Tegucigalpa, Honduras. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), condenó la muerte de 46 mujeres privadas de libertad al interior de la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación (PNFAS), ocurrida el 20 de junio en Honduras.
Un hecho que ha conmocionado a nivel nacional e internacional, y que de acuerdo con defensores de derechos humanos se considera un feminicidio de lesa humanidad, que además representaría acciones legales en contra del Estado de Honduras.
Las 46 mujeres privadas de libertad Murieron calcinadas y acribilladas, hecho que se ha convertido en una de las peores tragedias carcelarias en Honduras y que trajo a la memoria el incendio ocurrido en 2012 en la granja penal de Comayagua en el que murieron 360 privados de libertad.
“La Comisión urge al Estado hondureño a adoptar medidas inmediatas y efectivas, con perspectiva de género, para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de las mujeres bajo custodia, y garantizar la no repetición de los hechos”, señala la CIDH en el comunicado.
El sistema penitenciario de Honduras, registra una larga lista de terribles acontecimientos de violencia generados especialmente por un hacinamiento extremo, producto de la lentitud en el sistema judicial y el autogobierno de las organizaciones criminales, maras y pandillas, que datan desde el 2002.
Situación advertida en varias ocasiones por la CIDH, en la última visita desarrollada en abril, alertaron sobre los posibles conflictos a lo interno de PNFAS, sin embargo, de acuerdo con analistas, si el Estado de Honduras hubiesen tomado en consideración las recomendaciones, esta tragedia se pudo haberse evitado.
Karen Valladares, coordinadora nacional de la organización Cristosal, es de la opinión que Estado, ante las recomendaciones y las advertencias de un conflicto al interior de PNFAS “quedaron sordos, ciegos y mudos. No se hubo una preocupación real, y hacer las pesquisas para haber tomado las medidas necesarias para evitar esta tragedia humana”.
Además, señaló que desde las autoridades no hay una respuesta real a los familiares de las víctimas. “hasta el momento no tenemos una respuesta directa hacia las familias que tanto lo requieren para tener acceso a la justicia y al debido proceso”.
Para Mirna Flores, especialista en materia de seguridad, del Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), el hacinamiento es uno de los factores que crearon conflictividad al interior de la cárcel de mujeres, porque “no había condiciones para tener a tantas mujeres y sobre todo a mujeres de organizaciones rivales muy violentas. Lo que hace el encierro es generar más violencia”.
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TRAGEDIAS COMO LA DE PNFAS SE ESPERABAN
El Estado al no tener un control a lo interno de los centros penitenciarios, pese a haber recibido una serie de recomendaciones por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto comisionado de las Naciones Unidad para Derechos Humanos (OACNUDH), analistas consideran que este tipo de tragedias generadas por amotinamientos son predecibles.
Cesar Muñoz, director asociado de la División de las Américas de Human Rights Watch, señaló que “la matanza en Támara revela la fuerza de los grupos criminales dentro del sistema penitenciario”.
La situación del sistema penitenciario fue advertida por la CIDH en su visita in loco a Honduras, desarrollada del 24 al 28 de abril de 2023.
La CIDH en su informe de observaciones preliminares, detalla que recibió información preocupante al respecto que indica que las cárceles se caracterizan por: corrupción, lo que ha facilitado el ingreso de armas de alto calibre; autogobierno y pérdida del control total por parte del Estado especialmente de los centros de máxima seguridad; y falencias en materia de seguridad derivadas principalmente de una insuficiencia en el número de personas encargadas de la custodia, y escaso equipamiento de seguridad.
Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, comentó “la corrupción y el hacinamiento que asolan las prisiones del país eran señales de que una tragedia como la de la cárcel de Támara podía ocurrir”.
Además, Cesar Muñoz, dijo a Criterio.hn que dentro de las medidas necesarias que el Estado de Honduras debía adoptar incluía un plan amplio de reducción del hacinamiento con las acciones sugeridas por la propia CIDH, de igual manera, enfatizó que las acciones debían estar orientadas a “una mejora inmediata de la seguridad interna e investigación de los casos de corrupción al interior de la prisión”.
Con esta tragedia ocurrida al PNFAS, deja entrever que el Estado no toman en consideración las recomendaciones de la CIDH y otros organismos internacionales.
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RECOMENDACIONES DE LA CIDH SOBRE PNFAS
La CIDH, en abril enumeró una serie de deficiencias al interior de PNFAS, que van desde la infraestructura, la deficiencia de acceso a la salud, agua, alimentación y escasas actividades de reinserción social.
Además, señaló que las mujeres encarceladas en la PNFAS se enfrentan a una tasa de hacinamiento del 200%; alojamiento en centros alejados de sus familias; ausencia de espacios adecuados a sus necesidades; obstáculos en el acceso a servicios integrales de atención a su salud sexual y reproductiva; y, aislamiento total derivado de la falta de capacidad del Estado de garantizar su seguridad, mismo que se extiende a sus hijas e hijos que permanecen al interior del recinto carcelario.
Según datos del Instituto Nacional Penitenciario (INP), durante la tragedia que de acuerdo con la presidenta Xiomara Castro fue “planificado por maras a vista y paciencia de autoridades de seguridad”, al interior de la PNFAS se encontraban 17 niños y 5 niñas.
Con relación a la niñez a lo interno de la PNFAS, Alba Mejía, directora del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura (CPTRT), señaló en entrevista con Criterio.hn “si las madres tienen una condición de alta vulnerabilidad por la convivencia violenta que se da en las cárceles, los niños y niñas igual”.
Además, Alba Mejía enfatizó “ellos (niñez) no deben ser castigados manteniéndolos privados de libertad, hay que renovar”.
En ese sentido, la defensora de derechos humanos informó que en mayo de este año presentaron una propuesta a la presidenta Xiomara Castro para reformar el artículo 39 del Código Penal de Honduras, que habla sobre el arresto domiciliario para que las mujeres privadas de libertad que tienen hijos menores de 7 años, puedan estar bajo la modalidad de arresto domiciliario.
En este mismo informe de observaciones preliminares, la CIDH alertó, que en PNFAS predominan en número las mujeres de la pandilla 18, ante esta situación “preocupa que las mujeres de la Mara Salvatrucha (MS) se vean forzadas a entregar a sus bebés a sus familias por temor a que les ocurra algo”.
Dos meses después de estas observaciones, Honduras vivió la peor tragedia al interior de una cárcel de mujeres, 46 mujeres asesinadas –unas calcinadas y otras acribilladas—.
