“Miriam Guzmán, nombrada como directora del Banco Central de Honduras a última hora y después de recibir sus prestaciones laborales como Directora del Servicio de Administración de Rentas (SAR), no tiene la formación para desempeñar el cargo y solo refleja el interés del gobierno de JOH por afectar la gestión de Xiomara Castro, presidenta electa”
Amílcar Bulnes, expresidente del COHEP
Por: Javier Suazo
El Covid-19 y la profundización de la desigualdad económica y social, es una oportunidad para desempolvar libros, documentos y artículos de revistas contentivos de enfoques teóricos, metodológicos e instrumentos de política que rescatan un pensamiento más autónomo y progresista para enfrentar no solo los problemas estructurales de las economías, sino también aquellos imputables a la aplicación de medidas de políticas económicas monetarias, financieras, fiscales, cambiarias y de comercio exterior. Incluso, también para repensar un nuevo Estado utilizando su principal instrumento: la planificación del desarrollo.
Esta parece ser la preocupación de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) con la renovación de los enfoques neoestructuralistas en la explicación de las causas de la desigualdad, concentración del ingreso y pobreza, pero también de gobiernos progresistas que revalorizan y reivindican el rol del Estado frente a políticas neoliberales excluyentes poco efectivas en la reducción de la pobreza y desigualdad; incluso en aumentar el PIB y PIB per cápita en forma sostenida. Aparece un nuevo actor social que irrumpe en la vida pública y política exigiendo más participación y cumplimiento de derechos sistemáticamente cercenados.
Un mayor número de gobiernos exigen un cambio en las políticas económicas de corte neoliberal, por lo que el modelo de estabilización económica que promueve el Fondo Monetario Internacional (FMI), especialmente en países latinoamericanos, debe cambiar. Es un modelo que introduce un velo monetario para no ver como prioridad la crisis real de la economía, cuyas principales manifestaciones son desempleo, subempleo, pobreza, inseguridad alimentaria, destrucción ambiental y una creciente desigualdad económica y social. Se destacan los logros obtenidos en reducción del déficit fiscal, inflación, acumulación de reservas monetarias y crecimiento positivo del PIB, por sobre la vida misma, sea trabajo, techo, comida, salud, educación, cultura, protección social y disfrute de bienes naturales.
En el caso de Honduras, después del golpe de Estado, y al igual que en la Argentina de Macri, en teoría, uno de los principales instrumentos utilizados para garantizar el cumplimiento de objetivos de estabilización económica es el acceso a recursos financieros externos, sean de fuentes multilaterales de crédito, países o banca privada, orientados a promover reformas institucionales (léase privatización de la institucionalidad pública y servicios), y apoyar la inversión en sectores económicos y productivos generadores de divisas; no dicen nada de la especulación financiera, lavado de activos y corrupción..
Igual, se dice muy poco de los beneficios que obtiene la banca privada nacional, con una gran cantidad de recursos externos manejados con poco riesgo ya que el mismo Estado es el principal aval y garante, y prestados a clientes tradicionales, aquellos que poseen garantías reales. Los “descamisados” (campesinos e indígenas) e informales no tienen cabida, y esperan sean cubiertos en parte con dádivas de la cooperación y fondos manejados por bancos públicos que no distinguen entre el tipo de clientes que deben tener la primera prioridad.
En Honduras el representante residente del FMI, Jaume Puig-Forne, ha manifestado sin “más” que JOH deja la economía en posición de “tiro” para alcanzar un crecimiento inclusivo en los años que le toca gobernar al nuevo gobierno de Xiomara Castro; es decir, que la presidenta electa y su gobierno encuentran una envidiable situación para avanzar por la senda del desarrollo económico, ya que todavía se cree que la estabilización económica y crecimiento positivo del PIB ( no importa el porcentaje de la tasa de crecimiento), es sinónimo de desarrollo.
Según el funcionario en mención, «Aun teniendo en cuenta los retos que la crisis ha planteado a nivel mundial, nosotros creemos que en Honduras el nivel todavía moderado de la deuda, respecto al tamaño de la economía, y la credibilidad que le ha dado el hecho de manejar la crisis dentro de este marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal, dejan a la economía hondureña en una buena situación para alcanzar un crecimiento sostenido inclusivo en los próximos años». (presidencia.gob.hn. 13/01)2022).
Entre las decisiones acertadas y resultados obtenidos por el gobierno de JOH en el marco de los convenios de préstamo suscritos, el FMI a través de su vocero en Honduras, destaca la aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal de mayo de 2016 mediante decreto legislativo N.25-2016, que establece techos anuales para el déficit del Balance Global del Sector Público no Financiero (SPNF), igual al 1% del PIB, aplicado gradualmente entre 2016 y 2019, pero que fue suspendido temporalmente por la pandemia; igual, techos anuales al incremento del gasto corriente en función del promedio de los últimos 10 años más la tasa de inflación.
Dice poco sobre el control directo ejercido por el presidente de la Republica sobre los recursos del presupuesto y el aumento de las exoneraciones fiscales, aun cuándo son parte del control del gasto propuesto. A ello se suma el bajo nivel de inversión publica, menor al 5% del PIB, y la crisis financiera de empresas públicas, donde destacan la ENEE con un déficit anual mayor a los 62,400 millones de lempiras (cifras a mayo de 2021), sin que la reforma del sector eléctrico ejecutada por el gobierno con aval del FMI haya tenido resultados en la reducción de las perdidas técnicas y no técnicas, tarifas competitivas (tenemos la energía más cara de la región centroamericana) y modernización de la empresa.
También destaca como objetivo de política la sostenibilidad de la deuda y reducción de la pobreza. Ha habido un aumento manifiesto de la deuda, el cual se aceleró en los últimos años por el Covid-19, huracanes, clientelismo político y corrupción. “Las cifras oficiales señalan un aumento del endeudamiento mayor durante 2020, ya que la deuda publica total aumentó de 12,128.5 millones de dólares en 2019 a 14,309.2 millones de dólares en 2020, un 17.97%. El aumento de la deuda externa fue de 931.6 millones de dólares (12.8%) y de la deuda interna de 1,248.4 millones de dólares (25.7%)”. (J. Suazo: noviembre de 2021). La pobreza abarcó al 70% de la población en 2020 y pobreza extrema a 53.4% (UNAH-abril de 2021), que aumentó por el Covid-19 y los huracanes, pero, al igual que la deuda, ya eran altas en 2019.
Los proyectos, algunos llaman negocios, con las alianzas-publico-privadas en Honduras fueron poco transparentes, y todavía se siguen esperando beneficios para la población como las concesiones del “Peaje” en la carretera del Milenio, Aeropuerto Palmerola y la construcción del centro cívico gubernamental. Las bondades que le atribuye el señor Puig-Forne a estas alianzas no son visibles, o por lo menos los costos son muy altos para una economía como la hondureña que necesita aumentar en forma sostenida sus niveles de ahorro para promover inversión publica en sectores rezagados como agricultura, ambiente, salud y educación.
No cabe duda que Honduras modernizó el Sistema de Administración de Rentas (SAR), lo que permitió aumentar las recaudaciones de ingresos por impuestos; pero ello se considera limitado frente a la alta regresividad del sistema tributario hondureño y falta de una política que grave el capital, lo que el FMI apoya como resultado de los efectos negativos del Covid-19. El impuesto a la tierra ociosa y mal utilizada no formó parte de la agenda del gobierno, y más bien promovió la concentración de la propiedad rural y expulsión de población.
Al igual que en el caso de Ecuador, hay una insistencia porque el Banco Central logre su “autonomía”, en un proceso ascendente de liberalización cambiaria y financiera. Se busca desligarlo de las decisiones del Ejecutivo, para no afectar las metas de déficit fiscal e inflación, en una economía con fuertes rezagos estructurales. Si ello se logra, la nueva presidente de la República, la más votada en la historia del país, no podrá cumplir con las propuestas de su plan de gobierno, muchas de las cuales se han transformado en demandas efectivas al consultarse a las organizaciones sociales y gremiales.
El FMI dijo muy poco sobre los actos de corrupción del gobierno de JOH, y más con sus decisiones, informes y bendiciones avaló el otorgamiento de recursos por la banca multilateral y privada a proyectos poco efectivos. Es una mala práctica que debe cambiar, más aún cuando el presidente ha sido acusado de estar ligado al crimen organizado y enfrentar próximamente pedidos de extradición a EEUU, según declaraciones de dirigentes y diputados de los partidos LIBRE, Salvador de Honduras y diputados del Congreso de Estados Unidos.
Un comentario
100 diaz son pocos ;
sin duda que es muy poco tiempo para medir la velocidad que los burocratas hondurenos puedan llevar y desislachar toda la gama de ativorraciones y procesos politicos que implican para poder solventar la ya mencionada crisis economica que han dejado el pais ,dependera la presion popular la que definira al final la rapidez con que se resuelven los atolladeros de clase como de tendencia politica, estara en los mencionados padres de la patria con algunas ecepciones , tildados de traidores , poder alcanzar.la lucha contra el cronometro,,sera la mision o por mejor desir meta ., el levantar el brazo no requiere de tanta ajilidad mental ni de esfuerzo fisico , para apoyar leyes que vienen a ser paleativos a la crisi que estan sumerjidos mas de 7 millones de hondurenos , veremos que relog tiene mas resistencia si el adaptado al telefono o el de cuerda de puno sin importar de puno izquierdo o derecho. lo que si 4 anos pasan a velocidad del tik tak. y como dijo la expresidenta argentina ,Los Pueblos Cambian .