Entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2024, Honduras ha registrado un alarmante total de 579 muertes violentas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, lo que refleja la creciente crisis de violencia que afecta a la población más vulnerable del país y subraya la urgencia de implementar medidas efectivas de protección y justicia
Tegucigalpa, Honduras. – Con un promedio de más de 50 Niños, Niñas y Adolescentes y jóvenes (NNA) asesinados cada mes, Honduras se encuentra sumido en un ciclo de agresiones que incluye homicidios, abusos sexuales y reclutamiento forzado por grupos criminales que afectan directamente a la niñez.
Los últimos hechos registrados que han alarmado a la sociedad y que han cobrado la vida de dos niñas en el país. Una de 13 años en La Lima, Cortés, y otra de 6 años en Sabá, Colón.
El 14 de diciembre, la comunidad de la colonia Comilsa en Sabá, Colón, fue sacudida por el hallazgo de los restos desmembrados que posteriormente fueron identificados a pocos días de finalizar el año y se dio a conocer que se trataba de Emy Yosarí Pérez Martínez, una niña de seis años.
En otro hecho violento, se conoció el asesinato de Nicol Sarahí Villeda Velásquez, de 13 años. Su cuerpo fue encontrado el 26 de diciembre en un solar baldío en La Lima, La niña fue reportada desaparecida el 22 de diciembre
Estos trágicos sucesos han reavivado el debate sobre la creciente vulnerabilidad de los menores y la ineficacia de las medidas de protección implementadas por el Estado.
Cándida Sauceda, directora nacional de Casa Alianza de Honduras (CAH) destacó que la violencia que enfrentan los niños y niñas hondureños es un reflejo de un entorno familiar marcado por la inseguridad y la falta de respuestas efectivas por parte del Estado. «La situación es alarmante», afirmó.
«No hay garantías reales para proteger los derechos de la niñez», expresó, Sauceda, añadiendo que las políticas existentes no se están aplicando con la urgencia necesaria.
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SIN RESPUESTAS
La situación se ha vuelto crítica. De acuerdo con Sauceda, «no hay una respuesta evidente por parte del Estado ante los casos de desapariciones y asesinatos».
La falta de información sobre los responsables y el escaso avance en las investigaciones dejan a las familias sin respuestas. «¿Qué justicia se puede ofrecer cuando no hay un seguimiento adecuado a estos casos?», cuestionó.
Uno de los factores que agravan esta problemática es la disminución del presupuesto destinado a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF). «¿Qué mecanismos de protección puede ofrecer el Estado si se le está reduciendo el presupuesto?», se preguntó Sauceda. Esta reducción, de acuerdo con la directora de Casa Alianza, pone en riesgo la seguridad y bienestar de miles de niños y niñas que viven en situaciones vulnerables.
Por otro lado, Jessica Sánchez, directora ejecutiva del Grupo Sociedad Civil (GSC) y defensora de los derechos de las mujeres, expresó su indignación en redes sociales tras el asesinato de Nicol Sarahí Villeda, señalando la falta de respuesta del gobierno ante la creciente violencia de género. «Ni un tweet, ni un mensaje, ningún llamado de solidaridad presidencial en el caso de la niña Nicol Sarahí Villeda», lamentó Sánchez, subrayando que los femicidios siguen sin ser una prioridad para las autoridades.
A pesar que los homicidios han disminuido con una tasa proyectada de 27 por cada cien mil habitantes, la violencia contra las mujeres y niñas se mantiene alarmantemente alta, evidenciando que el estado de excepción no ha logrado proteger a este grupo vulnerable. «La deuda con las mujeres, presidenta, sigue pendiente», enfatizó Sánchez, resaltando la necesidad urgente de atención y acción efectiva para abordar esta crisis persistente.
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EXIGENCIAS ESTATALES
La normalización de la violencia es otro aspecto preocupante. Analistas consideran que no sólo es un problema social, sino que pareciera que también las autoridades han normalizado esta violencia.
La falta de respuestas eficaces por parte del Estado ante esta problemática es considerada inaceptable por parte de Casa Alianza. Ante esta situación crítica, la organización ha hecho un llamado urgente a las autoridades hondureñas para que adopten medidas inmediatas y contundentes para garantizar la protección de los derechos de la niñez.
Entre sus exigencias se encuentran: Acciones inmediatas para buscar justicia en los casos mencionados, con identificación rápida de los responsables y aplicación efectiva de la justicia; Refuerzo en los mecanismos de protección infantil mediante capacitación y recursos adecuados para las autoridades encargadas.
De igual forma exigen el fortalecimiento de la seguridad en comunidades vulnerabilizadas, especialmente en aquellas donde prevalece la violencia y el crimen organizado; asi como la implementación de políticas públicas integrales que prioricen el bienestar infantil y promuevan una cultura de respeto y no violencia.
También, enfatizan en el compromiso con la erradicación de la impunidad en crímenes contra menores, fortaleciendo el sistema judicial y garantizando acceso a justicia para las víctimas.
Ante la falta de falta de garantías para proteger los derechos de la infancia y que las políticas existentes no se están implementando adecuadamente Cándida sauceda, enfatizó que es crucial la creación de redes de protección comunitaria que involucren a escuelas, iglesias y organizaciones civiles. «Mientras no haya un mecanismo estatal efectivo, debemos unirnos como comunidad para proteger a nuestra niñez», instó Sauceda.
DE acuerdo con la Red de Instituciones por los Derechos de la niñez y juventud de Honduras (Red Coiproden), desde el 01 de enero al 30 de noviembre de 2024, se registraron 579 muertes violentas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
