieron en Colón, departamento en el que está ubicado el municipio de Tocoa.
“Tomando en cuenta que el departamento de Colón es en donde se registraron mayores asesinatos en perjuicio de defensores de derechos humanos, el CONADEH considera oportuno recordar que se ha reconocido internacionalmente que uno de sus municipios, precisamente Tocoa, es gravemente afectado por una gran cantidad de proyectos extractivos, proyectos hidroeléctricos y otros relacionados con la exploración y explotación minera que operan en esa región”, lee la alerta del Conadeh.
Además, señaló que estos defensores “requieren que el Estado adopte un mayor compromiso en las decisiones relativas a la protección de la vida e integridad personal de las y los defensores de derechos humanos de esa región”.
En 2023 fueron asesinados tres defensores, directamente ligados a la defensa del agua en el río Guapinol, contaminado por el megaproyecto minero del Grupo Emco, presidido por Lenir Pérez. Sus nombres son: Alí Domínguez, Jairo Bonilla y Óscar Oquelí Domínguez. Tanto Alí como Óscar eran hermanos del también defensor y presidente de la junta de agua de Guapinol, Reynaldo Domínguez.
El informe “Voces Silenciadas” de Global Witness contabiliza tres asesinatos más que los reportados por el Conadeh, para un total de 18 homicidios documentados de personas defensoras de la tierra y el ambiente. Honduras es el país que registró en 2023 la tasa per cápita más alta de asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medioambiente en el mundo.
