La Relatoría Especial de Naciones Unidas instó al Gobierno a adoptar todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de la persona mencionada e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones a los defensores de DDHH
Tegucigalpa. – El Gobierno de Honduras sigue sin responder las comunicaciones de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas enviada el 17 de febrero de 2023 sobre la criminalización de la comunidad de Guapinol. Esa misma comunicación fue enviada a finales de 2021, razón por la que, Naciones Unidas exhorta a Honduras dar respuesta en un plazo de 60 días.
En el documento solicitan la atención urgente del Gobierno sobre la información que han recibido en relación con el asesinato de los defensores de los derechos humanos Aly Domínguez y Jairo Bonilla. Desde las Naciones Unidas han pedido en reiteradas ocasiones.
Domínguez y Bonilla, son dos defensores de los ríos Guapinol y San Pedro, así como el Parque Nacional Montaña de Botaderos, Carlos Escaleras, quienes fueron asesinados el sábado 7 de enero en la aldea La Concepción en Tocoa, Colón.
Domínguez y otras 32 personas, entre ellas integrantes del Comité Municipal por la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCP), fueron criminalizados por su oposición a la licencia minera otorgada a Inversiones Los Pinares S.A., una empresa hondureña del Grupo Emco Holding, que es presidido por el empresario Lenir Pérez, que realiza actividades mineras en el Parque Nacional.
El Comité Municipal por la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCP) se compone de varias organizaciones en el departamento de Colón que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente.
El caso de la criminalización de personas defensoras de los derechos humanos de la comunidad de Guapinol fue objeto de una comunicación enviada al Gobierno de Honduras, el 03 de noviembre de 2021 que en ese momento era presidido por Juan Orlando Hernández (extraditado a EE.UU. por delitos relacionados a la narcoactividad).
De igual manera, instaron al Gobierno a adoptar todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de la persona mencionada e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas.
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INFORMACIÓN RECIBIDA POR NACIONES UNIDAS
El 7 de enero de 2023, el cuerpo de Aly Domínguez fue encontrado sin vida en el municipio de Tocoa, departamento de Colón al norte del país. De acuerdo con la información compartida por las autoridades, Domínguez habría sido asesinado con armas de fuego junto a otra persona defensora de los derechos humanos mientras viajaban en motocicleta hacia su domicilio en la aldea de Guapinol, Tocoa.
El crimen, según reportes de medios locales, fue cometido por un grupo de hombres armados, y como suele ocurrir en este tipo de crímenes contra defensores de derechos humanos, rápidamente se estableció desde los medios que el motivo del crimen habría sido un asalto.
No obstante, el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, ha denunciado desde agosto de 2022 una campaña de odio y desprestigio que ha escalado a vigilancia, acoso, y amenazas contra la vida de los liderazgos que se oponen a la destrucción del Parque Nacional Carlos Escaleras por la instalación de dos concesiones mineras a cielo abierto.
El 10 de enero de 2023, el portavoz de la Policía Nacional habría declarado que el móvil del crimen había sido un robo, para el 19 de enero de 2023, personas asociadas a Domínguez habrían solicitado el traslado de la investigación del caso a la Fiscalía de Delitos Contra la Vida, con sede en Tegucigalpa.
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CUESTIONAN INOPERANCIA DE AUTORIDADES HONDUREÑAS
El abogado, Edy Tabora, del Bufete Justicia para los Pueblos, cuestionó que exista un silencio por parte de las autoridades ante estas comunicaciones de la Relatoría Especial de Naciones Unidas en la criminalización de defensores de derechos humanos y del medio ambiente.
“Es lamentable que esto ocurra, porque son asuntos importantes para las comunidades, en el caso de Guapinol la criminalización continúa. Las consecuencias que ha tenido la comunidad a nivel de violencia continua, hubo asesinatos, siguen las intimidaciones y las campañas de estigmatización son constantes, y el Estado queda totalmente pasivo ante ello”, criticó.
A criterio de Tabora, no hay un abordaje serio, ya que, ni siquiera hay respuesta de parte de las autoridades hondureñas frente a la comunicación de la Relatoría Especial de Naciones Unidas.
