Honduras no quiere bosque, quiere aceite de palma

Tomado de El Faro y eldiario.es

La palma africana se duplicó en Honduras entre 2004 y 2016. El gobierno le abre las puertas y permite a los empresarios, casi todo. Los campesinos anhelan cultivarla, porque es más redituable que el resto de cultivos, pero nadie piensa en las consecuencias ambientales que ya se sienten en pueblos contaminados o sin agua, o que se estancan en su desarrollo ante la voracidad empresarial, revela esta investigación de El Faro y eldiario.es.

“El engranaje internacional ha continuado funcionando: los países al servicio de las mercancías, los hombres al servicio de las cosas”.

 (Eduardo Galeano, 1978)

Al final del túnel de manglar hay un tesoro escondido. La pequeña lancha avanza por encima de las ninfas, detrás de un cormorán herido que se ha separado de su bandada y descansa aquí, en la reserva forestal de la Laguna de los Micos. La embarcación navega con dificultad sobre el agua enlodada, en un canal estrecho y poco profundo. Al final del túnel aparecen, imponentes, las  palmeras. Miden entre 15 y 20 metros, cientos, miles de ellas, un ejército de árboles que desafía la prohibición de sembrar palma africana en el parque nacional Blanca Jeannete Kawas.

El ambientalista Osmán Orellana (26 años), Yanet Alvarado (34) y Guillermo Garay (36), a su llegada a la aldea Cola de Mico. Para llegar hay que atravesar un crique de 800 metros de longitud, que atraviesa el manglar y conecta la laguna de Los Micos con la reserva forestal Blanca Jeannete Kawas, en el municipio de Tela, Atlántida, Honduras./ Foto El Faro: Víctor Peña 

El dueño de esta plantación escondida es Salomón Urbina, un campesino de 64 años. Para encontrar las 11 hectáreas de Monchito, como le gusta que lo llamen, hay que esforzarse dentro del bosque, hasta dar con uno de estos parches que se van volviendo más y más comunes en el mapa vegetal de Honduras y, al mismo tiempo, en el mapa de su corrupción. El parque Kawas tiene una extensión de 79,381 hectáreas y, pese a que la ley lo prohíbe, alberga 3,478 hectáreas de palma. Los árboles ya llevan 30 años aquí, junto a Monchito, que se entretiene con una de sus mascotas: Serafín, un mono capuchino al que mantiene encadenado.

Honduras no quiere bosque, quiere aceite de palma. Entre 2004 y 2017, la superficie de palma africana (Elaeis guineensis) se duplicó en el país, pasando de 69,000 hectáreas a cerca de 150 mil hectáreas, el tamaño de la ciudad de México. El presidente Juan Orlando Hernández prometió a inicio de su gobierno, en 2013, duplicar  los cultivos, así como la cantidad de plantas procesadoras, que en este momento son 15.

No le importa a Honduras, ni a su presidente, el efecto contaminante y depredador de la palma, que a Europa parece indignarle. En junio de 2015, Segolene Royal, entonces ministra de Ecología de Francia, pidió boicotear la popular crema Nutella, quizá uno de los más representativos productos hechos con aceite de palma y sus derivados, como un mensaje político en contra de explotaciones como la del parque Kawas. “El creciente número de cultivos de aceite de palma es perjudicial para el medio ambiente porque lentamente ha reemplazado a otros árboles”, dijo entonces Royal. Si usted va ahora mismo a su alacena o a su baño seguramente encontrará productos hechos con palma: margarina, helado, chocolates, papas fritas, champú, jabón…

                          Gráfico de la evolución del crecimiento de cultivo de palma en Honduras

Tela, donde está el parque Kawas, es pionera en el cultivo en Honduras. Fue al jardín botánico Lancetilla, en el mismo municipio, donde en 1927 llegó, extraña, la primera planta de palma africana.

Un siglo después, espoleados por la política gubernamental, los productores se expanden y buscan nuevos terrenos para sembrar. Muchas veces no importa si son de ellos, o si están en una ladera o, a la orilla de un riachuelo en medio de un parque nacional, como el de Monchito.

Monchito es habitante de la aldea Cola de Mico, dentro de la reserva forestal Blanca Jeannete Kawas, en Tela, Honduras. Monchito es un veterano de 64 años, que ha pasado 30 años de su vida cultivando palma dentro de una reserva forestal, con permiso del Estado. / Foto El Faro: Víctor Peña 

Dejar la siembra de palma a discreción del productor genera  problemas. En El Progreso, la palma en las montañas ha contribuido a que un río casi se seque, desabasteciendo de agua a toda la ciudad. La comunidad garífuna de Miami -la de Honduras, no de Estados Unidos – ya sufre los riesgos de la pérdida de  seguridad alimentaria, un mal que especialistas pronostican para todo el país por el monocultivo de palma. En Atlántida, al norte del caribe hondureño, las reservas forestales pierden terreno. Y las personas que denuncian esto lo hacen en un país catalogado como el más peligroso del mundo para los defensores ambientales.

En Honduras hay al menos 7,000 hectáreas de palma sembradas en parques nacionales, de acuerdo con esta investigación. Al menos la mitad de ellas está en el Kawas. Los productores son personas como Monchito: campesinos que le apuestan al monocultivo de moda en Honduras en tierras propias y ajenas. Como Monchito, en Kawas, Ramiro en el terreno adyacente, o Israel Maldonado en El Astillero, Elías Espinoza en Pagoales, Rufino Orellana en la aldea Miscely y… Hasta ellos llega una industria que en 2014 significó 317 millones de dólares, colocando a Honduras como octavo en exportaciones a nivel mundial y a la palma como su cuarto principal producto de exportación.

Cuando en 1994 el Congreso de Honduras declaró esta área de 97,000 hectáreas como zona protegida, Monchito ya estaba aquí. El decreto de creación del parque hizo 157 excepciones para personas que tenían tierra en el área. El acuerdo era que podían seguir residiendo en el parque, e incluso cultivando. Los abogados llaman a estos acuerdos contratos de usufructo.

“Lo que falta es regular cada uno de los contratos de usufructo, individuales”, dice Nelbin Bustamante, de la fundación Prolansate, que es co-administradora del Parque Kawas, junto con el estatal Instituto de Conservación Forestal (ICF). Pero esto es Honduras, entonces los contratos no están regulados y cada quien hace lo que quiere. “A don Salomón le deberían decir: usted tiene esta plantación y en tanto tiempo ya no puede volver a sembrarla, o si puede sembrarla tiene que ir recuperando”. Recuperar el uso agrícola en áreas forestales es una obligación del Estado, según el artículo 94 de la Ley Forestal hondureña.

Recuperar además tiene otro sentido cuando se trata de palma. Sus raíces crecen horizontalmente, a unos 50 centímetros de la superficie, y forman una especie de tapete bajo tierra. Ese crecimiento impide su coexistencia con otras especies. Los ambientalistas y expertos entienden esto. Los campesinos, en cambio, se decantan por el rentable negocio de la palma, sin detenerse a pensar en los riesgos para la biodiversidad o incluso la seguridad alimentaria. Ellos dejan de sembrar maíz, frijol o plátano por sembrar palma. En la carrera por la tierra, las especies nativas de los bosques tropicales hondureños van perdiendo contra la palma por una diferencia apabullante.

En 2015 el precio de la palma era de unos 40 a 60 dólares por tonelada, pero en 2016 el promedio fue de unos 108 dólares por tonelada. Un cultivo de palma puede llegar a producir entre 18 y 20 toneladas de fruta por hectárea, anualmente, según datos de la Asociación Nacional para el Fomento de la Agricultura Ecológica (ANAFAE). Al precio con el que cerró 2016, Monchito bien podría recibir unos 23,000 dólares anuales por sus 11 hectáreas sembradas. Pero él explica que la producción escasea entre noviembre y marzo, cuando recoge entre cinco y seis toneladas cada 15 días. El pico de la producción es durante junio y octubre, donde calcula que su producción se duplica.

El debate ambientalismo versus desarrollo es ajeno a los productores. Para ellos la palma los beneficia más que cualquier otro cultivo. Monchito solo se encoge de hombros cuando se le pregunta si la palma daña el ambiente.

Tres empresas controlan el 61 % de la producción de aceite en el país: Corporación Dinant, Grupo Jaremar y Aceydesa. En teoría, la ley prohíbe a las empresas comprar fruta producida en terrenos no habilitados, pero en la práctica la ley no existe. Monchito muestra en su celular un mensaje recibido un día antes. “Grupo Jaremar y Agrotor avisa a sus productores que a partir del 2 de diciembre el precio de la tonelada de fruta sube Lps. 150”.

El reparto del mercado de aceite de palma en Honduras.

Monchito hasta tiene un código de identificación y un acuerdo muy conveniente con Jaremar. En vez de que sea él quien lleva la fruta hasta la fábrica, Jaremar envía empleados a recogerla, le pesa la fruta y le transfiere el pago a su cuenta bancaria. La demanda del fruto es tan grande que incluye servicio a domicilio. Para Monchito, que solía ser ganadero, no hay comparación posible. “Si me roban la vaca me arruinan la vida. La palma es mejor negocio”, dice. Muchas personas han usado la misma lógica: La Prensa reportaba en 2013 una disminución de un 40 % de la producción ganadera en el norte de Honduras. Los ganaderos aspiran a ser palmeros.

La fiebre por la palma inunda el Atlántico hondureño. Los autos en la carretera esquivan un camión que transporta el fruto y luego otro y otro… La estación de bus es cortesía de Hondupalma. La venta de pollo frito se llama El Palmar; el hotel, Las Palmas. Hasta el escudo episcopal de la diócesis de Yoro, departamento de la costa hondureña, incluye una palma africana en primer plano, con montañas que representan las reservas forestales al fondo.

El riachuelo es la única manera de salir y entrar de este terreno en el que Monchito seguirá sembrando palma dentro de una reserva forestal. Ver este lugar ayuda a comprender por qué los bomberos no pudieron llegar hasta aquí cuando el bosque se incendiaba. Cuando se le pregunta por el siniestro, Monchito lo minimiza. “Eso toda la vida se ha quemado. Hasta 15 días se mantenía prendido ese boquerón. Hoy solo fueron cuatro”, dice.

Bosque en llamas

A finales de marzo de 2016, un incendio provocado devoró 219 hectáreas del Parque Kawas. El incendio duró cinco días y comenzó cerca de la Laguna de los Micos. Las autoridades encontraron combustible, machetes y palma africana recién sembrada, de unos cinco meses de edad. Alguien quería seguir sembrando adentro del Kawas y decidió prenderle fuego al bosque.

Cuando el incendio fue detectado, el Estado se movió lento para detener las llamas. Así lo recuerda Francois Philippe Ligeard, un regidor del partido liberal en el municipio de Tela. Ligeard parece más ambientalista que político.

Los manglares impedían el paso a las motobombas, el gobierno no aparecía, Ligeard estaba desesperado. Pidió ayuda a la fuerza de tarea Bravo, destacada en una base militar con un nombre a priori: “palmerola”, ubicada en el municipio de Comayagua, a 200 kilómetros de Tela. Aunque ellos querían ayudar, no podían acatar órdenes de una municipalidad. Ligeard buscó al Comité de Protección Civil de Honduras, y a la milicia. Al segundo día le informaron que el incendio no podía controlarse con un solo helicóptero. Hasta el tercer día el gobierno pidió ayuda a los estadounidenses.

—Entonces, cuando le dan la luz verde a los gringos, mire, cayeron como de película. Dos (helicópteros) chinook, dos Black Hawk. Después se sumó otro chinook más- recuerda Ligeard mientras busca en su computadora videos y fotos de la operación.

El presidente prometió capturas, pero un año después no ha habido ni una. Nadie sabe quiénes provocaron el incendio, pero toda Honduras supo qué querían.

 La palma africana es muy rentable. Y lo es más si usted siembra en un terreno que no le costó un peso. Muchas siembras ilegales son hechas por terratenientes y muchos de estos terratenientes trabajan para políticos, para gente del gobierno o incluso para narcotraficantes”, dice Ligeard.

La última de las sospechas no es gratuita. Por la Atlántida está uno de los corredores más importantes de la droga que desde Suramérica hace escala en el caribe hondureño, antes de saltar hacia Estados Unidos. Las autoridades ya han detectado pistas clandestinas para avionetas cargadas con droga en medio de las plantaciones de palma.

Días después del incendio, cuando Ligeard presentó la denuncia por el siniestro en la Fiscalía, un hombre se le acercó en el embarcadero de Tela. “Me dijeron que me calmara, que no me metiera mucho a pedo porque iba a terminar como Jeanette Kawas”.

A Jeanette Kawas la asesinaron el 6 de febrero de 1995, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que condenó a Honduras en 2009 por este crimen. Kawas  se oponía a la siembra de palma en áreas protegidas y a la tala ilegal de bosque. Es conocida como la primera mártir ambiental de Honduras. El Parque Kawas lleva su nombre porque la CIDH obligó a Honduras a aplicar algunas medidas de reparación tras su crimen.

Otra de las medidas, que se aplica a cuenta gotas, es el apoyo para el funcionamiento y protección del parque. Alba Ocampo, jefa regional de la ICF en Tela, explica que según su plan de manejo debería tener a 23 empleados en el parque, pero el presupuesto da solo para dos personas, dos vehículos, dos lanchas y una motocicleta para un parque de 79 mil hectáreas.

En 2016, Honduras destinó $203 millones de dólares al ICF, algo así como el 0.4 % de  su presupuesto general. Con ese dinero, la oficina tiene que arreglárselas para la administración de otro centenar de áreas protegidas en todo el país. En el Kawas, la fundación Prolansate –fundada por la ambientalista mártir- siempre está en busca de proyectos para financiarse, pero es inútil. El último proyecto buscaba reactivar el cobro de la entrada para los turistas ($5 para extranjeros, $1 para hondureños), pero fue bloqueado. Una de las entradas al parque conecta con Indura, un lujoso resort de playa y club de golf en el caribe. El presidente Juan Orlando Hernández alegó que el peaje a los clientes de Indura estaba “deteniendo el turismo”. En la versión de la alcaldía de Tela, el reclamo no vino de JOH, sino de los ejecutivos de Indura. El caso es que el cobro se detuvo y el sostén del parque también. Elbin Bustamante, de Prolansate, se sintió frustrado. “Es como un doble discurso. ¿Contra quién estamos luchando?”, se pregunta.

Atlántida feudal

Para llegar a Pagoales, a la casa de Elías Espinoza, hay que cruzar un  interminable cultivo privado de palma africana. Ese terreno es del Grupo Jaremar, la empresa de René Morales, un terrateniente que controla un cuarto de la producción total de aceite de palma en Honduras. Como la palma se siembra de manera simétrica y equidistante, si uno no está acostumbrado es fácil desorientarse.

Elías Espinoza da de comer a sus gallinas, en su vivienda sumergida en un mar de palma africana, cerca de la fabrica CAICESA, propiedad de Grupo Jaremar./ Foto El Faro: Víctor Peña

Elías cultiva palma en 38 de las 89 manzanas de su terreno, pero también cultiva maíz y también siembra plátano; cuida a los cerdos y ordeña a las vacas; mata serpientes barba amarilla; mantiene la única ambulancia de la zona: su pick up; transporta a los heridos de serpientes que no pudo matar, a veces al hospital, a veces donde una curandera. Elías también es una especie de representante que aboga por la comunidad ante Jaremar. Por ejemplo, negocia con la empresa para que la comunidad tenga energía eléctrica.

Pagoales es uno de estos territorios pobres en los que el Estado ha delegado el desarrollo de las comunidades a empresas privadas. En el reino de la palma, la industria gobierna. La producción de palma se traduce en réditos económicos (exportaciones, impuestos, generación de empleos) y en capital político, cuando los partidos o el presidente hablan de crecimiento económico y combate a la pobreza. A cambio, las empresas obtienen un amplio margen de maniobra y controles muy laxos en el terreno. El residuo de esta operación lo cargan pobladores de comunidades como Pagoales, donde viven 200 personas en un radio de tres kilómetros. El resultado son esquemas de vida feudales, en donde el suministro de servicios básicos queda a merced de la buena voluntad empresarial. Jaremar tiene una planta de procesamiento, pero los vecinos no tienen energía eléctrica.

“El gobierno abandonó las inversiones en el área rural desde hace años”, explica Celso Flores, un fiscal de agua de la localidad. Elías Espinoza ha negociado durante años para que la comunidad tenga electricidad, sin la cual es como si vivieran como en el medioevo. Para averiguar por qué no hay electricidad las preguntas se dirigen hacia la empresa palmera de la zona, no a la alcaldía.

La comunidad quiere la conexión al sistema de cableado eléctrico cerca de la planta Jaremar, donde termina la red de postes y cables. Jaremar se niega y propone un lugar que está alejado unos dos kilómetros. Según Israel Laínez, gerente administrativo de la planta, la oposición no es malintencionada. Él asegura que conectarse a la red eléctrica que alimenta a la planta les daría energía a una tarifa industrial, más cara, y al mismo tiempo penalizaría a la empresa, porque está prohibido por ley utilizar energía para residencias cuando está destinada a la industria. Para Espinoza es cuestión de voluntad: de la empresa y del Estado. “Yo he ido a otras partes del país y quedo admirado: Hay aldeas que son más remotas y hay energía eléctrica. Y en estas aldeas que están más cerca, no hay”, dice.

Quinel por donde corren las aguas risiduales de la fabrica de extracción de aceite, CAICESA, cerca de la comunidad de Pagoales, en el municipio de San Francisco, departamento de Atlántida, Honduras. La empresa CAICESA pertene a Grupo Jaremar, empresa que controla la cuarta parte de la producción de palma en Honduras./ Foto El Faro: Víctor Peña

Quizá algo cambie pronto. Honduras busca una certificación internacional RSPO (la Mesa Redonda para la Sostenibilidad del Aceite de Palma, por sus siglas en inglés) para toda su producción, pero solo algunas empresas lo han conseguido. Las reglas de la certificación indican que “se deben demostrar las contribuciones al desarrollo local basadas en los resultados de consulta con comunidades locales”. Además, las propias reglas de Jaremar lo comprometen a “contribuir al desarrollo económico y social de los lugares donde operamos”. Laínez explica que Jaremar solo daría permiso a que la comunidad derribe palmeras para realizar el proyecto de alumbrado, pero no ayuda económica. “En la responsabilidad social empresarial tenemos otros pilares y no se enfoca necesariamente en ese tipo de ayuda”, dice Laínez. Para eso la comunidad tendría que hacer otro proceso y una solicitud formal, sujeta a aprobación de la dirección de la empresa.

El gran terrateniente sigue vivo

El modo de vida finquero también tiene otras expresiones modernas. Hasta mediados de  los 40, a los trabajadores de las fincas de los países del Triángulo Norte centroamericano (Guatemala, Honduras y El Salvador), se les pagaba con monedas acuñadas con el nombre de la finca y que solo tenían valor en la finca. En 2017, esta práctica todavía sucede en la comunidad El Astillero, en la Atlántida. La finca en cuestión es la planta Leán de la Corporación Dinant.

Dinant es la empresa palmera más grande de Honduras, con un 28.5 % del mercado y tres plantas procesadoras. El 8 de marzo de 2017, el Gobierno entregó dos premios a Dinant por ser ‘el mayor exportador’ al resto del mundo. “Agradezco al presidente Juan Orlando Hernández por promover las condiciones económicas que han permitido a Dinant lograr un importante éxito nacional e internacional”, dijo el presidente ejecutivo de Dinant, Mauricio Facussé, heredero del emporio del otrora gran terrateniente hondureño: Miguel Facussé, fallecido en junio de 2015, a los 91 años. Las opiniones sobre el terrateniente son diversas. Hay quienes lo recuerdan como el visionario creador de un imperio de productos alimenticios y de limpieza que llevan en su ADN el aceite de la palma en Centroamérica, México y Colombia. Otros lo tildan como un capitalista despótico, el “tío Mike”, pues uno de sus sobrinos fue presidente de Honduras entre 1998 y 2002. También se le acusa de ordenar el asesinato o la desaparición de unos 150 campesinos en un conflicto de tierras palmeras entre Dinant y los campesinos organizados del valle del Aguán. Dinant rechaza esa acusación de manera rotunda. Sucede con Facussé un fenómeno extraño en Honduras: se habla de él como si estuviera vivo.

Un cayuquero traslada a un habitante por el río Leán, en Atlántida, Honduras. El joven cayuquero asegura que los habitantes han decidido no bañarse río abajo debido a la contaminación que causa una planta procesadora de Dinant, una de las principales productoras de aceite de palma. / Foto El Faro: Víctor Peña 

“Él es el que tiene rodeado de palma. Nos tiene asfixiados”, dice Alejandrina Aguilera, 39 años, catequista en la comunidad El Astillero. Aguilera es una ambientalista sin la protección que da un cargo oenegero. Ella ha asumido la complicada posición de denunciar los abusos ambientales y laborales en una comunidad que cohabita con una planta de Dinant cercana al río Lean. Su esposo trabaja como guardia de la planta Dinant, pero eso no le genera conflictos.

Aguilera es la que describe la versión moderna del modelo finquero. Ella cuenta el caso de un joven, con dos hijos, empleado de Dinant por 1,400 lempiras, unos $60 a la semana. Hay semanas en las que ese emplado solo recibe tres lempiras, unos 13 centavos de dólar.

“Dinant tiene una tienda de consumo, y ahí supuestamente les dan más barato y les dan el producto de la empresa. O sea que ahí el mismo dinero del empleado le vuelve a quedar a la empresa”, denuncia Aguilera. La catequista aconseja a ese empleado para que no compre en esa tienda, pero el trato es opcional y la decisión personal.  

Desde noviembre de 2016, este periódico gestionó una entrevista con Roger Pineda, vocero de Dinant, sin éxito. El 8 de febrero se envió un correo electrónico a Pineda para preguntar por esta práctica, pero a la fecha no ha habido  respuesta.

Vivir en El Astillero implica aprender a memorizar las épocas en que el Leán se desbordará, algo que Aguilera asegura no pasaba hace 20 años. Las temperaturas han aumentado debido a la deforestación de especies nativas. Ocasionalmente, el viento trae un olor que Aguilera solo atina a describir como “tener heces en la nariz”. Aguilera culpa a la palma.

“Aquí nadie denuncia porque aquí tienen un método de dejar rojo a las personas”, asegura Aguilera. Dejar rojo: hacer que una persona no sea elegible para tener un trabajo en la empresa. En la práctica, es casi una condena a la inanición en un mercado laboral tan limitado.  A su esposo lo dejaron rojo cinco años, antes de que lo perdonaran. Sobrevivieron sembrando hortalizas, y de la ganadería. Y con ello otro resquicio del sistema feudal: la empresa alquila terrenos.

La empresa deja porciones de tierra libres de palma, terrenos que suelen inundarse cuando el río Leán se desborda, zonas dañinas para la palma. “No hay nada de tierra libre. La fiscalización es tal que los guardias reportan si alguien no tiene permiso de sembrar, y la oficina local ejecuta los cobros”, denuncia Aguilera.

Usos de la tierra como los de El Astillero afectan la seguridad alimentaria, denuncia Octavio Sánchez, el coordinador de ANAFAE. Sánchez cree que la agresiva política de expansión de palma es contradictoria con las necesidades de la población. Mientras el 70 % de la palma es exportada, “hay cultivos que son fundamentales para la dieta del hondureño como maíz y frijoles que apenas cubren la demanda nacional”. En el caso del maíz, Sánchez dice que el 50 % de la demanda interna es cubierta con importaciones estadounidenses. “Es una lógica que no tiene sentido”, dice.

Hablar en contra de una de las industrias más fuertes en Honduras puede ser peligroso. Sobre todo en este país acostumbrado a matar a sus ambientalistas. Una investigación de Global Witness revela que 123 ambientalistas han sido asesinados en Honduras desde 2009, Berta Cáceres la más famosa de esa lista. Pero la sangría empezó mucho antes. Basta recordar que Jeanette Kawas, en 1995, fue la primera.

Alejandrina Aguilera se sabe marcada, sobre todo porque su denuncia ha sido escuchada por representantes de las Naciones Unidas o del Banco Mundial, institución que ha financiado los proyectos palmeros de Dinant. Cuando se le pregunta si teme por su vida, ella responde con una broma: “Me dice mi esposo: ‘no ande hablando mucho que la van a matar. Si la mataran a usted sola… pero nos van a matar a todos’. Ja ja ja”.

El principal opositor de Aguilera es uno de sus vecinos.  “Usted no hable mucho, porque entonces va a perder el trabajo su esposo”, le amenazó alguna vez Reinaldo Huete, el hijo de uno de los últimos opositores  de los terratenientes de El Astillero.

El rebelde que claudicó

En 1991, Felipe Huete, el padre de Reinaldo, fue asesinado junto a otras cuatro personas por reclamar su derecho a la tierra. Huete y sus compañeros integraban el grupo El Astillero, desde 1977 propietario legal de las tierras  por las que se volvieron mártires, según un informe de Human Rights Watch. Los terrenos de El Astillero habían pasado por una serie de transferencias ilegales hasta que llegaron al poder del coronel Leonel Galindo. Frustrados por esas maniobras amparadas por el Estado, Huete y sus compañeros irrumpieron en los terrenos en disputa para forzar una negociación con el Instituto Nacional Agrario (INA). “Decidieron invadir porque vieron que no iban a recuperar por vías legales”, dice Reinaldo Huete, testigo ocular de la masacre.

Reinaldo Huete es supervisor de calidad de la la fabrica de extraccción de aceite de palma africana Dinant, en el valle de Leán. Reinaldo abandonó la lucha de su padre por necesidad, para sacar adelante a su familia, dice. Él gana unos 640 dólares al mes incluidas las horas extras, que le sirven para darle educación y alimentación de calidad a sus hijos. / Foto El Faro: Víctor Peña

Un batallón del ejército liderado por Galindo ejecutó a los campesinos. Este crimen, como es costumbre en Honduras, está impune.

Treinta años antes de la masacre de El Astillero, en 1962, el gobierno hondureño había promulgado la Ley de Reforma Agraria. Esta ley permitía el uso de tierras nacionales para cultivos, y una década más tarde fue reforzada con otra ley que prohibió a las cooperativas vender las tierras adjudicadas. Esas leyes impedían la concentración de tierra en pocas manos. En 1991, cuando asesinaron a Felipe Huete, Honduras preparaba la contrarreforma agraria de 1992, un proceso en el que muchos de los campesinos se quedaron sin sus tierras (vendiéndolas, o siendo despojados de ellas con maniobras oscuras). Una decisión política neoliberal para promover la inversión empresarial.

Fueron esas maniobras amparadas por el Estado las que permitieron la actual distribución del mercado de la palma africana en Honduras. Un 0.5 % de los productores –los grandes- controlan la mitad  (casi el 46%) de la palma sembrada, según estimaciones del Gobierno. Algunas cooperativas, como Coapalma y Hondupalma, sobrevivieron a la contrarreforma y controlan ahora un 19 % de la producción de aceite. Lo hacen, además, sacando pecho de su modelo de sostenibilidad.

Esa contrarreforma devino en una estrategia nacional: el negocio de la palma como salvoconducto al desarrollo. Las empresas han sabido evangelizar a los agricultores, prometiendo bonanzas, tesoros, creando hordas de palmeros. Aquellos que no logran entrar al negocio se asfixian. Eso le pasó a Reinaldo Huete, el rebelde que claudicó.

Representación de la muerte del líder campesino Felipe Huete, quien fue asesinado el 3 de mayo de 1991, durante la contrareforma agraria de Honduras, que puso en conflicto a campesinos y terratenientes. La comunidad está ubicada a 100 metros de la planta procesadora de Dinant, ubicada a las orillas del río Lean, en el Valle de Lean, municipio de Arizona, Atlántida, Honduras. / Foto El Faro: Víctor Peña

Así como la palma impide que otros cultivos crezcan cerca de ella, la economía palmera complica la existencia a aquellos que pretenden vivir al margen. Agobiado por las deudas, porque el cultivo de cualquier otra planta que no sea palma africana no produce beneficios ni sustento, en octubre de 2010 Reinaldo terminó trabajando para un terrateniente. Desde hace seis años es supervisor para Dinant en El Astillero. Dinant había conquistado a un líder comunal.

“Medio mundo sabe que no va a salir adelante haciendo agricultura”, dice. Él recuerda con agrura su última cosecha de maíz. Usa los dedos de las manos para hacer cuentas. “Salí para atrás. Aquí es bueno para sembrar maíz, pero mercado no tenemos, entonces estamos fregados”,  dice.

Hoy Reinaldo ataja cada balón que Alejandrina Aguilera, la catequista, dispara. Cuando ella denuncia que las plantaciones de palma han elevado la temperatura, por la devastación del bosque natural, Reinaldo dice que solo se han cambiado los potreros por palma, pero que “siempre está verde”. Cuando la ambientalista denuncia que la deforestación ha incrementado los desbordes del río Leán, Reinaldo responde que eso siempre ha sucedido. Si la catequista menciona que hay un mal olor en la comunidad, Reinaldo dice que mal olor siempre ha habido, solo que antes era de ganado, y ahora proviene de un sistema de fertilización y riego que, aunque huela mal, está certificado.

En el río Leán, en el Valle de Leán, una sustancia viscoza se mezcla con las aguas del río. La sustancia proviene de un quinel de la planta Dinant, ubicada en la comunidad El Astillero, municipio de Arizona, Honduras./ Foto El Faro: Víctor Peña

En la arenilla que hay a la orilla de un riachuelo contiguo a la planta Dinant se forma una emulsión brillante, una mezcla viscosa que se asemeja al agua con aceite.  Carlos, un cayuquero de 16 años, dice que la comunidad ha renunciado a bañarse río abajo por la contaminación. Pero Reinaldo lo niega todo. “Aquí no hay ninguna cuestión que se tire al río”, dice, antes de plantear que quizá aquella emulsión era aceite expulsado por la fruta que se agolpa en los camiones transportadores. Cuando se le pregunta por el humo blanco que la planta expulsa, dice que la caldera se ha profesionalizado con miras a la certificación, de forma que eso es “humo purificado”. La plática con Reinaldo se diluirá en un discurso de buenas prácticas empresariales y de cómo Facussé “no es el monstruo explotador” que muchos creen.

—Si su padre viviera, ¿qué cree que le diría?

—De repente, viéndolo desde aquí al tiempo, me diría que por qué vendí la tierra.

—¿Se lo reclamaría?

—Yo le diría a él que qué hago entonces con la tierra si no voy a producir para mantener a mis hijos. Si yo me quedo con la tierra, no pongo a estudiar a mis hijas.

El Progreso sin agua

Hay una caseta de peaje en San Manuel, entre San Pedro Sula, considerada la ciudad más importante de la economía hondureña, y El Progreso, la primera estación de la ruta palmera antes del litoral Atlántico. Los hondureños denuncian que los peajes son ilegales, pero el gobierno defiende los socios público- privados que los administran. La decisión final está en manos de una Corte Constitucional que ya permitió al presidente Hernández reelegirse, aunque la Constitución lo prohibía. Mientras tanto, en la caseta de San Manuel ocurren pequeños actos de rebeldía a diario. Arengados por activistas con altavoces y micrófonos, miles de conductores se saltan a la fuerza el pago de 19 lempiras (casi un dólar).

Honduras es un país lleno de gente que, si puede, se saltará las trancas impuestas por el Estado. Lo hacen los conductores que atraviesan el peaje de San Manuel, lo hacen las grandes empresas palmeras y los pequeños productores expandiendo las fronteras de sus cultivos. Lo hace el Estado con sus jueces y fiscales ambientales pasivos, los gobiernos municipales permisivos, todo con la justificación de incentivar una industria que produce cientos de millones de dólares. Pero llega un punto en que, de tanto empujar y saltar trancas, el equilibrio se rompe. Así es que El Progreso se está quedando sin agua.

El Progreso descansa bajo la sierra Mico Quemado, un área protegida desde 1994. Enrique Gámez Panchamé, aliado de la Fundación Mico Quemado, es uno de los que mejor conoce las condiciones de la sierra. Este hombre de 75 años es dueño del hotel Casa Blanca y es un ambientalista empedernido que viste como un guardabosque.

Gámez Panchamé recita las especies de árboles que poblaban las montañas de Mico Quemado cuando él era un niño: “teca, el indio, eso abundaba allá, el caoba…”. Recita de memoria más de diez especie nativas antes de revelar su principal preocupación. El río Pelo, que abastecía a la mitad de los progreseños,  ha perdido el 80 % de su caudal. “Progreso se ha visto obligado a hacer perforaciones en el valle para poder sobrevivir. Ahora estamos alimentándonos en más del 60 % del agua que consumimos de pozos subterráneos”, dice.

La Fundación Mico Quemado atribuye el problema a la deforestación: hay 69 comunidades viviendo en la sierra, unas 40 mil familias. Se talan árboles para ocupar leña, para crear pequeños cultivos y, por supuesto, para sembrar palma africana. La sierra Mico Quemado, una zona productora de agua, no soporta la carga palmera: una planta adulta puede consumir entre 25 y 30  litros al día y genera condiciones para la erosión. El gobierno hondureño lo sabe. En 2014, el presidente Hernández ordenó militarizar la montaña para detener la tala. Dos años después, en un recorrido de cuatro horas por la sierra no encontramos a un solo soldado.

“Nadie le va a dar un voto a un político por estar protegiendo un bosque. Ellos son felices hablando de la pobreza, tú lo sabes, es la materia prima de los políticos”, dice Gámez Panchamé.

Sembrar contracorriente

A mitad de la sierra Mico Quemado, en un sector conocido como Brisas del Norte, cuatro trabajadores cargan un camión con el fruto de la palma. Su jefe es Rómulo Guzmán, un hombre de 61 años que ya va de retirada en este negocio. Guzmán calza botas de hule, viste unos jeans desgastados, una camiseta azul y una gorra con los colores de la bandera hondureña. Se metió al negocio de la palma en 2010, cuando el precio de la tonelada de palma rozó los 180 dólares, el más alto en los últimos siete años.

Rómulo Burgos recoge junto a sus empleados el fruto de palma africana. Burgos es un agricultor de la la aldea Brisas del Norte, del municipio de Progreso, en el departamento de Yoro./ Foto El Faro: Víctor Peña 

A Rómulo le dio fiebre de palma, pero tras seis años consecutivos -sembrando 23 manzanas de palma- no contó con “el picudo”, nombre que los locales le dan a un insecto que ataca a las palmeras. Fue el picudo, y no una preocupación ambiental, lo que ha provocado su retirada. La fiebre por la palma continúa, pero a Rómulo le ha dado por sembrar cacao.

Sus mejores plantas están en unas laderas pronunciadas de la sierra. “Esto es una belleza. Estoy encantado”, dice. Vende a $1.60 la libra de cacao. Una persona puede cosechar mil libras en dos días. Dice que la siembra de cacao es más fácil que la palma, menos peligrosa, la planta está menos propensa a las enfermedades. Lo último en su lista de beneficios tiene que ver con el medioambiente. “Cuando la palma colapse, ya tengo la tortilla segura. Yo no quiero llegar a viejito con bordón y no tener nada. Mejor ahorita que todavía puedo luchar”, dice Rómulo.

Mientras avanzamos hacia la cúspide de la sierra, nuestro guía de la Fundación Mico Quemado se entretiene con Rómulo en una charla sobre buenas prácticas ambientales para sembrar cacao. Nosotros recordamos el augurio que depara a agricultores como Rómulo aquel ambientalista empedernido del hotel Casa Blanca.

“Tiene que haber una política de Estado, que involucre inversiones considerables y educación para la gente que vive en esas zonas. ¿Cómo les vas a decir que no sigan destruyendo? ¿De qué van a vivir?”, nos había dicho Gámez Panchamé, antes de despedirnos. “El cacao es atractivo, pero esa gente no sabe cómo cultivarlo, no tienen la materia prima, no tienen la semilla certificada, no tienen nada”, había dicho.

Desde la cima de la sierra se observa un tapete verde que lo cubre casi todo. Las plantaciones de palma solo son interrumpidas al fondo por una franja azul interminable. Es el Caribe. Hasta ahí no llegará la palma, a menos que los hondureños encuentren la forma de sembrarla en el océano.