Guapinol: Con la mirada de la corrupción e impunidad institucional en Honduras

MACCIH

Por: Ondina Maldonado Zavala

La Ley para la regulación de las operaciones de exploración y explotación petrolera y minera, según Decreto 56-91, de mayo de 1991, se estable que “su propósito es promover e impulsar las actividades de exploración y explotación petrolera y minera del país”, y  “que el Estado reglamentará su aprovechamiento de acuerdo con el interés nacional y social y fijará las condiciones de su otorgamiento y aprovechamiento a los particulares”.

El Artículo 172 de nuestra Constitución afirma que “Es deber de todos los hondureños velar por su conservación e impedir su sustracción”. Que el Acuerdo No, 002-2011 hace constar que “el Sistema Nacional de Ureas Protegidas de Honduras, está conformada por áreas protegidas declaradas y propuestas, siendo una de ellas la Montaña de Botaderos”.

“Que la Montaña Botaderos posee una extensión superficial de 96,755.4 hectáreas, de las cuales 24,223.7  hectáreas conforman la zona núcleo y 72,531.7 hectáreas la zona de amortiguamiento, y forma parte del sistema montañoso del país y los ecosistemas presentes son de gran importancia en la continuidad y conectividad del Corredor Biológico Mesoamericano”.

El Decreto No. 51-2011 afirma que “Las inversiones calificadas por SEPLAN (Secretaría de Planificación y Cooperación Externa), o COALIANZA, como megaproyectos de interés nacional que requieran una inversión no menor de CINCUENTA MILLONES DE DÒLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÈRICA (US$50,000,000.00), solicitarán ante el Concejo Nacional de Inversiones la aplicación de un procedimiento acelerado de inversión”

Que la Cédula de Notificación 2018-SE-0098, asegura que la Sociedad Inversiones Los Pinares, S.A. de C.V. debe presentar “La empresas interesadas en suscribirse al beneficio Declaratorio de Proyecto de Interés Nacional y el Procedimiento Acelerado para inversiones de Gran Escala deberán presentar el formulario respectivo para su aplicación”.

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¿Cuàl es el impacto de los proyectos mineros para los pobladores de la Montaña Botaderos? ¿Quièn es Lenir Pèrez dueño del proyecto minero? ¿Cuàl es la realidad de los pobladores de la Montaña Botaderos?

Para comprender la lucha de los pobladores del Aguán, debemos saber que los principales “impactos de los proyectos mineros se relacionan con la desterritorialización y la fractura del tejido social.  En relación con la desterritorialización, el despojo del territorio a los campesinos llegó con fuerza con la puesta en vigencia del modelo neoliberal a principio de la década de 1990, cuando los neoliberales hondureños derogaron la Ley de Reforma Agraria y aprobaron la Ley de Modernización Agrícola”.

Impacto socioambiental de la minería en la región noroccidental de Honduras a la luz de tres estudios de casos: Montaña de Botaderos (Aguán), Nueva Esperanza (Atlántida) y Locomapa (Yoro). Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación ERIC, en coordinación con el Colegio para la Salud Pública y la Justicia Social de la Universidad de Saint Louis Missouri. Junio, 2016.

Como bien lo formula una lideresa de Tocoa, “El mercado del recurso tierra se abre con la Ley de Modernización Agrícola, en 1992, cuando era presidente Rafael Leonardo Callejas. Antes de eso estaba en manos de organizaciones campesinas, ya fueran estas cooperativas o empresas asociativas de campesinos. De 1992 hasta el año 2000, estas empresas (asociativas campesinas) se vieron amenazadas o coaccionadas, y muchos hasta perdieron la vida por oponerse a vender los activos; hubo mucha presión, amenazas y toda una serie de estrategias para quitarle la tierra a los campesinos. En estos años estamos hablando de empresarios como el difunto Miguel Facussé, René Morales y Reinaldo Canales, que hoy son tres grandes terratenientes que acaparan la mayor parte de tierra en el valle del Aguán; se está hablando de más de 28 mil hectáreas muy fértiles”.

Prosigue el Estudio de caso 3 de la operación minera del empresario Lenir Pérez. Enero 2017, que “Las y los pobladores del Aguán son testigos fieles de la polarización social en que viven como expresión de la aplicación del neoliberalismo, y de las visiones contrapuestas —de campesinos y terratenientes— sobre la tenencia de la tierra”.

Una líder de la región las expone con maestría: “La tierra es un elemento que genera riqueza y un recurso que viene a generar conflicto porque, por un lado, unos la quieren para cambiar su sistema de vida de pobreza, como los campesinos, y otros la quieren para enriquecerse más”.

“Es de prever que la estrategia de despojo de la tierra para el cultivo de palma africana se repetirá con la minería, ya que los actores en el conflicto agrario son los mismos que están incursionando en el rubro de la minería e hidroeléctricas”. “Es decir, empresarios nacionales vinculados al capital transnacional, como Fredy Nasser y Lenir Pérez, yernos del difunto Miguel Facussé, autoridades públicas como el Inhgeomin y alcaldes municipales, así como empresarios locales presuntamente vinculados al narcotráfico”.

“Mediante visitas de campo y entrevistas a líderes sociales, autoridades públicas y periodistas, se comprobó que la mina en explotación más conocida es la de El Venado, ubicada en los municipios de Gualaco y San Esteban, departamento de Olancho, y colindante con Bonito Oriental. Actualmente, la minería en la zona está en la etapa de estudio de los minerales y, aparentemente, los proyectos ya aprobados no han entrado en operación debido a la caída mundial de los precios de los minerales. Sin embargo, el hecho de que más del 50% del departamento se encuentre en proceso de concesionamiento para actividades mineras, representa una grave amenaza para la vida y los medios de vida de la mayoría de la población del departamento”.

“En 2013, cuando la maquinaria minera empezó a llegar a la comunidad sin ningún tipo de consulta o aviso previos, los habitantes locales comenzaron a organizar un movimiento de protesta pacífica. Los líderes del movimiento empezaron a recibir amenazas de muerte inmediatamente por teléfono y mensajes de texto. Además, llegaron a la comunidad grupos de hombres armados que hacían disparos de advertencia al aire”.

“Pérez es militante activo del partido gobernante en Honduras y ha hecho apariciones públicas con la primera dama del país. Pérez ha sido acusado de haber sobornado a las comunidades locales para que permitan que la mina Buena Vista I siga adelante. Se dice que alardeó de haber pagado 360.000 USD a un alcalde local del Partido Nacional, que actualmente está siendo investigado por malversación de fondos públicos, en un intento de ganarse el apoyo de la comunidad”.

“Nos dijo: “Son unos mierdas. Les estoy dando electricidad […] Habrá mucho más comercio y ¡hasta tendrán más putas!” – César Alvarenga, describiendo cómo reaccionó Lenir Pérez cuando la comunidad de César se negó a dar su consentimiento a la mina de óxido de hierro en su tierra103.

¿Por qué los pobladores del Aguán se oponen al proyecto? “Porque temían que el daño ambiental que iba a causar fuera irreversible. Se ha demostrado que estos temores estaban justificados. Según un informe de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) de Honduras, el suministro de agua de la comunidad se ha contaminado, los peces han desaparecido de los ríos y se ha arrasado con los árboles. En el informe se concluyó que los residuos de la minería no se estaban desechando adecuadamente y que la mina había causado desprendimientos de tierras, inundaciones y erosión del suelo”.

¿Cuáles fueron las farsas de los  hechos de corrupción? “El decreto fue presentado fraudulentamente bajo la idea de la necesidad de ampliar la zona de amortiguamiento, sin embargo, la finalidad oculta de la reforma se hace evidente al comparar la nueva redacción del artículo con la anterior. La Zona núcleo se redujo de 24,223.7 hectáreas a solo 24,006.36, es decir 217.34 hectáreas menos, mismas que coincidentemente fueron entregadas al proyecto minero ASP y ASP 1, ahora en poder de la empresa “Inversiones Los Pinares”, propiedad de Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, hija del terrateniente fallecido Miguel Facussé”.

El decreto presentado “por el diputado Ricardo Díaz, se aprobó con la dispensa de dos debates y se aprobó de manera inconstitucional. El proyecto legislativo fue presentado ante el pleno del Congreso el 5 de diciembre del año 2013, meses después de que la empresa había solicitado la concesión y que los dictámenes del Instituto de Conservación Forestal (ICF) y unidades de Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) ahora MiAmbiente, habían establecido que la concesión no era viable porque el proyecto estaba en la zona núcleo del Parque Nacional”.

“Como muestra de ese estigma 13 personas están en prisión—12 hombres y una mujer— acusados por los delitos de privación injusta de la libertad, robo, incendio agravado y asociación ilícita”. Diputados cometieron un fraude legislativo al aprobar minera en El Guapinol: Abogados. CRITERIOHN. Febrero 2018

Sin embargo, a pesar de toda la odisea que han tenido que pasar los defensores de la Montaña Botaderos y sus alrededores, han sido calificados como “un grupo de personas que tenían tomado ese paso en rechazo a las exploraciones que está haciendo la empresa minera Pinares en el sector montañoso de este municipio” continúa el diario afirmando que “Hay información que manejamos,  para identificar  a cierto grupo de antisociales que está en la región”, debido a lo anterior “se van a fortalecer las fuerza militares en apoyo a la policía”. Con fusiles AK 47 los atacaron en Tocoa dice la policía. Diario La Prensa, 30 octubre 2018.

Y a manera de conclusión y el punto inicial del conflicto “el primer aspecto relevante a señalar en este caso es que la conflictividad social detona cuando no se respeta la voluntad de las comunidades ni su derecho a ser consultadas. El permiso para los trabajos de exploración se otorgó a espaldas de la comunidad, que rechazó el proyecto y comenzó una estrategia de resistencia. La empresa, con la anuencia o el apoyo de algunas autoridades, emprendió una serie de acciones que tuvieron un fuerte impacto social”. Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación ERIC, en coordinación con el Colegio para la Salud Pública y la Justicia Social de la Universidad de Saint Louis Missouri. Junio, 2016

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