Por: Redacción CRITERIO.HN
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El Progreso, Yoro.- “El asesinato de periodistas y defensores de derechos humanos pone en evidencia una vez más la doble cara del Estado de Honduras. Es un estado que es fallido en el sentido de proteger a las personas que están siendo amenazadas por denunciar al poder público y económico. Pero la otra cara es de un Estado fuerte para poder acusar criminalmente a personas defensoras como el caso de Guapinol”, dice el abogado Joaquín Mejía Rivera, doctor en derechos humanos.
Mejía Rivera dice que, esto refleja lo peligroso que es ser periodista o defensor de los derechos humanos en Honduras en donde no funcionan los mecanismos de protección para quienes usan una pluma, un micrófono o un medio de televisión.
“Recordemos que el papel que juegan en el periodismo es fundamental en una sociedad democrática. De hecho, se dice que las personas que ejercen un papel de periodismo o social lo que hacen es ejercer su derecho a incomodar, ¿incomodar a quién?, a los poderes. Los Estados tienen la obligación de proteger a estas personas porque son fundamentales para denunciar violaciones a los derechos humanos, denunciar actos de corrupción e informar de manera frontal a la población”, expresa Rivera Mejía.
Agrega que existe un mecanismo nacional de protección, pero igualmente tiene una doble cara. “Para alguna persona funciona. Yo puedo decir personalmente que en mi caso ha funcionado relativamente bien, pero luego para otras personas, que están en indefensión igual que yo, no funciona o funciona de manera inadecuada. La pregunta es por qué no hay uniformidad en el funcionamiento de los mecanismos nacionales de protección. Eso requiere una profunda revisión y requiere una vigilancia más cercana de la ciudadanía”.
Desafortunadamente, manifiesta Rivera Mejía, “el régimen de Juan Orlando Hernández lo que ha hecho es controlar toda la institucionalidad del país, recordemos lo que dijo el informe de la edición 2020 del Bertelsmann Transformation Index (BTI), de que Hernández reconvirtió a Honduras en una autocracia”.
Joaquín Mejía Rivera lamentó el reciente asesinato de Luis Almendares, periodista de Comayagua, y de Antonio Teruel, ambientalista de Olancho, registrados el pasado domingo y dijo que: “Las denuncias que se puedan hacer nacional e internacionalmente son reactivas, es decir, cuando ya se sucedieron los hechos. Y en el caso de los periodistas, comunicadores y comunicadoras sociales, es importante, pero es una cuestión reactiva.
Aquí lo fundamental es que el Estado sea preventivo. Y no hay que tener que esperar a que un tribunal nacional, que es muy poco probable, porque el 90 % de los crímenes que se cometen en Honduras quedan en la impunidad; pero no es posible que tengamos que esperar a un tribunal internacional para que diga que el Estado es responsable por este tipo de asesinatos. Lo que queremos es que el Estado adopte este tipo de prevención y adopte los mecanismos. Pero que no lo haga cuando ya los hechos están consumados”.
