Por: Javier Suazo
“La planificación del desarrollo es un proceso de interacción entre el Estado y la sociedad, que tiene como objetivo articular las políticas públicas y su implementación en el territorio con las prioridades del país, para administrar los recursos públicos en la perspectiva de alcanzar el desarrollo sostenible”.
Honduras sigue un patrón de gestión pública que asigna recursos financieros a competencias, funciones, programas, proyectos y actividades ejecutadas por instituciones y gabinetes sectoriales que, tradicionalmente, sus funcionarios han sido cuestionados por actos de corrupción y/o violaciones de los deberes al institucionalizarse una política de represión a la ciudadanía que protesta por perdidas sistemáticas de sus derechos más fundamentales como acceso a educación y salud gratuita, pedazo de tierra y uso de recursos naturales y agua para beneficio de comunidades y familias.
El anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la República para el ejercicio fiscal 2019 es un reflejo de lo anterior. El monto previsto asciende a la cantidad de 261,557 millones de lempiras, superior en 17,777 millones que el presupuesto de 2018. El 20.6% corresponde a Educación y Salud, un 18.8% corresponde a Infraestructura y Servicios Públicos, el 7.1% a Seguridad Ciudadana y Defensa Nacional; que en conjunto representan el 46.5% del total solicitado. A ello se suma, más de 40,000 millones de lempiras por concepto de pago del servicio de la deuda total, lo que representa el 15.6% del presupuesto total, con lo cual estos rubros cubren el 62.1% del Presupuesto que “discutirá” el Congreso de la República, donde los partidos tradicionales (liberal y nacional) y los “chingaste” tienen mayoría calificada.
Desde la perspectiva de organizaciones de sociedad civil, una de las preguntas que surgen es ¿cuáles serán las medidas a ejecutar por el gobierno para aumentar la productividad e impacto del gasto público en sectores como salud y educación, a sabiendas que su monto es insuficiente para cubrir las brechas de cobertura y equipamiento de centros de salud, hospitales públicos, escuelas y colegios? En salud, la respuesta del gobierno es la creación de una Comisión Burocrática cuestionada por el Colegio Médico y otros gremios como el de las enfermeras, ya que lo que buscan es acelerar la privatización de los servicios de salud en detrimento de la endeble economía social; incluso se habla de tapar la corrupción en salud.
En Educación, el gobierno apuesta al Plan Nacional de Educación 2018-2030, pero todavía no avanza y sigue siendo cuestionado por organizaciones magisteriales ya que no participaron de su elaboración, pero, sobre todo, por apoyar procesos de privatización de la educación media y superior, la entrega de la provisión de insumos a empresas privadas y bancos y la `profundización del desmantelamiento de las organizaciones gremiales y captura de los fondos de previsión social.
En infraestructura se apuesta a la aprobación de proyectos y suscripción de contratos, aunque instituciones de gobierno y alcaldías (incluyendo la Comisión de Alianzas-Público-Privada) han sido duramente cuestionadas por la falta de transparencia y corrupción. Hay una opinión generalizada que el aumento del presupuesto de Defensa y Seguridad, sirve más a propósitos políticos que de “estabilidad democrática”, en tanto es evidente las crecientes violaciones de derechos humanos, en su mayor parte de jóvenes, mujeres y dirigentes ambientalistas; también, además de la independencia y autonomía de las FFAA que no está obligada a presentar en detalle su ejecución presupuestaria; se suman denuncias por actos de corrupción en la compra de lanchas, reparación de aviones, pago de viáticos, manejos de presupuesto de otras instituciones y alquiler de vehículos sin licitación.
Otra pregunta que, incluso expertos del Foro Social de la Deuda Externa (FOSDEH), se han formulado es ¿qué monto de este sobreendeudamiento es ilegítimo?, o sea que parte de la deuda contratada es deuda mala. De acuerdo a cifras de CEPAL (2018), la participación de la deuda pública total/PIB en 2017 fue de 43.5%, cuando en 2012, era de 30.2%/PIB, o sea que aumentó en 13.3% es un periodo relativamente corto. En el caso de la deuda pública externa el aumento fue de 11.5%, al pasar de representar el 19.9%/PIB en 2012 a 31.4%/PIB en 2017.
Ojalá que los diputados entiendan el problema que se avecina con este creciente endeudamiento, en una economía que depende mucho de las exportaciones de rubros como el café, aceite de palma, camarones, bananos, frutas y legumbres, y de las remesas familiares, dos (2) fuentes muy inestables, en la coyuntura actual, del crecimiento económico. En tal sentido, puede ser de mucha ayuda para los legisladores, sobre todos aquellos del Partido Liberal no contaminados por la corrupción, LIBRE y PINU-SD, consultar a expertos nacionales y externos sobre las alternativas para el manejo de la política de creciente endeudamiento, y los pasos a seguir para eliminar o reducir la deuda mala y deducir responsabilidades penales del caso.
Desde la Academia, una pregunta aún sin respuesta es ¿acaso el anteproyecto de Presupuesto de la República para 2019 se basa en prioridades de desarrollo y de gasto establecidas en un Plan de Gobierno (2018-2022), o Visión de Largo Plazo (2018-2030)? En el periodo anterior, el gobierno contaba con un Plan Nacional (2014-2018), pero no ha sido actualizado aun para el periodo (2018-2022), por lo que no se cuenta con un Plan y Estrategia de Desarrollo de largo plazo; la Visión (2010-2038) del gobierno de Pepe Lobo (2010-2013), fue desechada.
La Secretaria de Coordinación General de Gobierno (SCGG) tiene la competencia, funciones y recursos para elaborar o actualizar dichos instrumentos, más allá de lo que piense la empresa privada, ministros y el propio presidente de la República; es una función constitucional. Es urgente que la ministra del ramo convoque al Consejo Nacional de Planificación para que se discuta y aprueben los instrumentos de planificación que dan soporte al Presupuesto, caso contrario las prioridades de asignación de recursos serán exclusivamente de presidente de la República, grupos corporativos y la Secretaria de Finanzas (SEFIN), muy amiga de los que recomienda el FMI. En el caso de Plan de gobierno, puede servir de base el avance que tiene la SCGG con la elaboración del Plan Estratégico de Gobierno (PEG) para 2022, pero que deber ser compatibilizado con otras iniciativas y propuestas de actores privados y sociales.
El Plan, si se elabora con un grado mínimo de responsabilidad técnica y participación ciudadana, puede ayudar a priorizar el gasto de inversión real, e incluso, a dotar a SEFIN de una estrategia financiera más independiente sobre el endeudamiento del país. Más aun, a integrar estrategias de desarrollo sueltas, como la economía familiar campesina, seguridad alimentaria, niñez y adolescencia, protección ambiental y, sobre todo, innovación para la competitividad. Pero también, alinear la cooperación internacional donde hay fuga y pérdida de recursos financieros.
Honduras puede entrar en un fase de parálisis neoliberal, donde ya los impuestos indirectos no sea una opción de política para aumentar ingresos tributarios, exista una resistencia de la empresa privada para aceptar impuestos directos, eliminar exoneraciones y regular fideicomisos, y el endeudamiento llegue a porcentajes críticos; solo quedando privatizar más la salud y educación, despedir empleados y bajar salarios, usar todos los recursos de los fondos de pensiones y poner a flotar la tasa de cambio o aceptar la devaluación acelerada del desplumado, tal como lo ha venido exigiendo el FMI y sector exportador.
Una discusión pública del anteproyecto de presupuesto 2019 por el Congreso de la República, con la participación activa de la Academia, colegios profesionales y organizaciones de sociedad civil, puede ayudar a construir nuevas opciones de política pública alternativa al modelo de corte neoliberal ejecutado después del madrugón de junio de 2009.
Ocotepeque, Honduras, 17 de septiembre de 2018.
