Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- El Gobierno de Honduras necesita actuar ahora para abordar las profundas causas de los conflictos sociales, así como la desconfianza extrema en la capacidad de las instituciones estatales para promover una economía justa e inclusiva; concluyó un equipo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas, después de una visita de 10 días.
Todas las personas afectadas por los proyectos extractivistas, que ellos denominan “proyectos de desarrollo”, deben tener sus derechos plenamente respetados y protegidos por el Gobierno y las empresas para evitar los conflictos, dijo el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales.
“La mayoría de los conflictos relacionados con las inversiones a gran escala son el resultado de la falta sistemática de transparencia y de una participación significativa de las comunidades afectadas en cualquier decisión relacionada con la actividad empresarial”, dijo una de los miembros del Grupo de Trabajo, Anita Ramasastry, al presentar un informe al final de la visita.
“El derecho de las personas y comunidades afectadas a participar de manera significativa en la toma de decisiones desde una etapa temprana es un requisito básico para crear un entorno propicio para una conducta empresarial responsable. El Estado y las empresas deben darse cuenta de que escuchar todas las voces ayuda a identificar, mitigar y abordar las quejas antes de que se conviertan en conflictos”, afirmó.
Los Expertos acogen el compromiso del Gobierno de implementar los Principios Rectores de las Naciones Unidas de Empresas y Derechos Humanos (UNGPs) como un elemento crítico para el desarrollo sostenible. Como parte de este compromiso los expertos dijeron que se necesitaban reformas institucionales y jurídicas inmediatas y profundas.
“Es urgente que el Congreso hondureño de conformidad con las normas internacionales elabore una ley sobre el consentimiento libre, previo e informado y la consulta de los pueblos indígenas y otras comunidades. La práctica de la socialización de los proyectos no equivale a una consulta significativa”, señaló la Sra. Ramasastry.
Los expertos señalaron que la identificación y el tratamiento de los daños potenciales y reales a las personas que se derivan de las operaciones comerciales constituían el núcleo del concepto de la diligencia debida en materia de derechos humanos, establecido en los Principios Rectores de las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esta norma mundial para la acción de los gobiernos y las empresas para prevenir y abordar los daños a las comunidades y los trabajadores aclara que las empresas tienen la responsabilidad independiente de respetar los derechos humanos, incluso en el contexto de instituciones débiles.
“Con demasiada frecuencia, las empresas y los inversores se benefician de la corrupción y descuidan su responsabilidad de respetar los derechos humanos. Se nos anima a escuchar de algunas asociaciones empresariales una voluntad genuina de cambiar este enfoque y mejorar el respeto corporativo por los derechos humanos, entendiendo que el respeto por los derechos humanos también es bueno para las empresas. Apoyamos este enfoque que puede inspirar a los miembros a seguir”, afirmó el Sr. Pesce, miembro del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU.
Dante Pesce se reunió con el consejo Indígena Lenca de Reitoca. Foto Luis Mendez para Criterio.hn
Debería haber una acción inmediata para derogar las disposiciones del nuevo proyecto de Código Penal destinadas a penalizar la disidencia y silenciar a quienes defienden a las víctimas de abusos, al tiempo que se reducen las penas por fraude y corrupción, agregaron los Expertos.
También es esencial garantizar la independencia del sistema judicial para fortalecer la rendición de cuentas y el acceso a recursos para las víctimas de abusos de los derechos humanos por parte de las empresas, dijeron.
Los miembros del Grupo de Trabajo hicieron eco del llamado de otro experto de la ONU, el Relator Especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, instando a la renovación del mandato actual de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), cuando esta expire en enero 2020, y el fortalecimiento de sus funciones y mandato.
El informe final del Grupo de Trabajo, incluidos los hallazgos y las recomendaciones clave, se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2020.
