Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa, Honduras.-“En Honduras paga más impuestos una vendedora ambulante que el dueño de una empresa transnacional”, dijo la abogada, Yadira Minero, especialista en derecho laboral, en un foro virtual, para analizar el impacto de la precariedad laboral en la maquila, desarrollado por la Concertación Regional de Mujeres por un Trabajo Digno.
Yadira Minero (foto facebook)
La abogada dijo que en los últimos los 40 años, la maquila ha sido el pilar que los gobernantes han tenido para la generación de empleo y que para impulsarla establecieron medidas de apertura económica y los exoneraron de todo tipo de impuestos. Refirió, que en una ocasión, la Dirección Ejecutiva de Ingresos, hoy, Servicio de Administración de Rentas, publicó un monto de las exoneraciones, que era cerca del 90% del presupuesto nacional.
Sostuvo, que con el pago de esos impuestos el estado podría el estado podría mantener funcionando bien a la institucionalidad garante de los derechos humanos, incluidos los encargados de tutelar los derechos laborales. Pero “imagínense cuántas pérdidas”, indicó.
Sobre el tema laboral, Minero dijo que en los seis meses de la pandemia el estado desapareció y dejó a los trabajadores sin acceso a la justicia, que como organización han acompañado muchas denuncias de las que no hubo respuestas, mientras que en la Secretaría del Trabajo no hay registro de esas denuncias.
Ella dice el Ministerio del Trabajo abrió una página web para que las operarias interpusieran sus denuncias, pero que al final solo sirvió para que las empresas solicitaran las suspensiones de contratos de trabajo.
Expresó, que las obreras que no percibieron salarios también fueron afectadas en otros derechos indexados sobre sueldos, como, vacaciones, décimo tercero y décimo cuarto mes de salario, mientras que las medidas gubernamentales no fueron efectivas, porque de un bono que definió para cuatro semanas, las empresas solo cubrieron dos y que después la Secretaría del Trabajo emitió un comunicado donde podían negociar, vacaciones, feriados y otros beneficios, que reflejan una pérdida de derechos, pese a que la mano de obra contratada en el país, trabaja para marcas muy fuertes y reconocidas mundialmente.
“Ese fue un financiamiento del gobierno hacia las empresas trasnacionales de marcas que pueden tener ingresos anuales superiores al Producto Interno Bruto de Honduras”, afirmó.
Sostuvo, que los empresarios tampoco respetaron los protocolos de protección a los riesgos profesionales en las fábricas que estuvieron confeccionando, mascarillas, batas y demás materiales de bioseguridad, porque las trabajadoras no recibieron las medidas de seguridad necesarias. Amplió, que en ese momento el Instituto Hondureño de Seguridad Social y el Colegio Médico de Honduras le exigieron al gobierno el cierre de las fabricas maquiladoras por el pico de contagios.
Minero denunció, que la empresa privada y el gobierno definieron los códigos de reapertura de la maquila sin contar con la opinión del sector obrero. Vale mencionar, que tampoco se le consultó al gremio médico ni tomaron en cuenta las recomendaciones que realizaron a través de los medios de comunicación.
Asimismo, Minero dijo, que en Honduras alrededor de 50 mil obreras (os) están afiliadas a 33 sindicatos de maquila y que esas organizaciones las han tenido que defender mediante protestas en la calle porque los empresarios irrespetan las organizaciones sindicales.
Recordó, que para lograr la organización de los primeros sindicatos de maquila, las centrales obreras tuvieron que hacer fuertes denuncias contra las marcas en los Estados Unidos. No obstante, aseguró que esas marcas ya le perdieron el miedo a las denuncias.
Este viernes, 12 de septiembre, se cumplen seis meses de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró pandemia mundial al Covid-19, tiempo que según la abogada Minero, ha sido muy difícil para las obreras, que no solo dejaron de percibir salarios, sino que por el encierro y la desesperanza también han sido víctimas de violencia doméstica.
