Por: Redacción CRITERIO
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. El Ministerio Público de Honduras reactivó este viernes el polémico caso de la “cuarta urna”, extendiendo citatoria contra el expresidente Manuel Zelaya y a algunos de sus funcionarios que participaron en este proyecto, que desencadenó en el golpe de Estado de 2009.
En su cuenta de Twitter Zelaya publicó “atención: FISCALÍA ordena REACTIVEN persecución a Zelaya por la 4 URNA LLEGARON citatorias…”
Zelaya, quien participará este sábado en San Salvador, El Salvador, en la beatificación de monseñor Oscar Arnulfo Romero, fue citado para comparecer ante la Fiscalía Contra la Corrupción el próximo martes 26 de mayo.
La apertura del juicio de la cuarta urna, surge a raíz de las presiones por parte de un fuerte sector de la sociedad hondureña, para que se investigue el fraude de casi 7,000 millones de lempiras contra las finanzas del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
En el bochornoso acto se vincula al Partido Nacional, que de acuerdo a una investigación de Radio y TV Globo, recibió fondos para la campaña política.
A raíz de las presiones, por iniciativa del Congreso Nacional, presidido por el nacionalista, Mauricio Oliva, se acordó la integración de una comisión multipartidaria, que en 20 días investigará, además del latrocinio en el Seguro Social, algunos casos emblemáticos de corrupción suscitados en los últimos años entre los que destacan la “cuarta urna”, Trans-450, …entre otros.
CRITERIO intentó entrevistar al expresidente Zelaya para conocer con mayor precisión el contenido de la citatoria y los nombres de los demás funcionarios que han recibido la misiva del Ministerio Público, pero no respondió la llamada telefónica.
No obstante, su esposa y también excandidata presidencial por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Xiomara Castro, dijo “estamos de pie, nos vamos a presentar aún con un sistema institucional controlado por quienes gobiernan y con un Ministerio Público controlado por un solo hombre”.
Castro añadió que su esposo y los demás exfuncionarios se presentarán a todas las instancias del Estado donde sean requeridos y “vamos a presentar las pruebas de lo que nos están acusando y vamos a rendir cuentas porque todo lo referente a la cuarta urna, fueron actos públicos”, destacó.
La política hondureña consideró que la apertura de los juicios contra Zelaya y su gobierno, es una cortina de humo del Partido Nacional, para ocultar el robo de los casi 7,000 millones de lempiras.
La “cuarta urna” consistía en una consulta popular que se pondría en práctica el 28 de junio de 2009, para preguntarles a los hondureños si estaban de acuerdo o no con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Pública y la Procuraduría de la República, presumieron que el proyecto conllevaba el continuismo Zelaya, por lo que ese mismo día se procedió al golpe de Estado que lo sacó del poder.
Después de su derrocamiento la administración Zelaya comenzó a ser investigada y llevado a los tribunales justicia a algunos de funcionarios, por el desvío de 40 millones de lempiras.
