Por: Redacción CRITERIO
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Foto portada: defensores de Guapinol que han sido criminalizados por defender los bienes comunes
Tegucigalpa. – El contexto para los defensores de derechos humanos en Honduras es de mordaza, cárcel o muerte, reveló el informe anual 2019 sobre la situación de las y los derechos humanos en Honduras presentado por ACI PARTICIPA.
El contexto del informe destaca aspectos que no son nuevos, pues han venido siendo parte del escenario nacional, solo ha variado en los niveles de profundización y agravamiento, dijo Hedme Castro, directora de ACI Participa.
Hedme Castro, directora de ACI Participa
En conclusión, Castro afirma que “Honduras es un país altamente peligroso para las personas que defienden los derechos humanos, el territorio, el ambiente y los bienes comunes”.
Aquí algunos aspectos que se destacan en el informe ejecutivo que fue presentado a los medios de comunicación:
REPRESIÓN. La intolerancia del régimen espurio al reclamo social y a la protesta popular, se ha manifestado en la brutalidad de policías y militares, mostrando incapacidad en el manejo de conflictos u obediencia ciega a quien da las órdenes, uso racional de gases lacrimógenos, desconociendo los estándares internacionales; uso de armas mortales.
POBREZA. La pobreza y la miseria cada vez mayores, en donde el Banco Mundial habla de índices de crecimiento económico, incluso con promedios superiores a nivel de Latinoamérica y, sin embargo, los pobres aumentan y aumenta su pobreza. Sigue siendo el país más pobre del continente después de Haití y el país más desigual o nivel continental.
REMESAS. La situación no es más grave porque se reciben las remesas que mandan quienes huyeron de Honduras. 120 millones de dólares semanales en promedio ingresan al país. VIOLENCIA. La percepción de inseguridad y violencia es sumamente elevada y e-71– aumento. 64 masacres se han registrado este año, para un promedio de 5.3 masacres por mes. La violencia continúa cebándose en la juventud, alrededor del 50% de las muertes violentas son jóvenes menores de 30 años. La población sigue siendo víctima de extorsión por parte de meras y pandillas.
SUICIDIOS. La población hondureña además de desesperada es una población desesperanzada; de enero 2016 a noviembre 2019, un total de 1499 personas se suicidaron, lo que equivale a 1.05 suicidios diarios.
MUJERES. La violencia y la criminalidad contra las mujeres también ha aumentado. Datos del Ministerio Público, señalan que la Fiscalía Especial de la Mujer, recibió más de 2,500 denuncias de violencia doméstica, sólo en el primer semestre de 2019. Según datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), de enero a octubre del presente año, registraron 300 muertes violentas de mujeres en el país, de las cuales, el 60% son femicidios y el 40% son muertes violentas, entendidas éstas como consecuencia de la criminalidad en el país.
CORRUPCIÓN. Es un monstruo enorme en crecimiento al que La MACCIH y la UFECIC apenas hacen cosquillas en su grueso caparazón; pero, aun así, estas dos instancias están amenazadas con desaparecer, por obra y gracia del Congreso Nacional controlado por el Ejecutivo. IMPUNIDAD, No solo está legalizada a partir de leyes y decretos emitidos por el Congreso Nacional, que promueven y facilitan la corrupción e impiden auditar el manejo de fondos públicos. El Decreto 141-2017 que reformó la Ley de Presupuesto General; La Ley de Secretos Oficiales; la Tasa de Seguridad; Inmunidad Parlamentaria y otras, incluyendo el Nuevo Código Penal.
Luego un sistema judicial falto de independencia, igual que el Ministerio Público, que en conjunto mantienen en la impunidad más del 90% de los crímenes y delitos penales, especialmente contra defensoras y defensores de los derechos humanos.
Derecho a defender los derechos humanos
Para el actual régimen este derecho no existe, a pesar de la Ley de Defensores y Defensoras, por ello durante 2019, las campañas de estigmatización, difamación y criminalización en contra de DDH han continuado de manera más intensa, complementadas con seguimientos, vigilancias y hostigamientos, como una forma de intimidación.
Del 01 de enero al 25 de noviembre, 2019, la Unidad de Protección a Defensoras-y Defensores en Riesgo, de AC1 Participa, documentó un total de 1,115 ataques y agresiones dirigidas hacia 499 defensoras y defensores de Derechos Humanos, e de los 18 departamentos de Honduras.
Dos categorías de defensores y defensoras han sido las más golpeadas:
Defensa del ambiente y bienes comunes y la defensa de la Libertad de Expresión. En el primer caso destaca la criminalización de las personas que defienden el agua como derecho humano, en pueblos como los de El Triunfo, Namasigüe, Reitoca, Pajuiles, Guapinol, Río Blanco (Agua Zarca), Masca, (Cortés) Yorito y los que defienden el bosque como los Tolupanes en Yoro y los lencas en La Paz e Intibucá. Un total de 7 ambientalistas y dos defensores de la tierra y el territorio fueron asesinados por su lucha. La causa: Las concesiones ilegales otorgadas por el Estado. El responsable: El gobierno.
En el caso de la Libertad de Expresión, siete periodistas y comunicadores asesinados/as es el saldo -Trágico de este año, además, múltiples agresiones físicas contra miembros de este gremio, especialmente mientras cubrían las protestas populares, principalmente en Choluteca, Tegucigalpa y San Pedro Sula. Varios periodistas con procesos judiciales y uno, privado de su libertad con una sentencia de más de 10 años de prisión. Varios periodistas desplazados físicamente de sus arraigos domiciliarios debido a amenazas a muerte, varios- debieron abandonar el país.
Un total de 29 personas defensoras de los derechos humanos, fueron asesinadas en Honduras durante el año de 2019, según los registros que lleva ACI PARTICIPA.
