Con la aprobación del PCM 41-2024, se ratifica al coronel Ramiro Muñoz como presidente de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario por un periodo de un año
Tegucigalpa, Honduras. –A casi dos años de haber decretado la Emergencia en el Sistema Penitenciario, tras la masacre ocurrida en junio de 2023 al interior de la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) en el que murieron 46 mujeres, el Gobierno de Honduras aprobó la extensión de esta medida hasta el 31 de diciembre de 2025.
El pasado 30 de diciembre de 2024, el Poder Ejecutivo renovó el decreto PCM 41-2024, el cual ratifica la emergencia penitenciaria y mantiene al coronel Ramiro Muñoz como presidente de la Junta Interventora del Sistema Penitenciario. Junto a él, se confirmó la continuidad de Adán Antonio Ramírez Salinas y José Balmores del Cid como comisionados adjuntos, encargados de dirigir las acciones de intervención en los centros de reclusión.
El 30 de diciembre de 2024, se renovó el decreto ejecutivo (PCM 41-2024) que impone la continuación de la emergencia en los centros penitenciarios con el cual se ratifica a como presidente de la Junta Interventora del Sistema Penitenciario al coronel Ramiro Muñoz.
Asimismo, se ratifica la continuidad de Adán Antonio Ramírez Salinas y José Balmores del Cid, como comisionados adjuntos.
Desde la implementación de la emergencia, las autoridades han asegurado que se han tomado medidas para recuperar el control, sin embargo, organismos de derechos humanos han denunciado abusos y falta de transparencia en el manejo de la crisis.
PMOP A CARGO DE SISTEMA PENITENCIARIO HONDUREÑO
De acuerdo al artículo 3 del decreto ejecutivo, se instruye y delega a la Policía Militar de Orden Público (PMOP), la seguridad y el control de los establecimientos penitenciarios, debiendo brindar toda la colaboración necesaria a la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional.
Además, se autorizó a la Policía Militar del Orden Público (PMOP) a proceder con la compra y adquisición de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento adecuado de los centros penales a través de procesos de contratación directa.
Por otro lado, el artículo 4 señala que la Comisión Interventora deberá presentar un plan y un cronograma de transición gradual y progresiva, para que todas las instituciones que integran el Sistema Penitenciario Nacional (Instituto Nacional Penitenciario, los Establecimientos Penitenciarios y la Escuela Penitenciaria Nacional), sean dirigidas por funcionarios de carrera de servicio penitenciario.
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MILITARES NO DEBEN ESTAR AL FRENTE DE SISTEMA PENITENCIARIO
Mientras que algunos sectores consideran que es una medida necesaria para combatir la crisis carcelaria, otros ven con preocupación la permanencia de la intervención militar y la falta de una estrategia clara para transformar el sistema penitenciario.
Para el abogado constitucionalista y especialista en derechos humanos, Joaquín Mejía, que los militares continúen al frente del sistema penitenciario hondureño es un error que violenta no solo la Constitución de la República, sino también a las obligaciones internacionales que tiene el Estado de Honduras.
En ese sentido, rememoró el caso Pacheco Teruel y Otros vs. Honduras, derivado de un incendio en el que fallecieron 107 privados de libertad ocurrido el 17 de mayo de 2004 en San Pedro Sula, Cortés, presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
“Uno de los puntos más importantes en este caso es que la Corte IDH, le señala al Estado de Honduras es que el control de los centros penitenciarios deben ser funcionarios penitenciarios capacitados y de carácter civil”, explicó el jurista.
Durante una entrevista brindada a Criterio.hn el doctor en Derechos Humanos dijo que los militares no están capacitados ni preparados para ejercer funciones penitenciarias, señalamientos que han sido respaldados por organizaciones internacionales en diferentes informes.
Agregó que otro de los problemas con la presencia y control militar del sistema penitenciario es el hermetismo y las trabas para que organizaciones de derechos humanos como: el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) y el Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (CONAPREV) puedan ingresar a las instalaciones y así poder verificar las condiciones en las que se encuentran los privados de libertad.
Javier Acevedo, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), lamentó que se continue dando a los militares el control de los centros penitenciarios.
Explicó que esta extensión de la emergencia a cargo de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) puede acarrear un repunte en la violación a derechos humanos, abusos y casos de tortura contra privados de libertad.
En los próximos meses, la efectividad de esta medida será puesta a prueba, especialmente en términos de seguridad, transparencia en el manejo de los recursos y respeto a los derechos humanos.
