Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.- Entre el 2010 y el 2015, el Estado hondureño invirtió más de 15 mil 17 millones de lempiras en la implementación de una política de protección social, cimentado una política fiscal peligrosa que no resuelve los problemas estructurales de pobreza en Honduras.
Lo anterior se dio a conocer en el programa radial “Aperitivos con Ideas”, producido por el CESPAD y que se transmite todos los martes a las 11: am, por RDS-Radio, en el programa conversaron Gustavo Irías, director de CESPAD y la periodista Claudia Mendoza, analizando el estudio titulado: “Políticas de bonos contra la pobreza: entre el asistencialismo social y el riesgo de politización partidaria”.
Estas son las conclusiones que presenta el estudio:
- El actual gobierno ha asumido como su política pública social la protección social, con un enfoque de emergencia, es decir, de asistencia social. En tal sentido, prioriza en la entrega de bonos o transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas. Esta política para enfrentar la pobreza es insuficiente, pues no ataca sus causas estructurales.
- En el marco de la actual reforma del Estado se ha producido la transformación de la Secretaría de Desarrollo Social en Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), cuyo nuevo mandato es la implementación y desconcentración de la entrega de bonos a la población más pobre.
- El financiamiento de esta política pública proviene, principalmente, de préstamos internacionales (BID, BM, BCIE y otros) en más de un 70% del total. Esto plantea el carácter insostenible de esta estrategia de lucha contra la pobreza.
- Existen evidencias de la intención del gobierno central, a través del Pacto Municipal por Vida Mejor, de re-direccionar los fondos de las transferencias municipales a los programas nacionales de compensación social ejecutados en los municipios. Esto supone un retroceso del proceso de descentralización y en las conquista de derechos obtenidas por sectores sociales vulnerables en los espacios locales (especialmente las mujeres).
- La Plataforma y el Programa Vida Mejor representan un alto riesgo en la utilización de recursos públicos con fines de proselitismo político del actual partido en el gobierno y del mismo Presidente de la República.
Algunos datos al respecto son los siguientes:
- La imagen del Presidente de la República y de la Primera Dama en la publicidad de todos los proyectos y programas de Vida Mejor.
- La utilización de las jornadas de la entrega de bonos con fines partidarios o de abierto proselitismo político.
- La ausencia de reglamentación que blinde el manejo político de estos programas de asistencia y protección social.
- La Ley Marco del Sistema de Protección Social aprobada por el Congreso Nacional, representa uno de los esfuerzos gubernamentales más significativos en la actual reforma del Estado. Lo esencial de este proyecto de Ley es posibilitar el avance hacia una mayor privatización de los servicios de salud y protección social, reduciendo la responsabilidad del Estado e involucrando activamente a prestadores privados de servicios.
- La institucionalidad altamente centralista de los gabinetes sectoriales, como el de Desarrollo e Inclusión, no ofrece espacios para el diálogo, consulta y trabajo de incidencia para las organizaciones de la sociedad civil y de los movimientos sociales.
• A pesar de las limitaciones identificadas, la sociedad civil y los movimientos sociales aún disponen como oportunidades la existencia de marcos jurídicos que continúan reconociendo la obligación de la rendición de cuentas gubernamental y el derecho de la auditoria social ciudadana tanto en los espacios nacionales y locales.
