Honduras no garantiza justicia electoral: resoluciones del TJE evidencian politización y fractura interna

A 26 días para la celebración de las elecciones generales, la imparcialidad del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) se encuentra en entredicho tras una resolución que favoreció a candidatos inhabilitados [por la Constitución y Ley Electoral], desatando cuestionamientos sobre la independencia del órgano

El fallo emitido por los magistrados Miriam Barahona y Mario Flores Urrutia, sin el consenso del pleno, ha generado un sisma político y jurídico, al ser considerado contrario a la Constitución y a la Ley Electoral

Tegucigalpa, Honduras. -A menos de un mes de las elecciones generales, el ambiente de justicia electoral en Honduras atraviesa una de sus etapas más críticas. Las recientes actuaciones de dos de los tres magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), los cuestionamientos a su independencia y las acusaciones de politización han despertado preocupación entre juristas, observadores y la ciudadanía.

La controversia estalló tras una resolución del TJE, que ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) la inscripción de Jorge Cálix como candidato a diputado por el Partido Liberal en el departamento de Olancho, pese a su actual cargo como congresista por Francisco Morazán, y de Cristhian Villalobos, en ese mismo nivel electivo en el departamento de Valle. La decisión fue tomada únicamente por dos magistrados: Miriam Barahona y Mario Flores Urrutia, sin el consenso del pleno.

El fallo, considerado irregular por diversos sectores, fue calificado como una violación al artículo 198 de la Constitución y al artículo 115, numeral 10, de la Ley Electoral, que establecen los requisitos de residencia y las prohibiciones para postularse como candidato a diputado.

El magistrado, Mario Flores Urrutia, defendió públicamente la resolución, asegurando que el TJE actuó conforme al artículo 110 de la Ley General de la Administración Pública, que permite sesionar con mayoría simple. Sin embargo, la Ley Orgánica y Procesal Electoral exige la participación de los tres magistrados titulares o de un suplente en caso de ausencia.

Esa interpretación divergente ha generado un intenso debate jurídico sobre el quórum y la legalidad de las decisiones de los magistrados Barahona y Flores Urrutia.

Vea: Magistrados de la oposición del TJE avalan inscripción ilegal de Jorge Cálix

DECISIONES POLÍTICAS DE MAGISTRADOS DEL TJE, EMPAÑAN SU IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA

La abogada y defensora de derechos humanos Reina Rivera Joya calificó de “profundamente política” la resolución del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), que permitió inscripción de Cálix en papeleta de diputados en Olancho, al señalar que ese fallo supone una violación a la Constitución de la República y plantea serias dudas sobre la independencia de ese órgano.

Rivera Joya advirtió que el contenido de la resolución, además de ser cuestionable en términos jurídicos, tiene implicaciones institucionales que podrían poner en entredicho la legitimidad del proceso electoral hondureño. “La resolución misma del tribunal tiene un fondo político, profundamente político, porque es la violación a una norma constitucional”, expresó.

Durante su participación en un foro televisivo junto a la abogada constitucionalista, Karla Romero, Rivera Joya recordó que el Ministerio Público tiene competencia para investigar las actuaciones de los funcionarios públicos, incluyendo a los magistrados del TJE, si existen indicios de irregularidades.

Romero subrayó que “para eso hay una investigación, hay un procedimiento a través del Ministerio Público”, mientras que Rivera coincidió en que los magistrados no están exentos de responsabilidad.

No obstante, Rivera Joya señaló que el verdadero problema radica en la forma en que el Tribunal sesionó y tomó decisiones. “Si fueron capaces de sesionar con un pleno que no era pleno, con un pleno de dos que no es pleno, y además emitir una resolución contraria a la Constitución, eso asusta a la población hondureña”, enfatizó.

La abogada explicó que la Constitución es clara en cuanto a la incompatibilidad de ciertos cargos, como el de diputado, y que los magistrados del TJE no pueden ignorar normas fundamentales. “Solo se ocupan dos dedos de la mano para saber la incompatibilidad entre ser diputado por Francisco Morazán y el periodo de cinco años que establece la Constitución”, comentó.

Por su parte, el jurista y exinvestigador de la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Alex Navas agregó que el fallo podría estar motivado por intereses ajenos a la ley.

“Se presume que esa sentencia fue vinculada con un conflicto de interés, un interés político”, afirmó, sumándose a las críticas sobre la falta de transparencia y las presiones partidarias que rodean las decisiones de los magistrados del TJE.

Las declaraciones de los analistas se producen en un contexto de creciente preocupación por la imparcialidad de las instituciones electorales hondureñas, especialmente ante las elecciones generales de 2025, en las que la confianza ciudadana será clave para evitar una crisis de legitimidad.

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INVESTIGACIÓN Y SOLICITUD DE ANTEJUICIO POR RESOLUCIONES AL MARGEN DE LA LEY

Un día después de la resolución aprobada por los magistrados del TJE [Miriam Barahona y Mario Flores Urrutia], el 29 de octubre de 2025, fiscales de la Unidad de Delitos Electorales del Ministerio Público y agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), realizaron un allanamiento en las oficinas del TJE.

Durante el operativo, las autoridades secuestraron actas de asistencia, resoluciones de pleno y documentación interna, en busca de evidencias sobre posibles irregularidades en la actuación de los magistrados Barahona y Flores Urrutia.

El 30 de octubre, tres empleados del tribunal fueron citados por el ente acusador para rendir declaración sobre la denuncia presentada por el magistrado Mario Morazán, quien cuestionó la legalidad de los plenos y denunció actuaciones arbitrarias dentro del TJE.

Ambos argumentaron que las acciones del Ministerio Público representaban una intromisión indebida en la autonomía del tribunal electoral y una amenaza a la independencia del proceso electoral.

Sin embargo, el 3 de noviembre, el Ministerio Público presentó formalmente una solicitud de antejuicio contra los dos magistrados, acusándolos del delito de prevaricato judicial, por emitir resoluciones contrarias a la ley.

La Fiscalía señaló que los magistrados ordenaron la inscripción de Jorge Cálix (Partido Liberal) y Christian Villalobos (Partido Nacional) sin la participación del tercer miembro del pleno, lo cual vulnera la normativa electoral.

El antejuicio, explicaron los expertos, no constituye una condena, sino un proceso previo para determinar si los magistrados pueden ser investigados penalmente. Durante el trámite, ambos conservan su cargo y su inmunidad constitucional.

Tras la solicitud de la fiscalía, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, instruyó a la Secretaría General aplicar el rol interno de distribución de expedientes para conformar una sala ad hoc que será la encargada de conocer el caso que involucra a dos de los tres magistrados del TJE.

El director de comunicaciones del Poder Judicial, Melvin Duarte, aclaró que no hubo ningún nombramiento unilateral, como se difundió en redes sociales, sino que se siguió el mecanismo previamente aprobado por el pleno de magistrados.

De acuerdo con el orden de turnos, la sala ad hoc quedó integrada por los magistrados: Aida Patricia Martínez, Felipe Spear y Luis Discua, quienes analizarán la solicitud del Ministerio Público y decidirán si el antejuicio es “Ha Lugar” o “No Ha Lugar”.

Si se declara “Ha Lugar”, se designará un juez natural para conocer la causa conforme a los artículos 420, 421 y 422 del Código Procesal Penal. Si se determina “No Ha Lugar”, el proceso quedará archivado y los magistrados seguirán en funciones.

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La abogada y defensora de derechos humanos Reina Rivera Joya advirtió que la situación actual del TJE refleja la crisis de confianza institucional, especialmente en los órganos electorales.

En una entrevista brindada a Criterio.hn la defensora declaró que todo el sistema procesal electoral está en tela de juicio, porque si el órgano de garantía electoral puede incumplir la ley, “entonces todos estamos en riesgo”

Rivera recordó que el artículo 16 en el numeral 14, de la Ley Orgánica y Procesal Electoral otorga al TJE la facultad de anular total o parcialmente un proceso electoral, poder que “no puede ser ejercido arbitrariamente”.

La jurista consideró que la inscripción irregular de Jorge Cálix, quien no cumple con los cinco años de residencia exigidos por la Constitución para postularse por otro departamento, demuestra la disposición de algunos magistrados a violar la ley por conveniencia política.

“Si son capaces de violentar la Constitución en algo tan evidente, ¿qué impedirá que lo hagan bajo presión partidaria para anular votos o favorecer a ciertos candidatos?”, cuestionó Rivera.

Rivera Joya señaló que detrás del conflicto podría existir un pacto político entre sectores del Partido Liberal y el Partido Nacional, orientado a fortalecer una alianza que garantice control total en el Congreso Nacional que se instalará el próximo 25 de enero de 2026.

El conflicto entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el TJE se agudizó cuando el CNE declaró que no acataría la resolución del tribunal, al considerarla ilegal y contraria a la ley electoral.

Esa decisión generó un nuevo sismo institucional, ya que el TJE es el órgano encargado de revisar las decisiones del CNE, y el desacato abrió una grieta en el sistema de pesos y contrapesos electorales.

“En Honduras no estamos obligados a cumplir órdenes ilegales”, enfatizó Rivera, no obstante, reconoció que el enfrentamiento entre ambos organismos deja en evidencia la fragilidad del Estado de derecho.

La abogada concluyó que el país atraviesa un momento determinante, ya que restan 24 días para la realización de las elecciones generales y “toda la institucionalidad está bajo escrutinio. En ese sentido, solicitó a las instituciones y sus titulares actuar con transparencia, respetar la ley y ganarse la confianza del pueblo.

Más allá de las tensiones políticas, lo que está en juego es la legitimidad del voto ciudadano y la posibilidad de que Honduras viva un proceso electoral con justicia, legalidad y confianza pública.