Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa, Honduras.- Desde diversos puntos del país trascienden reacciones y denuncias sobre la privatización de las fuentes de agua y redes de distribución del vital líquido, así como las amenazas, criminalización y asesinato de dirigentes populares y comunales que, en representación de sus comunidades, se oponen a las políticas extractivistas neoliberales que se ahondan en el territorio nacional.
La quiebra de entidades públicas, su asfixia financiera y el manejo corrupto de la gestión pública derivan en procesos de privatización y nuevos dueños de las empresas públicas; además de la venta de municipios y zonas de desarrollo como prácticas del gobierno de Juan Hernández que indignan y encienden la lucha de los pobladores en Crawfish Rock, en Guapinol, en Arizona, en 10 colonias y villas ubicadas en la ruta de la capital a Olancho, entre otros afloramientos de rechazo colectivo.
Manuel Amador, presidente de la Juntas de Agua de la capital
Manuel Amador, presidente de la Juntas de Agua de la capital y Cristopher Castillo, activista de la oenegé ARCA, denunciaron el Concurso de Contratación de Servicios de Administración Fiduciaria para el Manejo Financiero y Contable de los Ingresos de la Tesorería de la Unidad Municipal del Agua, en la que el vicealcalde, Juan Carlos García, figura como gerente interino.
“Esos procesos son inconsultos y dañinos, en particular el compromiso del edil de la capital, Nasry Asfura y de la AMDC con la transnacional Hidalgo y Hidalgo y el banco FICOHSA, propiedad de la familia Atala”, señaló Castillo.
Luego del avasallador Examen Periódico Universal (EPU) para Honduras, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por 123 organizaciones ambientalistas, derechos humanos y de grupos vulnerables, la conflictividad retorna alrededor del cobro y manejo de las fuentes que abastecen al Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, (SANAA), que pasaría por 30 años a favor del banco FICOHSA.
“El alcalde no puede firmar compromisos que trasciendan su administración, está violando la ley, él debió consultar en cabildo abierto por qué otorgó a Hidalgo y Hidalgo las responsabilidades del SANAA, utilizando los equipos de la institución”, recriminó Amador.
“Están mintiendo porque están privatizando el agua, la gente no debe apoyar al alcalde porque nos está mintiendo”, sostuvo Amador, que pidió aprender del pueblo de Costa Rica, que hizo echar atrás al gobierno en un endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional y una semana después pide su destitución; o el caso del Colegio de Abogados de Honduras, donde el gremio se unió para recuperar la institución gremial.
La gente por la extrema pobreza en que viven está expuesta a eso, pero si no reaccionamos como pueblo esto no se podrá revertir; el agua es un derecho humano y si el alcalde logra privatizar el servicio de agua, van a llorar cuando tenga la factura eléctrica.
Recordó que la toma de la carretera al departamento de Olancho, esta semana en la que vecinos de una decena de colonias y comunidades fueron fuertemente reprimidos por la policía, porque la alcaldía y el SANAA les dijeron que se embarcaran en ese proyecto y hoy no tienen pegues de agua porque el volumen de producción de El Picacho, de donde iban a ser provistos, bajó como consecuencia del impacto ambiental en La Tigra, donde se construye una zona modelo, señaló Amador.
Hay un déficit de 100 millones de metros cúbicos de agua, se necesitan represas y hoy esas comunidades que apoyaban a la Alcaldía piden la construcción de la represa del río del Hombre, pero la autoridad responde instalando un tanque que no resuelve el desabastecimiento.
Cristopher Castillo, de ARCA, cuestionó que el traspaso de la administración de vital líquido permitirá que FICOHSA se adueñe del agua mientras el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), libere un préstamo de 500 millones de lempiras al ente que vendrá a sustituir al SANAA.
“Esta familia tendrá control financiero, político y ambiental, solo la organización y entender que vivimos en una narcodictadura nos dará la libertad, no lo digo partidistamente, todo esto está involucrado en corrupción, como Hidalgo y Hidalgo, denunciada en Bolivia y Ecuador por daños al ambiente y de pagar sobornos a funcionarios en Panamá, entre otros, señaló Castillo.
Ayer asesinaron a un defensor de DDHH, la alcaldía entrega las fuentes de agua tenemos procesos de criminalización y esa es la lógica con que opera la dictadura, concluyó.
Pobladores de Arizona, Atlántida protestan ante MiAmbiente por la concesión ilegal del proyecto hidroeléctrico sobre el río Jilamito
AGUA ZARCA y Jimalito
Berta Zúniga Cáceres, hija de la malograda líder Lenca y ambientalista, Berta Cáceres Flores, junto al al abogado Víctor Fernández, del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, (MADJ), junto a Eda Gaitán dirigente comunitaria del municipio de Arizona, y el alcalde de este término, Arnaldo Chacón, vienen enfrentando la arremetida de empresas extractivistas en sus comunidades.
En cada Evaluación Periódica Universal Honduras, (EPU), el país ha recibido bastantes observaciones en las que poco se avanza, incluso las estadísticas de las organizaciones de la sociedad civil difieren de las oficiales.
Casos como el de río Blanco, el proyecto Agua Zarca, ayudaron a que las comunidades abrieran los ojos ante el impacto ambiental y de los estudios que en ese tema emite el gobierno en un clima de fraude y corrupción.
Este proyecto tiene esas irregularidades como muchos otros más que no consideran las consecuencias y aprovechan la pobreza para ofrecer soluciones para mejorar sus condiciones sin que se cumplan.
El abogado Fernández, por su parte, señaló que proyectos como Agua Zarca y Jilamito parten de iniciativas del año 2010 para licitar energía, aunque ambos fracasaron y declarados inviables por la ENEE y aun así fueron impuestos; en términos ambientales tenían obligaciones de cumplimiento que no fueron socializados, pese a que en el caso de río Blanco ha impactado en comunidades que hoy no tienen agua, precisó.
Criterio compartido por Elena Gaitán, defensora del agua de 26 comunidades, que están siendo directamente afectadas con la pérdida del río Jilamito, Atlántida.
“Un día como hoy MIAMBIENTE, además de no cumplir los estudios hidrológicos y no compartir el proyecto con las comunidades al día siguiente, Jonathan Laínez y otros funcionarios más, aprobaron las licencias ambientales”, recordó Fernández.
“Qué hay detrás de esos proyectos que con la propuesta de cambiar la matriz energética saquean el país; DESA, los Atala, la empresa de Emín Abufele con capital estadounidense, estas son prácticas de desconocimiento del Estado que deparan violaciones de DDHH”, agregó.
Cuando se empieza a descubrir esa estructura mafiosa hay violencia del Estado, los funcionarios se vuelven parte de esa estructura mafiosa para saquear el país y cuando se imponen esos proyectos comienza un nuevo proceso de colonización. En Arizona se producen millones de lempiras en energía, pero apenas tributan un millón de lempiras a la municipalidad.
Arnaldo Chacón, alcalde de Arizona, relató que desde el 2009 se pretende imponerles el proyecto del río Jilamito, por lo que desde ese entonces es víctima de persecución y amenazas.
El 12 de abril de 2018, Carlos Hernández, ex fiscal del Ministerio Público y apoderado legal del alcalde Chacón, recientemente acusados junto a cuatro dirigentes del MADJ, acusados de usurpación por detentación contra el Estado de Honduras y la empresa Generación Eléctrica (INGELSA), por defender el río Jilamito desde el 2017, muere asesinado a manos de desconocidos cuando se encontraba haciendo labores en su despacho en la ciudad de Tela, Atlántida.
Él, junto a pobladores de la zona y el alcalde Chacón levantaron el “Campamento Digno en Defensa del Río Jilamito”, instalado en Arizona, en mayo de 2017.
Desde el 2015 hubo oposición de la ciudadanía y eso molestó a la empresa y eso ha hecho que se nos criminalice junto a cuatro defensores ante el incontenible rechazo de las comunidades.
En función de los intereses de la colectividad que representa, “hemos desarrollado dos cabildos abiertos en los que la gente se ha pronunciado en contra a esos proyectos porque saben que se entregan los recursos sin beneficio, se imagina que hay dos proyectos hídricos que solo pagan al año 235 mil lempiras cada uno a las municipalidades.
Cinco días antes de asumir la alcaldía he tenido cinco persecuciones por la defensa de las fuentes de agua, pero tenemos el apoyo del pueblo que el año pasado estuvo de tres a cuatro meses sin agua.
Estamos por buen camino, aunque duela porque estamos criminalizados, pero contamos con el apoyo de defensores como el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, recalcó.
El Estado tiene una conducta criminal, violador de derechos humanos vinculado a la corrupción y sometido a investigaciones de crimen organizado que sabe generar y permitir violencia para permanecer en el poder.
Sin embargo “ha podido aprender a manejar foros internacionales donde acepta que falla, pide perdón y maneja un discurso coherente lo que genera disposición de la comunidad internacional para mejorar sus políticas de derechos humanos, pero desconociendo las prácticas de corrupción y violencia institucionalizadas”.
