Edy Tábora, director del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), señala que quienes promovemos y defendemos el Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos, tenemos dos enormes desafíos en estos tiempos de dictadura, de militarización y de violencia institucional.
El primer desafío lo representa la violencia inmediata y directa que sufren las personas que se atreven a oponerse a un modelo extractivo de muerte que, queriendo aprovechar la pobreza de las comunidades que el propio sistema ha profundizado, lo imponen por la fuerza militar, policial y judicial.
El caso de Guapinol es un ejemplo de ello, pues las personas han sufrido la estrategia del régimen de presentarlos como enemigas del desarrollo, de amenazarlas y hostigarlas, de reprimirlas con la fuerza militar y policial, de criminalizarlas con el uso indebido del derecho penal y, si es necesario, de asesinarlas.
El segundo desafío lo representa la estructura legal e institucional que el régimen hondureño ha construido desde el golpe de Estado y que se sustenta en la aplicación de normas penales para encarcelar a las personas opositoras y en el uso de policías, soldados, fiscales, juezas y jueces para garantizar cierta estabilidad.
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El caso Guapinol representa una batalla ganada porque se logró superar el primer desafío en el sentido de detener en ese momento la violencia inmediata y directa contra la gente; sin embargo, la estructura legal e institucional que provoca esa violencia y que se refleja en el segundo desafío, se mantiene intacta.
Por ello, debemos de articular las diversas luchas en todo el país para lograr detener la violencia institucional contra las comunidades y personas que defienden los bienes comunes, pero sin ignorar que esa violencia no acabará si no cambiamos de raíz la estructura legal e institucional que la promueve.
Un comentario
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