Por: Paola Totaro
Una investigación sobre los ataques contra defensores de los derechos territoriales hondureños, incluido el asesinato de la activista antidisturbios de alto perfil, Berta Cáceres, ha encontrado que las autoridades estatales rutinariamente no investigaron o llevaron a los responsables a la justicia.
La expansión de los proyectos de minería, agroindustria y energía en el país centroamericano ha alimentado una «epidemia» de violencia contra las comunidades locales y los activistas por los derechos a la tierra, dijo el informe de la guardiana ambiental Global Witness. El informe implicó a varios altos ejecutivos hondureños y empresarios en una violenta represión contra las familias que se han negado a entregar la tierra.
«La impunidad es el oxígeno proporcionado a los perpetradores por el sistema de justicia, los que infligen la violencia no son tenidos en cuenta y los reportes de amenazas o ataques rara vez son investigados», dijo el informe. La oficina del Presidente de Honduras no respondió a las solicitudes de comentarios. Ubicado entre Guatemala y Nicaragua en la costa caribeña, Honduras es rica en bosques y minerales valiosos, incluyendo plomo, zinc y cobre.
El informe investigó las palizas, secuestros, disparos y encarcelamiento de varios activistas que luchaban por proteger la tierra local del desarrollo de minas, esquemas hidroeléctricos, un nuevo complejo hotelero de cinco estrellas y la tala.
Los activistas incluyeron a Ana Mirian Romero y a su cuñada, Rosaura, quienes fueron golpeadas en 2015 mientras estaban muy embarazadas después de oponerse a la represa hidroeléctrica de Los Encinos.
Otros, como los líderes indígenas de Tolupán, Armando Fúnez Medina, Ricardo Soto Fúnez y María Enriqueta Matute, fueron asesinados en 2013 al participar en una protesta pacífica contra el paso de camiones de tala a través de su territorio.
Si bien las amenazas y la violencia tomaron muchas formas, el informe encontró que lo que unía todos los casos era la falta de responsabilidad por los ataques.
«En raras ocasiones, el pistolero es arrestado, pero los que ordenan los asesinatos casi nunca son castigados – la impunidad es la norma», dijeron los investigadores.
Dado el fracaso de las autoridades para perseguir la justicia, Estados Unidos debe revisar urgentemente sus políticas de ayuda para apoyar a las comunidades rurales en Honduras, dijo el informe.
En 2016, los Estados Unidos proporcionaron 98,3 millones de dólares de ayuda bilateral a Honduras y otros 750 millones de dólares de fondos regionales de desarrollo a través de su «Alianza para el Plan de Prosperidad». «El cincuenta por ciento de la financiación directa de los Estados Unidos al gobierno hondureño está condicionada, en teoría, a cumplir con las obligaciones de derechos humanos, incluyendo permitir a los activistas operar sin interferencia», dijo el informe.Los inversionistas extranjeros y las instituciones financieras también deben repensar sus inversiones en Honduras, particularmente en la minería, la tala y el desarrollo agrícola a gran escala, industrias que a menudo están en el centro de la escalada de la violencia.
«Hay una necesidad clara y urgente de abstenerse de financiar o apoyar cualquier proyecto o actividad que pongan en riesgo a los defensores». Según el informe.La riqueza natural de Honduras no está ampliamente distribuida y Honduras tiene uno de los niveles más altos de desigualdad en América Latina, con alrededor de seis de diez hogares en áreas rurales obligados a vivir con menos de $ 2.50 por día.Las instituciones estatales tienen la obligación de consultar a las comunidades, proteger a los activistas e investigar los crímenes contra ellos, dijo Global Witness.
Sin embargo esto ha ocurrido sólo en un puñado de ocasiones. «En la mayoría de los casos, el Estado hace la vista gorda ante el asesinato y los abusos contra los derechos humanos, y en los peores casos, ayuda y ayuda activamente», dijo. «En ninguna parte de la tierra es más probable que se maten por protestar por el robo de tierras y la destrucción del mundo natural que en Honduras».
