La voluntad popular, y la incipiente democracia Guatemalteca están bajo amenaza y peligro muy grave.
Por: Ricardo Barrientos
Director ejecutivo de ICEFI
El proceso electoral guatemalteco inició con numerosos tropiezos y anomalías. Varias candidaturas fueron descalificadas con procedimientos y mecanismos judiciales anómalos. Como es usual en las campañas electorales, en Guatemala abundó el financiamiento electoral no reportado e ilícito, en muchos casos vinculado al crimen organizado transnacional.
No obstante estas anomalías, el proceso avanzó y el 25 de junio pasado se realizaron las elecciones generales, que abarcó la presidencia y vicepresidencia del poder Ejecutivo, diputaciones distritales y nacionales y las corporaciones municipales integradas por alcaldes, concejales y síndicos. Con excepción de hechos de violencia y otras singularidades, esa jornada electoral transcurrió de manera pacífica y con características de una fiesta cívica tan necesaria, como rara, en Guatemala.
Los resultados de la elección presidencial y vicepresidencial fueron una sorpresa enorme, el segundo lugar ocupado por Bernardo Arévalo, candidato presidencial, y Karin Herrera, candidata vicepresidencial, del partido Movimiento Semilla, esto contra pronósticos y encuestas de intención de voto y otras mediciones. Por no haber alcanzado por lo menos la mitad más uno de los votos válidos, Sandra Torres, candidata presidencial, y Romeo Guerra, candidato vicepresidencial del partido Unidad Nacional de la Esperanza, disputarán, con el partido Movimiento Semilla, el balotaje programado para el 20 de agosto.
Este resultado, que usualmente se ha definido sin mayor sobresalto, fue producto de una odisea y lo que puede considerarse una fase de una crisis política que tiene en jaque a Guatemala. Seguramente debido al hecho de que ambos partidos contenientes en el balotaje de la elección presidencial tienen un discurso de centro izquierda, con una oferta electoral que promete priorizar la protección social y una economía justa e inclusiva, lo que supone una derrota aplastante para la derecha conservadora y empresarial tradicional, es que, luego de la elección del 25 de junio y de la divulgación de los resultados preliminares, se desataron acciones judiciales para impedir la oficialización de los resultados y la convocatoria al balotaje del 20 de agosto.
Algunos de los partidos políticos perdedores interpusieron acciones legales alegando anomalías en el cómputo de las actas de la votación, acciones que fueron amparadas por la Corte de Constitucionalidad (CC). Sin ser un procedimiento establecido en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) procedió a repetir el cotejo de esas actas, proceso que logró concluir, confirmándose los resultados preliminares. Algunos de los partidos políticos que interpusieron las acciones legales, desistieron y reconocieron a los vencedores y la legitimidad del proceso y sus resultados. El TSE, por fin, oficializó los resultados y convocó al balotaje.
Este proceso suscitó una alineación de numerosos y diversos sectores para defender el proceso electoral, los resultados de la votación del 25 de junio, y la convocatoria del balotaje el 20 de agosto. En una Guatemala en extremo dividida y polarizada, fue refrescante y esperanzador la sucesión de pronunciamiento y comunicados de la sociedad civil organizada, el sector privado empresarial, iglesias, comunidad internacional, misiones de observación electoral, entre muchos otros, todos, en la misma línea: defender la democracia y el resultado de las elecciones.
Sin embargo, no todos los sectores han demostrado esta madurez y vocación democráticas. Un grupo reducido, cada vez más aislado y desesperado de grupos radicales, incluyendo funcionarios y exfuncionarios gubernamentales señalados de corrupción y vinculados al presidente Giammattei, exmilitares, organizaciones de derecha extrema, algunas iglesias neopentecostales y unos pocos empresarios, muchos de ellos incluidos en la denominada Lista Engel, mantienen una posición miope y necia. Sostienen alegatos de fraude, sin ningún fundamento, y mantienen su empeño de atacar el proceso electoral, ensañándose especialmente en contra del Movimiento Semilla y sus candidaturas.
Normalmente este grupo reducido de extremistas no deberían representar una amenaza. Sin embargo, sí lo son, porque mantienen capturado el Ministerio Público (MP), en particular, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), entidades que, contra su mandato y la ley, se han dedicado a fabricar casos de persecución penal espuria en contra de jueces y fiscales anticorrupción, periodistas y, ahora, en contra de integrantes del partido Movimiento Semilla y de funcionarios del TSE. Estos ataques son tan burdos y descarados, que han generado una ola de condenas en el ámbito nacional, como en la comunidad internacional.
Así, Guatemala se debate entre dos escenarios extremos. Por un lado, el grupo reducido de mafiosos y fanáticos de la derecha extrema continúan controlando el MP y la FECI, sumándose a la ola regresiva, antidemocrática, autoritaria y dictatorial que plaga Centroamérica. O, triunfa la voluntad legítima del pueblo guatemalteco, emanado del voto libre y consciente en las urnas, con lo cual Guatemala bien podría ser un faro de esperanza democrática en la región.
El asunto no es menor por las consecuencias políticas, sociales y económicas. Las consecuencias de que en Guatemala las argucias y la judicialización espuria lograran aplastar las libertades fundamentales como el voto, la expresión del pensamiento y la organización libres, serán nefastas para las y los guatemaltecos, pero no se quedarán en Guatemala. La dictadura de Ortega en Nicaragua o el régimen autoritario de Bukele en El Salvador, encontrarían un nuevo aliado en Guatemala, un nuevo cómplice para violar la ley, las libertades fundamentales y la democracia en general, con tranquilidad e impunidad.
Las consecuencias sociales serían gravísimas, porque la corrupción, ya rampante en el régimen de Giammattei, empeoraría aún más, la ineficacia del Gobierno alcanzaría niveles catastróficos, y con ello, la pobreza, la desigualdad, la desnutrición crónica infantil y otras tragedias humanas, que ya son vergüenzas serias de Guatemala, serían aún peores. La economía tampoco será indiferente a la debacle, toda vez, con la sola amenaza, ya se registra fuga de capitales, alerta entre inversionistas, y en general, temor y cautela en la actividad económica.
Por todo esto que está en juego, se debe poner mucha atención a la encrucijada crítica que enfrenta Guatemala. Se requiere acción nacional e internacional enérgicas, y un compromiso honesto y decidido por defender la democracia, en Guatemala, y en el resto de Centroamérica.
