Gobiernos y empresas asesinan a los defensores tratándolos como enemigos del Estado

• El informe anual de Global Witness sobre ataques contra defensoras y defensores de la tierra y el medio ambiente revela que 164 personas defensoras fueron asesinadas en 2018; un promedio de más de tres asesinatos por semana.
• La minería fue el principal motor de la industria, junto a una serie de ataques brutales también vinculados a proyectos hidroeléctricos, agroindustriales y madereros.
• Por primera vez, el informe destaca el uso y abuso de leyes y políticas diseñadas para criminalizar e intimidar a las y los defensores, sus familias y las comunidades que representan, con estudios de casos de Guatemala, Reino Unido, Irán y Filipinas.

El año pasado, fueron asesinadas un promedio de más de tres personas por semana, al defender sus tierras y el medio ambiente de la invasión de industrias como la minería, la tala y la agroindustria. Incontables más fueron silenciadas a través de otras tácticas diseñadas para aplastar la protesta, como arrestos, amenazas de muerte, juicios y campañas de desprestigio.

Los datos divulgados por la organización revelan que Colombia lidera la estadística con la cifra de 24 asesinatos, seguido por Brasil con 20, Guatemala (16), México (14), Honduras (4) y Chile (2).

Por primera vez desde que Global Witness comenzó a documentar tales asesinatos, Filipinas registró el mayor número de asesinatos en todo el mundo, con 30 víctimas. El mayor aumento en la cantidad de asesinatos tuvo lugar en Guatemala, registrando en 2018 un aumento de más del 500% en comparación con 2017.

A nivel mundial, la cifra real probablemente fue mucho mayor, porque los casos no suelen ser documentados, y muy pocos son investigados. Resulta difícil encontrar o verificar evidencia confiable.

La minería fue el sector más mortal, causando 43 muertes confirmadas. El 2018 también registró un aumento en los asesinatos relacionados con la defensa de las fuentes de agua a nivel mundial, pasando de cuatro asesinatos en 2017 a 17 en 2018. Entre los presuntos autores se encuentran la seguridad privada de las empresas, las fuerzas estatales y los asesinos a sueldo, que a veces trabajan en coalición.

Este año, por primera vez, Global Witness también alerta sobre la criminalización de las y los activistas y sus comunidades. Evidencia presente en todos los continentes muestra que los gobiernos y las empresas están utilizando los tribunales y los sistemas legales de los países como instrumentos de opresión contra quienes amenazan su poder e intereses.

Esto incluye el uso indebido de leyes existentes, diseñadas para detener terroristas o proteger la seguridad nacional, y la creación de nuevas normas para prohibir la protesta o coartar la libertad de expresión. Esto hace que los ataques a las personas defensoras parezcan legítimos, aumentando la probabilidad de que ocurran.

Gran parte de la persecución de las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente está siendo impulsada por la demanda de tierra y de materias primas necesarias para los productos que consumimos todos los días, como alimentos, teléfonos móviles o joyas.

Como se detalla en el informe de Global Witness, por ejemplo, activistas indígenas en Filipinas enfrentaron amenazas de muerte, fueron encarcelados y sus casas fueron demolidas por oponerse a que sus tierras fueran utilizadas para cultivar bananos para vender en los mercados globales.

Mientras tanto, en Guatemala, el auge de la minería, los proyectos hidroeléctricos y los cultivos agrícolas para la exportación ha provocado un aumento en los ataques contra la población indígena rural y ha despertado el temor de un retorno a la violencia genocida que sufrió el país hace 30 años.

La criminalización de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente no se limita al Sur Global. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha concesionado tierras indígenas a empresas de combustibles fósiles y varios estados de este país han aprobado nuevas leyes para reprimir las protestas. En el Reino Unido, tres manifestantes contra el fracking fueron condenados a penas de prisión draconianas en 2018, en un caso que ha despertado el temor de que la ley se esté utilizando para acallar el activismo ambiental legítimo.

Esta tendencia solo parece empeorar. Si bien el informe de Global Witness se enfoca en los eventos de 2018, este año muestra señales desalentadoras, ya que los políticos de todo el mundo están eliminando protecciones en materia ambiental y de derechos humanos, con el objetivo de promover negocios a cualquier costo. En Brasil, por ejemplo, el reciente compromiso del presidente Jair Bolsonaro de permitir la explotación de reservas indígenas para el desarrollo ya ha provocado una afluencia de acaparadores de tierras armados con motosierras y pistolas.

Alice Harrison, encargada de campañas de Global Witness, dijo:

«Los ataques despiadados contra personas defensoras de la tierra y el medio ambiente siguen ocurriendo, a pesar del creciente impulso detrás de los movimientos ambientales en todo el mundo. A medida que nos precipitamos hacia el colapso climático, nunca ha sido más importante apoyar a quienes intentan defender su tierra y nuestro planeta de la destrucción imprudente impuesta por ricos y poderosos.

“Es una ironía brutal que, si bien los sistemas judiciales rutinariamente permiten que los asesinos de personas defensoras caminen libres, también están siendo utilizados para calificar a las y los activistas como terroristas, espías o delincuentes peligrosos. Ambas tácticas envían un mensaje claro a otros activistas: los riesgos de defender sus derechos son punitivos para ellos, sus familias y sus comunidades».

Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas:

“En marzo de 2018, el gobierno de Filipinas me declaró terrorista. Esto fue una represalia por haber hablado en contra de las violaciones de los derechos indígenas en mi país de origen. Durante meses, viví bajo amenaza, y no podía regresar a casa con seguridad. Aunque desde entonces he sido eliminada de la lista, los funcionarios del gobierno continúan lanzando falsas acusaciones en mi contra.

«Este es un fenómeno que se ve en todo el mundo: las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente son declaradas terroristas, encarceladas o golpeadas con ataques legales paralizadores, por defender sus derechos o simplemente por vivir en tierras que son codiciadas por otros».

Principales hallazgos:

• En 2018 se reportó el asesinato de 164 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, lo que significa un promedio de más de tres asesinatos por semana. Muchas más personas defensoras fueron atacadas o encarceladas.
• Los países con el mayor número total de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente cuyos asesinatos fueron registrados fueron Filipinas (30), seguida por Colombia (24), India (23) y Brasil (20).
• El mayor aumento en la cantidad de asesinatos se produjo en Guatemala, con cinco veces más asesinatos, lo que lo convierte en uno de los países más sangrientos per cápita, registrando 16 asesinatos.
• La minería fue el sector más mortal, con 43 personas defensoras asesinadas por protestar contra los efectos destructivos de la extracción minera en la tierra de las comunidades, sus medios de vida y el medio ambiente.
• Hubo una escalada de asesinatos de personas defensoras que luchan por la protección de las fuentes de agua, los cuales pasaron de cuatro en 2017 a 17 en 2018.
• Más de la mitad de los asesinatos cometidos en 2018 ocurrieronen América Latina, región que ha sido clasificada de forma sistemática como el continente más afectado desde que Global Witness comenzó a publicar datos sobre asesinatos en 2012.
• Global Witness pudo vincular a las fuerzas de seguridad del Estado con 40 de los asesinatos. Actores privados como sicarios, bandas criminales y terratenientes también fueron los presuntos agresores en 40 muertes.
• La criminalización y las demandas civiles agresivas se están utilizando para sofocar el activismo ambiental y la defensa de los derechos a la tierra en todo el mundo, incluso en países «desarrollados» como EE. UU. y el Reino Unido.