Tegucigalpa, Honduras. Ser un defensor o defensora de derechos humanos es ponerse en la línea de la muerte en Honduras y ser parte de uno de los grupos que han sido fuertemente criminalizados y vulnerados por las estructuras de poder.
En lo que va del año al menos unas diez personas defensoras ligadas a la defensoría de la tierra y el territorio, entre defensores y familiares han sido asesinadas.
Hedme Castro coordinadora de la Asociación para una Ciudadanía Participativa (Aci-Participa), expresó a Criterio.hn que la situación de los defensores y defensores de derechos humanos “sigue siendo critica”.
De acuerdo con el informe “Honduras: defensores y defensoras en riesgo y sin protección”, elaborado por Aci-participa, sólo en el 2022 se registraron 453 violaciones de derechos humanos dirigidas a 289 defensores y defensoras de derechos humanos en 16 de los 18 departamentos del país.
Además, el informe destaca el asesinato de 18 personas –defensores y defensoras de derechos humanos—. Los asesinatos se suscitaron en 12 departamentos del país.
Todos estos asesinatos tienen relación con la defensa de derechos, según el registro, seis por defensa de tierra y territorio, seis vinculados con los pueblos originarios, dos por defensa del ambiente.
De igual manera, tres defensores de los derechos LGBTIQ+, dos por defensa del ambiente y un defensor asesinado por la libertad de expresión.
“La violencia continúa en el país y esperamos que las autoridades encargadas de parar esta situación desarrollen una investigación objetiva”, lamentó Hedme Castro, directora de AciParticipa.
Además, apuntó que más del 95% de los casos de violaciones graves en contra de los derechos humanos permanecen en impunidad, que de acuerdo con la defensora, “ha provocado el mantenimiento y el recrudecimiento de la violencia en el país”.
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PERIODISTAS Y DEFENSORES DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN: OTRO GRUPO VULNERABLE
Aci-Participa destaca en su informe la vulneración que sufren los periodistas y personas que haciendo uso del derecho a la libertad de expresión desenmascaran actos de corrupción, el mal trabajo de las autoridades estatales e incomodan a quienes controlan el poder económico y político en Honduras.
Durante el 2022, esta organización documentó 78 agresiones y ataques que constituyen violaciones a los derechos humanos de 29 personas que hacen uso de la libertad de expresión. Además, registró el asesinato del periodista gráfico Ricardo Alcides Ávila, ocurrido el 26 de mayo de ese mismo año. El periodista laboraba en un canal de televisión en Choluteca, al sur de Honduras.
El informe “Honduras: defensores y defensoras en riesgo y sin protección”, documentó el ataque que sufrió Criterio.hn en diciembre de 2022, por parte de instituciones del Estado –una situación que se ha hecho recurrente—.
En ese sentido, la directora de Criterio.hn, acompañada de periodistas del medio, presentaron una queja ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (Conadeh) por violaciones del Estado contra la libertad de prensa, la libertad de expresión y vulneración del equipo periodístico.
Criterio.hn es un medio digital, que nació el 1 de mayo de 2015 y que ha revolucionado el periodismo por ser un medio independiente de los poderes económicos y políticos, cuyo objetivo primordial es transmitir información que sirva de base para sembrar un pensamiento crítico y analítico entre los hondureños.
El 12 de abril de 2023, Criterio.hn, sufrió el hackeo de su cuenta oficial de Twitter, un hecho que atenta claramente en contra de la libertad de prensa y el derecho a la libre expresión.
Estos constantes ataques, de acuerdo con Emy Padilla, “sólo nos indica que estamos tocando grandes intereses”.
Luego de días difíciles, Criterio.hn recuperó la cuenta oficial para seguir con el reto de informar —al pueblo hondureño y al mundo— lo que los poderes fácticos quieren callar.
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POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS SIN SER IMPLEMENTADA
Pese a que Honduras es uno de los cinco países de la región que cuenta con un Mecanismo de Protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas –creado en 2015 bajo la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia— el entorno es hostil para la defensa de los derechos humanos y el ejercicio de la libertad de expresión.
En ese sentido, los defensores denunciaron que esta política de protección a los defensores u defensoras no ha sido implementada. “Si realmente al Estado y al gobierno le interesa la labor que realizan los defensoras y defensoras, debe garantizar el derecho a defender los derechos humanos”, señaló Adalid Vega, coordinador de la Unidad de Protección a defensores en Riesgo de Aci-Participa.
En ese sentido, indicó que esta protección a de los defensores, se logra con el cumplimiento de la Constitución de la República, las leyes, y el cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Por su parte, Naama López Ávila, directora de Coordinación Intersectorial SEDESOL, reconoció “el Estado es el ente más violador de los derechos humanos”, quien además señaló que es un reto que aún no se ha podido superar.
La creación de este mecanismo de protección fue catalogada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como “un avance importante”, pero, enfatiza que “sigue siendo necesario profundizar los esfuerzos para generar un entorno propicio para la defensa de los derechos humanos y el ejercicio de la libertad de expresión”.
