Honduras: ¿Frente a la metamorfosis de la política extractivista en tiempos de la refundación?

Por: Engels Bladimir López Sánchez[1]

Dedicado al compañero Juan López.

Intelectual de las luchas territoriales y defensor de la tierra y el territorio.

El reciente asesinato de compañero Juan López, defensor del medioambiente y de la vida, en Tocoa, Colón, me hizo reflexionar sobre la actualidad de la política extractivista en el marco del actual proceso de transición política refundacional. Analizando algunas anotaciones de campo y apuntes de contexto realizados en los dos últimos años, me resonó la idea que en Honduras en términos de política extractivista, nos encontramos en un proceso paralelo: por un lado, un proceso de persistencia de la política extractivista heredada del Régimen de JOH y, por otro lado, un proceso de metamorfosis de la política extractivista en el Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro, con grandes impactos en la comprensión, interpretación y  gestión democrática de la conflictividad socioterritorial: agraria y ambiental.

Alrededor de esa idea, este análisis busca responder a tres preguntas: i) ¿Por qué persiste el proyecto extractivista?, ii) ¿Existe distanciamiento entre el Gobierno y el movimiento socioterritorial (agrario, Feminista comunitario y ambientalista) ?, iii) ¿Existen condiciones para la transición postextractivistas y un nuevo modelo de desarrollo territorial autocentrado? Las aproximaciones a las preguntas se plantean desde la Sociología Política del Territorio.

¿Por qué persiste el proyecto extractivista?

Primero, élite extractivista y el control político e ideológico del territorio. La elite extractivista a niveles regionales es un actor con gran capacidad económica y política, ante la ausencia del Estado en el desarrollo territorial rural. La actual coyuntura evidencia la forma en la cual, a pesar de acciones y presiones gubernamentales, las elites extractivistas siguen teniendo amplio margen de maniobra en el sistema político (municipalidades), el sistema judicial (juzgados), el sistema de medios de comunicación (radios, redes sociales y televisión) y el sistema policial (policías y militares), a través de políticas de criminalización contra el liderazgo territorial y presión hacia la institucionalidad publica para legitimar los proyectos extractivistas.

Segundo, la securitización del territorio y el vaciamiento ideológico de la conflictividad socioterritorial. En el marco de lucha contra el narcotráfico, delincuencia organizada y degradación ambiental, el Gobierno ha puesto en marcha un amplio sistema de control territorial vía el poder militar, plasmado en los Batallones Verdes y en el reciente Decreto de Emergencia Ambiental. Lo anterior ha conllevado a un amplio proceso de vaciamiento ideológico de la conflictividad socioterritorial, que consiste básicamente en despolitizar la conflictividad socioterritorial a través de la securitización del territorio con grandes costos en la soberanía territorial, gobernanza territorial, desarrollo territorial y la gestión democrática del territorio desde la cosmovisión de las comunidades.

Tercero, austeridad política y neoliberalización de la institucionalidad social, ambiental y agraria. La institucionalidad pública de naturaleza social, carece de capacidades políticas y técnicas para enfrentar en el campo institucional los diferentes problemas alrededor de los extractivismos. Una especie de austeridad política retrata a dicha institucionalidad, en un marco de crisis y ausencia de estrategias institucionales coyunturales y prospectivas, alrededor de la fragmentación, dispersión y falta de presupuesto de la política ambiental y agraria. Por otro lado, la falta de reformas sustantivas a las principales leyes que promueven y legitiman los extractivismos, que mas allá de la falta de voluntad política, deriva de la lógica de un modelo económico neoliberal que prioriza los extractivismos en su matriz económica y productiva.

Cuarto, la invisibilidad de los efectos sociales y territoriales de la Pandemia del COVID19 y la crisis climática de Eta y Iota. En ese contexto, los extractivismos sufrieron cuatro grandes transformaciones: expansión de la frontera extractivistas, reformulación conceptual, disrupción militar y deslocalización territorial. Lo anterior fue posible debido a algunos elementos de fondo: i) reajuste institucional de naturaleza extractivista, siendo notorio en temas agrarios y ambientales y la suspensión de cabildos abiertos ii) extractivismo armado, a través de un mayor control de actores no estatales en los territorios, iii) el desarrollo sostenible y el vaciamiento del territorio, a través del Plan de Reconstrucción y Desarrollo Sostenible y, iv) la expansión de la frontera extractivista (ZEDE, Minería, generación de energía). Desde una perspectiva territorial estos eventos conllevaron al debilitamiento de la gobernanza territorial y al desplazamiento forzado individual y colectivo.

Quinto, relocalización de un extractivismo armado y la expansión territorial de poderes alternativos (crimen organizado y narcotráfico). Una de las principales consecuencias de la ausencia económica y política del Estado en los territorios, ha sido la instalación de poderes alternativos con capacidad de disputarle el poder a las comunidades y al mismo Estado, como se demuestra en el caso del Bajo Aguán, Zacate Grande, Guapinol, Azacualpa y La Mosquitia. En la coyuntura actual, la relocalización del extractivismo armado y la expansión territorial de los poderes alternativos, está determinada por las estrategias de combate a la delincuencia organizada en el espacio urbano y su posterior desplazamiento a los territorios rurales, en un amplio marco de la constitución de una economía política territorial del narcotráfico. Lo anterior sigue generando la pérdida de soberanía territorial, comprendida como el acceso democrático de las comunidades al territorio.

La persistencia de la política extractivista pone en perspectiva un proceso de “metamorfosis extractivista”, en el marco de una política de austeridad institucional, securitización territorial, vaciamiento ideológico de la conflictividad socioterritorial y la relocalización de un extractivismo armado. Los extractivismos siguen existiendo bajo un cuerpo y piel diferente, mediante el clásico patrón de reproducción social: el control territorial de la elite política y económica a través de sus dispositivos de reproducción socioterritorial: el sistema de justicia, el sistema político, sistema comunicativo y el sistema policial.

¿Existe distanciamiento entre el Gobierno y el movimiento socioterritorial (agrario, feminista comunitario y ambientalista)?

La ciencia política sugiere a nivel metodológico, la propuesta de la proximidad democrática para analizar el cambio y transformación en sociedades con procesos de transición política. Se comprende la proximidad como un proceso articulado de diálogo interdependiente y reflexivo entre el Estado y la Sociedad, o, en términos prácticos, entre el Gobierno y los Movimientos Sociales, en tres niveles: i) hegemónico-narrativo, ii) político-ideológico y, iii) político-institucional.

En el marco de la transición política actual, el primer ejercicio de proximidad entre el Gobierno y el Movimiento Socioterritorial se desarrolló alrededor de las Mesas de Transición, en las cuales, el movimiento indígena, campesino y feminista comunitario expusieron sus agendas y propuestas de cambio y transformación territorial. Las propuestas giraron alrededor cuatro grandes ejes estratégicos: i) desmontar la normativa extractivista, ii) justicia socioambiental, étnica y campesina, iii) nuevo modelo de desarrollo territorial autocentrado y, iv) creación de una nueva institucionalidad social de corte agraria, ecológica y ambientalista. Actualmente el gobierno sigue sin materializar las principales demandas y propuestas que se presentaron en las Mesas de Transición.

Las Mesas de Transición fueron un ejercicio de acción reflexiva, coyuntural y prospectiva que pusieron en evidencia la interdependencia de las tres proximidades arriba descritas. Sin embargo, en la actual coyuntura dichas proximidades se han fragmentado y sus niveles de interdependencia son inexistentes en el nivel (i y ii) y precarias en el nivel (iii). Lo anterior se ha venido manifestando en tres direcciones: i) desatención institucional de conflictos extractivistas claves, ii) falta de distribución democrática de la tierra y el financiamiento agrícola, iii) asesinatos e impunidad hacia casos de personas defensoras de tierra y territorio y, iv) la persistencia de las ZEDES.

En ese sentido se pude sostener la idea que existe un “distanciamiento encubierto” entre el Gobierno y Movimiento Socioterritorial, en un marco, en el cual, el primero tomo en su proyecto político la narrativa e ideología de los movimientos y el segundo, le aposto a la vía institucional la resolución de los principales problemas territoriales derivados de la política extractivista. El distanciamiento no parece resolverse en el campo político e ideológico, pero si pareciera menguarse o contenerse en el campo político-institucional, mediante acciones de carácter reformistas y pragmáticas, en función a leyes, programas y políticas sociales.

Las implicaciones de este distanciamiento para el Gobierno no remiten a grandes costos políticos y electorales. Sin embargo, el distanciamiento hegemónico-narrativo y lo político-ideológico es un atraso evidente en la democratización de los territorios y en el proceso actual de la Refundación, ya que el territorio en todo proceso de transición política es donde se tejen las resistencias y las posibilidades de cambio y transformación, es decir, donde se configura la formación de capital social, capital político y capital simbólico.

En definitiva, la coyuntura actual en relación al distanciamiento trata de poner en perspectiva que el Gobierno carece de una lectura estructural y critica sobre la política extractivista, en un marco persistente de violación de los derechos humanos y desestructuración territorial a gran escala. La desestructuración es tan profunda, que los clásicos impactos de la política extractivista como la pobreza, contaminación ambiental y criminalización de la lucha territorial, van siendo desplazadas por problemas de carácter estructural más hondos, como el desplazamiento forzado por razones de violencia y crisis socioterritoriales en sus derivas climáticas, ambientalistas y agraristas.

¿Existen condiciones para la transición postextractivistas y un nuevo modelo de desarrollo territorial autocentrado?

En el caso hondureño entiendo por transiciones postextractivistas, una construcción política que no implica abandonar las actividades extractivas, sino el potenciar alternativas territoriales de ordenamiento de la economía que incluya a una red de actores sociales y políticos dispuestos a confrontar el extractivismo depredador y dar paso a un extractivismo sensato. Lo anterior seria posible si las transiciones se enmarcan en lo que denominó como el modelo de desarrollo territorial autocentrado, el cual consiste en democratizar el territorio y el acceso a los bienes comunes naturales de las comunidades, con base a una nueva gobernanza del territorio que ponga en el centro los distintos niveles de proximidad democrática territorial.

En la coyuntura actual no existen condiciones para avanzar en ese sentido, debido al poco desarrollo conceptual y político alrededor de la idea de la Refundación del Territorio y a los limites del Gobierno en el campo ideológico, campo político, campo institucional y campo geopolítico, como determinantes que impiden una salida estructural a la política extractivistas. En esa direccion es valido hacerse algunas preguntas de fondo: ¿han sido estratégicas las acciones que ha tomado el Gobierno para enfrentar la política extractivista? ¿de qué forma la transición política refundacional reabre un debate sobre el territorio y el desarrollo rural? ¿cómo se articulan salidas no institucionales a la actual crisis territorial y de derechos humanos?

Considero que en el corto plazo tres acciones estratégicas pueden dar pistas para enfrentar de manera estratégica la política extractivista. Primero, la intervención institucional de los territorios con los índices mas altos de conflictividad socioterritorial reforzando la proximidad política-institucional, entre el Gobierno y el Movimiento Socioterritorial. Segundo, crear mecanismos interinstitucionales de reparación de daños de las comunidades afectadas mediante una estrategia nacional de asistencia social y humanitaria.  Y tercero, la territorialización de los mecanismos de protección bajo lógicas compartidas de acceso a justicia en un marco de reconocimiento de los derechos territoriales.

_{[1] Egresado de la Escuela de Sociología y Trabajo Social de la UNAH, con Estudios Superiores en Desarrollo Territorial- Rural y en Perspectivas y Metodologías Participativas para la Profundización Democrática. Actualmente pasante de la Maestría en Ciencia Política y Sociología, en la Facultad Latinoamérica de Ciencias Sociales (FLACSO-Argentina).}