Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa, Honduras.- Una muestra al desnudo de Honduras sin el cerco mediático y la manipulación de la realidad y de las estadísticas sociales, es la mirada crítica a las recomendaciones incumplidas, ignoradas y no asumidas por el Estado de Honduras, que 127 oenegés de sociedad civil expusieron en el Informe Alternativo en el tercer Examen Periódico Universal, (EPU), del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas.
El Informe Alternativo muestra la creciente desigualdad social, de la tortura, de los abusos contra a grupos de mayor vulnerabilidad como la niñez, juventud, discapacidad, mujeres, poblaciones indígenas, LGBTI, personas migrantes, situación de defensores y defensoras, entre otros.
Destaca la pérdida del Estado de derecho, auge del militarismo, de tribunales de jurisdicción nacional, inefectividad ante la corrupción, y la violencia sistemática con políticas institucionales, agravadas con pandemia por COVID-19.
La pobreza es una condicionante que, sumada al desempleo y la falta de oportunidades, generan la migración de familias enteras, de niños, niñas, adolescentes y jóvenes no acompañados.
Un contexto que de septiembre de 2020 recibió a 31,321 personas, entre ellos a 3,954 menores de edad no acompañados; así como a 1,937 niñas, niños, adolescentes y jóvenes, la flor del pueblo hondureño, en medio de las restricciones de la pandemia de Covid19.
Números que muestran que hombres y mujeres jóvenes no están a salvo de la trata de personas. El Estado promueve la cultura de militarizar en tareas de seguridad pública, escuelas, colegios, cárceles, además del programa nacional agrícola.
Una cultura de uso excesivo de la fuerza y los de control de los privados de libertad, sin un protocolo jurídico sobre su rol claro respecto a estándares la seguridad pública.
Inclinación que incluye el engorde del presupuesto policíaco-militar que superan los 364 millones de dólares, ubicándonos, proporcionalmente, entre los países con mayor inversión militar del mundo, lo que genera más violaciones de derechos humanos.
Las Fuerzas Armadas implementan desde el 2014 el Programa “Guardianes de la Patria”, coadyuvante de la gestión invasiva de la vida militar en la infancia y la niñez de recibir educación en condiciones de paz.
La criminalización, violencia, estigmatización y persecución de defensores y defensoras hondureñas es alarmante; registros de los observatorios de sociedad civil identifican que 11 defensores y defensoras de derechos de la población LGBTI fueron asesinadas entre 2008 y 2018, más de 120 defensores del medio ambiente corrieron esa misma suerte entre 2010 y 2017, además de 2,137 ataques a personas defensoras, seis de las cuales fueron asesinadas entre los años 2016 y 2017.
Grupos vulnerables a los que se agregan los crímenes contra 85 trabajadores y comunicadores del 2001 al 2020, período en el cual el gobierno no ha creado una lista oficial de casos que investiga con relación a su quehacer periodístico, de los que apenas 17 casos fueron judicializados por el Ministerio Público, seis recibieron sentencias, 20 son investigados y en ningún caso se ha acusado a los autores intelectuales de estos hechos.
Los feminicidios arrecian, entre 2001 y 2018, mil 265 mujeres fueron asesinadas, con una tasa de 98% de impunidad. El gobierno no informa de forma cabal lo derechos de las mujeres para continuar las denuncias, ni de medidas de protección disponibles.
De igual forma, al menos 250,000 personas han sido desplazadas internamente entre 2004 y 2018, fenómeno que alimentan la violencia, desigualdad social, impunidad, corrupción y violaciones generalizadas a los derechos humanos.
Paralelo a esto el gobierno hondureño responde con la criminalización, sin estrategias de atención, protección e integración. Algo más flagrante aún en tiempos de pandemia, período durante el cual unas 18 mil personas fueron deportadas, entre ellas, casi 2 mil menores no acompañados.
El nuevo Código Penal es otra fuente de inequidad pues criminaliza la protesta social, el derecho de reunión y de asociación, restringe la libertad de expresión, de prensa, y la defensa de los derechos humanos. También persigue el uso de sitios web o redes sociales para emitir opiniones sobre funcionarios públicos, limitando a los jóvenes en su principal plataforma de expresión.
Los delitos de trata y otras formas de explotación contra la niñez no guardan armonía con estándares internacionales, algunos tipos penales se derogan y en su mayoría disminuyen penas.
Otra norma restrictiva es la de Clasificación de Documentos Públicos, llamada “Ley de Secretos”, que obstaculiza acceder a la información pública, principalmente la relacionada con la persecución de delitos a manos de miembros de la milicia y la policía.
El informe alternativo de estas 127 oenegés esboza retardos en la aceptación del Estado de protocolos para eliminar toda forma de discriminación contra la mujer, la niñez, la educación sexual, prohibición al uso de anticonceptivos de emergencia y un protocolo de atención integral a víctimas de violencia sexual que elimine la penalización del aborto.
Así como el reconocimiento pleno del matrimonio igualitario y la reforma a la ley del Registro Nacional de las Personas, para que la población LGTBI asuma un nombre debido a su expresión de género.
El “Observatorio de muertes violentas de personas LGBTI”, del 2015 a mediados de 2020 hubo más de 150 crímenes contra personas de esta comunidad.
Se pide, además, asegurar la independencia del Estado de las religiones, evitando sus prácticas y doctrinas y retirar de las esferas formales de decisión, en especial derechos de las mujeres, a representantes de las iglesias.
En 10 años las solicitudes de asilo subieron de 1,516 en 2009 a 78,100 en 2019, lo que coloca al país como el cuarto del mundo en número de solicitantes de asilo.
