Por: Eugenio Sosa*
La prolongada crisis política de Honduras y la realineación de sus partidos políticos han dado lugar a un amplio debate sobre las reformas políticas y electorales, pero la resistencia de los partidos políticos, incluido el relativamente nuevo Partido Libertad y Refundación (LIBRE), parece probable que obstaculice un cambio significativo.
Los grupos de la sociedad civil hondureña creen cada vez más que solo a través de reformas políticas y electorales el país avanzará hacia la democracia. Celebrar elecciones es un punto de partida importante, dicen los defensores de la reforma, pero para profundizar la democracia se requiere reducir el monopolio de los partidos políticos.
La configuración de las partes ha cambiado significativamente desde el golpe de Estado en junio de 2009; el “bipartidismo” centenario de los Partidos Nacional y Liberal ha sido sacudido y se ha vuelto más volátil. LIBRE se ha movido a la línea del frente y jugadores más pequeños, como el Partido Anticorrupción (PAC), se han desvanecido. Los reformistas argumentan que esta realineación brinda al país la oportunidad de emprender reformas que afectan a las instituciones y los procesos del país.
- Despolitizando al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y convirtiéndolo en un organismo verdaderamente independiente y autónomo para supervisar las elecciones. El TSE actual no ha cumplido con sus requisitos legales para garantizar, sin prejuicios, la afiliación a todos los ciudadanos.
- Profesionalizar y despolitizar el Registro Nacional de Personas: eliminar a los activistas partidarios que lo dominan hoy y dirigirlo a emitir tarjetas de identificación sin influencia política. Los observadores están de acuerdo en que el 30 por ciento de los votantes en las listas actuales han fallecido o han abandonado el país. Los nombres de otros ciudadanos se han eliminado misteriosamente de las listas de votantes o se han perdido al cambiar de domicilio. Del mismo modo, el país necesita un censo completo y honesto.
- Permitir que los ciudadanos regulares ocupen las mesas electorales en los lugares de votación. Deben ser elegidos en base a criterios claros, como sus contribuciones a la sociedad. En 2013 y 2017, las credenciales se compraban y vendían con fondos del partido, lo que socavaba totalmente la credibilidad de los observadores.
- Establecer una segunda ronda de votación cuando ningún candidato obtenga la mayoría absoluta. El alejamiento del país de un sistema bipartidista ha aumentado significativamente la posibilidad de que un presidente sea elegido con un porcentaje de votos por debajo del índice de abstención. Una segunda vuelta entre los dos mejores candidatos dará al vencedor una mayor legitimidad.
Otras reformas importantes están recibiendo menos atención. Las leyes sobre transparencia y rendición de cuentas en las finanzas de la campaña, como la Ley de Política Limpia implementada en 2017, no han tenido resultados significativos hasta el momento, pero el debate sobre las formas de darles confianza ha sido limitado.
Tampoco se habla mucho sobre cómo el candidato en ejercicio se beneficia del acceso a los recursos públicos, incluido el acceso a las redes nacionales, o sobre los prejuicios de los medios privados, que inclinan la cobertura y cobran tarifas diferentes por la publicidad según sus preferencias. Las garantías de participación política de sectores tradicionalmente excluidos de la representación y el gobierno, como las mujeres, los indígenas y los jóvenes, también están en gran medida fuera de la mesa.
La urgencia de una reforma, obvia desde el golpe de estado en junio de 2009, ha aumentado desde las elecciones en noviembre de 2017, durante las cuales el Tribunal Constitucional decidió a favor de la reelección del presidente Juan Orlando Hernández ante la evidencia de fraude electoral. Honduras ahora vive la paradoja de un presidente que cumple un segundo mandato que aún está prohibido por la Constitución. Algunas cuestiones, como la reelección, exigen un debate nacional serio y pueden resolverse mediante un plebiscito o mediante una Asamblea Nacional Constituyente.
- A pesar de la amplia base de organizaciones que proponen reformas, el éxito de cualquier iniciativa dependerá de las opiniones, limitaciones y vetos impuestos por los tres partidos principales. Incluso LIBRE, el recién llegado que desafió el statu quo, a veces parece estar comprando los sistemas existentes y podría ser blando en la reforma. Como resultado, un posible resultado podría ser que ciertas reformas se implementen en forma, como la modernización del Registro Nacional de Personas, pero las partes conservan su influencia sobre los magistrados y el personal de la oficina. Además, ninguna de las tres fuerzas políticas principales parece interesada en permitir el control auténtico de los ciudadanos sobre las mesas de votación el día de las elecciones.
- Si bien la necesidad de reforma es más profunda que en cualquier otro momento desde que se aprobó la Constitución actual en 1982, y si bien las propuestas para avanzar son constructivas y maduras, las perspectivas de cambio parecen limitadas. La configuración de los partidos políticos del país ha cambiado, pero sus prioridades y comportamiento no lo han hecho.(Tomado de aulablog.net)
* Eugenio Sosa es sociólogo y analista senior en el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), en Tegucigalpa. Este artículo está adaptado de su ensayo en el sitio web de CESPAD.
