Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa.- Guardas de seguridad, empleados de la empresa, Servicios de Seguridad Lempira (SERSEL), asignados al hospital de Santa Bárbara, se han declarado en huelga de brazos caídos, por falta de pago de cinco meses de salario. La acción inició este martes 14 de julio y los afectados anuncian que se mantendrán firmes hasta que la compañía les haga efectivo el pago.
A la falta de pago de los cinco meses de trabajo también se suma que en junio pasado la empresa debía cancelarle el derecho al decimocuarto mes, que lógicamente tampoco se los han hecho efectivo.
Los guardas se quejan de que, por la falta de pago de sus salarios no tienen que comer en sus casas y que en las pulperías ya no les quieren dar “fiado”.
Vale mencionar, que esta no es la primera vez que los guardas de seguridad de esta empresa reclaman con acciones de protesta su derecho al pago de salarios. En julio del 2019 también se fueron a huelga de brazos caídos porque la compañía ya les debía cuatro meses de sueldo y el decimocuarto mes de salario.
Uno de los manifestantes, que para evitar represalias no mencionó su nombre, dijo que ya han hablado con los ejecutivos de la compañía, pero que no les resolvieron porque según le manifestaron la Secretaría de Finanzas no había realizado el desembolso.
Sersel es una empresa vinculada con el presidente Juan Hernández, que en los últimos años ha sido beneficiado con millonarios contratos por servicios de vigilancia privada en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y la Secretaría de Salud Pública, pero de igual manera también figura en los primeros lugares por denuncias relacionadas con la violación de los derechos laborales.
A esta compañía la representa Marco Tulio Hernández Matute, sobrino del presidente de la República, Juan Hernández e hijo de la ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Elena Matute de Hernández, cuñada del jefe de estado hondureño.
Pero este sobrino del presidente no solo es mencionado por representar legalmente a SERSEL en los contratos con el Estado, sino que, además, se señala de formar parte de la junta directiva de la Fundación de Desarrollo Comunitario Cynthia Marina, ONG, supuestamente vinculada con actos de corrupción.
Esta fundación es la propietaria de una lujosa camioneta que en agosto del 2012 le decomisaron a la esposa del ex Ministro de Finanzas, Héctor “Tito” Guillén, Dinora Aramburi de Guillen, con 1 millón 125 mil lempiras en efectivo, cuya procedencia no supo justificar en los tribunales de justicia. De la directiva de esta ONG también forman parte, Ivelis de Hernández, esposa del representante legal de SERSEL y la ex magistrada de la CSJ, María Elena Matute Cruz de Hernández, madre de él.
En su momento el periodista de Choluteca, Ariel D`Vicente, denunció que el dinero que conducía Aramburi en la camioneta de esa fundación, era parte de un soborno otorgado por una empresa camaronera, al ex Ministro de Finanzas Tito Guillen. Antes de haber sido nombrado ministro, Tito Guillen también fue Alcalde Municipal de San Pedro Sula en dos periodos y Diputado del Partido Nacional por el departamento de Cortés.
2 respuestas
No les pagan a sus héroes, estan fregados pegados con el covid-19 y sin sueldo, a ver que los mata primero el hambre o el virus.
Pero los diputados ministros magistrados y la akymta cúpula de los chafas gobierno I policías bien pagados