Tegucigalpa.- Tribunal de sentencia de los Juzgados en Materia de Corrupción declararon culpable de los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios al exdirector de Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H), Marco Bográn por la compra fraudulenta de siete recintos sanitarios que superan los 1,200 millones de lempiras.
En tanto, contra el exadministrador Álex Moraes, los jueces lo declararon culpable del delito de violación a los deberes de los funcionarios y lo absolvieron de los cargos de fraude siendo puesto en libertad debido que el delito por el cual se le condenó no contempla prisión.
Por unanimidad de votos, Bográn fue declarado culpable de dos delitos de fraude agravado continuo más dos delitos de violación a los deberes de los funcionarios agravado de manera continua por lo que podría enfrentar una sentencia mínima de diez años de prisión y una máxima de once años más una multa igual o hasta el triple del valor defraudado.
Para el caso de Moraes que fue absuelto del delito de fraude agravado continuo, pero hallado culpable del delito de violación a los deberes de los funcionarios agravado de manera continua, será puesto en libertad y podría enfrentar una inhabilitación especial para empleo o cargo público de ocho hasta diez años.
Los abogados defensores de Moraes lograron demostrar durante el juicio que su representado solo “siguió órdenes de Bográn” respecto a la compra fraudulenta de los siete hospitales móviles adquiridos a precios sobrevalorados.
El Ministerio Público presentó 74 medios de prueba contra los imputados en el que destacan varios informes de auditoría forense que confirman que los recintos fueron recibidos en condiciones deplorables, no cumplieron con la finalidad por la cual se realizó su compra directa a precios sobrevalorados que además requirieron inversión adicional.
Entre los aspectos que evidencias que los recintos no reúnen las condiciones necesarias está el hallazgo de óxido en sus paredes, máquinas usadas, área de lavandería mal diseñada, equipos eléctricos no compatibles, no hay protección radiológica, la mayoría de equipos no cuentan con repuestos que sean vendidos Honduras, equipo médico defectuoso y usados, encielado en mal estado, entre un rosario de desperfectos.
Bográn fue declarado culpable de los dos delitos de fraude y dos delitos de violación a los deberes de los funcionarios por lo que se ordenó continuar detenido mientras Moraes corrió con mejor suerte al ser librado del delito de fraude.
A finales de enero concluyó el juicio oral y público contra los imputados en la compra fraudulenta durante el cual Bográn arguyó que los hospitales están siendo utilizados para atender cirugías menores como en el caso del instalado en la capital de Honduras.
“Solo vean que más de 10,000 cirugías se han hecho en uno de los hospitales que se compraron y si mi madre ocupara una operación, yo mismo la llevo al hospital móvil”, dijo en ese momento.
De los siete módulos conformados por contenedores que debían ser utilizados para pacientes portadores del virus que requerían cuidados intensivos, apenas tres están en funcionamiento, pero con atención de patologías leves y con la reducción de más del 50% de la capacidad de atención que se prometió; los cuatro restantes están sin utilidad.
Los apoderados legales de Bográn y Moraes presentaron ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso de amparo alegando que se dictó auto de formal procesamiento “sin tener pruebas suficientes y contundentes” para continuar la causa penal.
Sin embargo, en abril, la Sala de lo Constitucional resolvió sobreseer el recurso de amparo manteniendo el auto de formal procesamiento y dejando el camino libre para que el Tribunal de Sentencia pueda emitir la resolución del caso penal.
Tras el fallo condenatorio, el Código Penal establece, en su artículo 482, que por el delito de fraude enfrenta una pena mínima de cinco a siete años más una multa por la cantidad igual o hasta el triple del valor defraudado e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la pena, mientras que el delito de violación a los deberes de los funcionarios, contemplado en el artículo 499, solo tiene una pena de inhabilitación de tres a seis años.
Pena que aumentará debido que el delito de fraude que se le imputan es un agravante por causar un perjuicio contra la salud y el Estado de Honduras contemplado en el artículo 508 de la normativa penal que incrementa en un ¼ de la pena.
FRAUDULENTA COMPRA
El 18 de marzo de 2020, Bográn compró a la empresa de fachada Elmed Medical Systems, propiedad del guatemalteco Axel López, los primeros dos hospitales móviles y, posteriormente, el 2 de abril, pagó los otros cinco restantes más las siete plantas de tratamiento de residuos médicos.
Sin presentar garantías de compra, facturas, documentos legales o recibir los primeros recintos, Bográn pagó a López el 100% del valor el mismo día que realizó la adquisición por un monto total de 47 millones 462,500 millones de dólares lo que representa una erogación de mayor a los 1,178 millones de lempiras sin contar los gastos adicionales.
Se prometió que los primeros dos hospitales llegarían a la nación en mayo de 2020, pero fue hasta el 10 de julio que llegó a puerto y hasta el 15 de octubre comenzó a atender pacientes el recinto instalado en San Pedro Sula mientras que el de Tegucigalpa se entregó hasta el 29 de enero de 2021.
El 12 de octubre de 2020 llegaron otros dos módulos hospitalarios que debían ser instalados en la ciudad de Copán y en Choluteca mientras que los restantes destinados a las ciudades de Juticalpa, La Ceiba y Danlí fueron entregados el 25 de noviembre cuando la fecha pactada era el 31 de julio.
Según informes del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) exponen que la compra no debió superar los 361 millones de lempiras siendo sobrevalorados en 807 millones.
Por cada recinto se pagó 48 millones de lempiras de más por lo que el 24 de junio el Ministerio Público inició diligencias penales contra Bográn desarrollando 14 líneas de investigación, no obstante, solo en dos de estas se han judicializado hasta el momento siendo capturado en octubre de 2020.
Durante la sentencia, se reveló conversaciones obtenidas del 18 de marzo de ese año en los que se hicieron cuestionamientos a Bográn por parte del Consejo Consultivo sobre las especificaciones en la compra, este en su afán de beneficiar a López realizó las diligencias para el pago total el 19 de marzo.
