Gobierno repotencia las FF AA con sensor de vigilancia valorado en casi L 5 millones

Por: Daniel Girón

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con la adquisición de un sensor de vigilancia multi-misión, valorado en casi cinco millones de lempiras, el gobierno hondureño continúa repotenciando a las Fuerzas Armadas (FF. AA) para fortalecer la estrategia en la presunta guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Las Fuerzas Armadas anunciaron que la Secretaría de Defensa Nacional recibió un sensor de vigilancia multi-misión valorado en 4, 980,000 lempiras (200,000 dólares) para reportenciar la Fuerza Aérea Hondureña (FAH).

Esta se suma a las adquisiciones que ha hecho Honduras en los meses anteriores. En abril de 2023, el gobierno obtuvo 12 helicópteros: seis eran nuevos, marca Airbud H 145, valorados en 300 millones de lempiras cada uno y, los otros seis, eran usados, mientras que se repararon los Bell 412 y se repotenciaron los aviones de guerra F-5.

Y, aunque para muchos, tener dotada de logística las Fuerzas Armadas no es malo, se debe reconocer que hay prioridades, dicen expertos, como la dotación de medicamentos en los hospitales y condiciones para que los menores puedan ingresar al sistema de educación, por ejemplo.

Además, advierten los analistas, los recursos públicos deben ser ejecutados con sabiduría debido a que la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) declaró (desde el 15 de mayo) alerta verde en 68 municipios del corredor seco, ante la perspectiva de una severa sequía consecuente del fenómeno del “Niño”, lo que dejaría a unas 210 mil personas en crisis alimentaria y nutricional.

“No es malo que el gobierno de (Xiomara) Castro está repotenciando las Fuerzas Armadas de Honduras porque recordemos que está haciéndole frente y tratando de desarticular el crimen organizado que se ha ensañado contra varios sectores vulnerables del país y para eso está apoyándose en los militares”, dijo a Criterio.hn el abogado criminalista, Gonzalo Sánchez.

“Somos expertos en temas de seguridad y lo miramos bien, pero al otro lado de la moneda estamos viendo un país completamente con carencias en sectores de salud y educación. Sabemos que este es un mal histórico, pero si se quiere hacer un verdadero cambio se debe iniciar por contrarrestar estos males que afectan a los menores y mujeres”, agregó.

Sánchez, que se desempeña como catedrático en la facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), recordó que, de acuerdo a la Constitución de la República, a los militares no se les debe de dar la capacidad ni autorización para ejecutar operativos a nivel nacional, ya que ellos deben estar sujetos a la Policía Nacional.

Y, en efecto, la Constitución hondureña establece en el artículo 272 que los militares cooperarán con la Policía para conservar el orden público, lo que se estaría incumpliendo en el actual gobierno que delegó a los militares para que intervinieran 7 departamentos hondureños en el marco de la segunda etapa del plan “Solución Contra el Crimen”.

Precisamente los departamentos intervenidos por la Policía Militar del Orden Público (PMOP) son Olancho, Colón, El Paraíso, Atlántida, Yoro, Copán y Gracias a Dios, lo que para expertos representa una decisión ambigua y alejada del marco de la legalidad, ya que Castro prometió no utilizar la fuerza militar es sus medidas de seguridad.

PODER MILITAR

De igual manera, el doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, aseguró que a la institución armada se le debe estar inyectando poder, pero no deben de estar en las calles porque no fueron preparados para convivir con la sociedad, sino que para enfrentar guerras.

“Vamos a continuar señalando que los militares no tienen capacidades ni facultades, y son un peligro para los derechos humanos de las personas porque no ven a ciudadanos, lo que ven son enemigos; ellos fueron formados para la guerra, para luchar contra enemigos”, comentó a Criterio.hn.

Además, hizo hincapié en la más reciente medida de seguridad tomada por la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, en la intervención penitenciaria en “El Pozo” ubicado en Ilama, Santa Bárbara, en donde se utilizaron cientos de militares para ejecutar investigaciones con el fin de sustraer armas que tenían en poder los privados de libertad.

“Cualquier gobierno puede hacer uso de la fuerza militar, pero, para eso se debe cumplir con estar bajo la administración del poder civil y, por otro lado, se debe tener un plan en que precise cuánto tiempo harán uso de la fuerza militar ¿Estamos viendo cumplir esos requisitos?, definitivamente, no”, valoró.

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MILITARES EN LA SOCIEDAD

No es nada nuevo que los militares sean insertados en la sociedad o se les esté repotenciado, pero al gobierno lo cuestionan porque en su campaña proselitista prometió enviar ese brazo armado a sus cuarteles, cortando la hegemonía que se mantuvo por 12 años en las gestiones nacionalistas, el expresidente Lobo (2010-2014) y en la dictadura del presunto narcotraficante Juan Orlando Hernández (2014-2022).

De militares y militarismo

Las medidas en materia de seguridad de Castro iniciaron el 6 de diciembre de 2022 con un estado de excepción en 123 de los 298 municipios de Honduras, mismo que se mantendrá hasta el próximo 5 de julio de 2023, según la más reciente actualización que se publicó en el Diario Oficial La Gaceta.

Otra de las acciones fue la intervención penitenciaria de la mano de Villanueva, subsecretaria de Seguridad, quien fue delegada por Castro para que planifique y ejecute el plan de desarticulación de maras y pandillas que mantienen su gobernanza en el interior de las cárceles del país.

Estas medidas han sido cuestionadas por dos motivos: el principal, y que no va contra la ley, es incluir fuerza militar en operativos, pues contradice lo prometido por Castro y, el otro, es quebrantar la Constitución al delegar a las Fuerzas Armadas para que encabezan planes que no les corresponden, según expertos.

Mientras las entidades de seguridad continúan ejecutando sus planes, de forma paralela el crimen organizado y narcotráfico se han encargado de asesinar 1551 personas, sólo en 2023, en lo que se incluyen a las víctimas del sector transporte que en este año han sido acribillados 27.

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