Entre 2019 y 2023, al menos 15 personas defensoras de derechos humanos beneficiarias o vinculadas a medidas del Mecanismo Nacional de Protección fueron asesinadas en Honduras
Tegucigalpa, Honduras.- El pasado martes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró la audiencia temática “Situación del Mecanismo Nacional de Protección de Personas Defensoras, Periodistas, Comunicadores sociales y Operadores de Justicia” en Honduras. En este espacio, más de 15 organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos denunciaron el debilitamiento institucional que enfrenta este mecanismo y sus obstáculos para cumplir con sus obligaciones en materia de prevención y protección de personas defensoras.
De acuerdo con las organizaciones de sociedad civil, el Sistema Nacional de Protección en Honduras, creado en 2015 bajo la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, y la instalación del Mecanismo representaron una oportunidad para responder a la situación de violencia que enfrentan las personas defensoras en Honduras, el 5º país más mortal en el mundo para defender derechos humanos, ejercer el periodismo independiente y combatir la impunidad.
Sin embargo, aseguraron que la desatención generalizada del Mecanismo, así como obstáculos políticos y de gobernanza han impactado gravemente en la seguridad y en la vida de quienes defienden los derechos humanos en Honduras.
Esto se traduce en que, entre 2019 y 2023, al menos 15 personas defensoras de derechos humanos beneficiarias o vinculadas a medidas del Mecanismo Nacional de Protección fueron asesinadas.
El Estado de Honduras reconoció las múltiples falencias del Mecanismo y solicitó el apoyo técnico de la CIDH para avanzar en su fortalecimiento.
Las organizaciones denunciaron una falta de corresponsabilidad institucional y de independencia en el quehacer del mecanismo, así como obstáculos financieros y administrativos que se han traducido en despidos masivos de personal; en que el Comité Técnico no sesionara desde octubre del 2022 hasta junio del 2023; y en la imposibilidad de realizar análisis de riesgo oportunamente en los territorios y de otorgar medidas de infraestructura, como sistemas de monitoreo o alumbrado público.
Además, personas beneficiarias del Mecanismo indicaron que los esquemas de protección planteados carecen de un enfoque integral, y un análisis diferenciado e interseccional, al tiempo que el organismo carece de recursos tecnológicos suficientes, por lo que las propuestas se reducen a la presencia policial, una medida que, más bien, les expone a situaciones de hostigamiento o amenazas ejercidas por los propios cuerpos policiales.
Lo planteado por sociedad civil fue respaldado por Isabel Albaladejo, Representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, quien, en su intervención, reconoció una serie de falencias del Mecanismo de Protección, identificadas a través de un diagnóstico participativo elaborado por su oficina. La representante de OACNUDH sostuvo que estas falencias reflejan problemas estructurales y sistémicos “que impactan directamente en la garantía de los derechos humanos en el país, incluyendo la seguridad, calidad de vida y labor de las personas defensoras, principalmente defensores/as de la tierra y el medio ambiente, así como periodistas y comunicadoras sociales de Honduras”.
Frente a esto, el Estado de Honduras reconoció que existen “innumerables desafíos” para el quehacer del Mecanismo, entre otros, la asignación presupuestaria y la contratación de personal capacitado. Al respecto, solicitó el acompañamiento técnico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el fortalecimiento del Mecanismo y reiteró la voluntad estatal de crear las condiciones necesarias para el funcionamiento óptimo de este ente.
Finalmente, las organizaciones de la sociedad civil solicitaron al Estado de Honduras, entre otros: garantizar la participación activa de representantes de alto nivel y con capacidad de toma de decisiones en el Consejo Nacional de Protección para favorecer el involucramiento interinstitucional en la toma de decisiones mandatado por ley.
Además, piden adoptar un modelo de financiamiento único y estable del Sistema Nacional de Protección que asegure recursos suficientes para cumplir con sus obligaciones.
También solicitan asegurar las condiciones y medios indispensables para cubrir las necesidades operativas y materiales del Mecanismo de Protección.
Otra de las peticiones es garantizar el abastecimiento del personal capacitado y necesario para el trabajo del Mecanismo de Protección, procurando un plan de fortalecimiento sostenido sobre enfoque de género, interseccionalidad y territorialidad, así como en derechos de pueblos indígenas y afrohondureños.
Y finalmente, plantean adoptar las medidas necesarias para la instalación de un proceso de fortalecimiento institucional, con el fin de que ésta sea una opción real y posible para prevenir, mitigar y proteger del riesgo a quienes defienden derechos humanos, ejercen el periodismo independiente y combaten la impunidad en Honduras.
