Criterio.hn solicitó información sobre el costo y el origen de los fondos del proyecto a cuatro instituciones del Estado y todas se enredaron evitando dar la información que debería ser de conocimiento público
Además de la opacidad, la construcción de la cárcel de máxima seguridad, en las Islas del Cisne, ha desencadenado una ola de cuestionamientos debido a sus potenciales implicaciones ambientales y por contravenir estándares internacionales en materia de derechos humanos
Tegucigalpa, Honduras. – Obviando los daños ambientales y las violaciones a los tratados internacionales sobre los derechos de los privados de libertad, el gobierno de Xiomara Castro ha anunciado contra viento y marea la construcción de una cárcel de máxima seguridad en las Islas del Cisne, en el Caribe de Honduras.
Honduras tiene serios problemas en el sistema penitenciario, que se han remarcado con el paso del tiempo, debido a la sobrepoblación en los recintos, el control de los grupos criminales, producto de la histórica mora judicial existente, problemáticas que se han seguido profundizando pese a la implementación de un sin número de intervenciones que han incluido comisiones multisectoriales y la participación de los militares.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), registró en el 2022, 19,842 personas albergadas en los 25 centros penitenciarios del país, de las cuales el 51.6% no contaban con sentencia firme.
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La Frase
“Yo lo que sé es que en el próximo mes de febrero iniciaremos con esa construcción”: coronel Ramiro Fernando Muñoz Bonilla, director de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), 09 de enero de 2024
“Hoy reiteré que el proceso para la construcción de la cárcel de máxima seguridad en la Islas del Cisne avanza bajo los lineamientos de la PMOP/ INP_HN y que ésta podría iniciar en febrero para que esté lista este 2024”: José Manuel Zelaya Rosales, secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, 09 de enero de 2024
El proyecto de construcción de la mega cárcel, que estará en manos de los militares, quienes tienen bajo control a los centros penitenciarios, fue anunciado luego que, el 20 de junio de 2023, 46 privadas de libertad perdieron la vida durante un incendió precedido por un enfrentamiento entre supuestas integrantes de maras y pandillas en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).
Tres días después, del hecho antes citado, el 23 de junio de 2023, luego de un Consejo de Ministros, José Manuel Zelaya Rosales, sobrino político de la mandataria y ministro de Defensa, informó que la presidenta Xiomara Castro, había autorizado compras directas para la construcción de una cárcel de máxima seguridad en las Islas del Cisne y la finalización del centro penal en Naco, Cortés, en la zona norte del país.
En marzo de 2023, previo al siniestro en el PNFAS, el ahora ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, quien en ese momento fungía como director de la Policía Nacional, informó que para el 2023 se iniciaría con la construcción de dos cárceles de máxima de seguridad –para las que también se aprobaron compras directas.
Estas construcciones, que no se especificó puntos geográficos, fueron anunciadas en el marco de una declaratoria de emergencia penitenciaria, adoptada como parte de un plan de seguridad ante el auge de masacres en todo el país y el emplazamiento de la presidenta Xiomara Castro a la Policía Nacional por sus limitados resultados en la prevención de la violencia.
Dichos recintos carcelarios serían «exclusivamente para recluir en ellas, a miembros de bandas que están procesados por delitos de crimen organizado».
El gobierno de Xiomara Castro, al igual que sus antecesores, mantiene los centros penitenciarios bajo el control de los militares, con el argumento que los uniformados son los únicos que son capaces de controlar la violencia y criminalidad que se genera desde adentro de los centros penales por parte de las estructuras criminales.
La medida persiste pese a que Honduras ha sido reiterativamente llamada a cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de desmilitarizar la seguridad penitenciaria, porque los militares no han sido formados para dichas actividades y se ha comprobado que son violadores de los derechos humanos.
La construcción de la cárcel de máxima seguridad en las Islas del Cisne ha generado fuertes cuestionamientos, ya que se vislumbra que el Estado de Honduras está emulando la política de seguridad del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, con el agravante de que en Honduras la construcción de la cárcel de máxima seguridad se ha planificado en una zona de reserva natural.
En esta ocasión, Criterio.hn realiza una verificación de hechos alrededor de este tema que ha confrontado a funcionarios de la administración Castro con defensores del medio ambiente y de los derechos humanos.
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ORIGEN Y MONTO DE LOS FONDOS BAJO OPACIDAD
Los defensores del proyecto argumentan que la cárcel de máxima seguridad no sólo proporcionaría una solución para la sobrepoblación carcelaria que se traduce en 34.2%, según estimaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), sino que también ofrecería programas de rehabilitación para la reintegración de las personas privadas de libertad a la sociedad.
En julio de 2023, el titular de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), José Manuel Zelaya Rosales, refirió que la construcción de la cárcel en Islas del Cisne será una realidad sin importar el costo.
Para conocer el origen de los fondos de la construcción y el costo operativo anual del recinto, Criterio.hn realizó varias solicitudes de información a diferentes instituciones estatales por medio del Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO), pero no se obtuvo una respuesta convincente.
Para el caso, se consultó a la Secretaría de Defensa Nacional y respondió que el proceso de construcción se encontraba en la etapa de formulación, razón por la cual aún no se tenía el monto para desarrollar el proyecto. Además, “informamos que no se ha generado información referente a la construcción del Centro Penitenciario en islas del Cisne”
De igual manera, se consultó a la Secretaría de Finanzas, y a través de un memorándum del 22 de enero de 2024, informó que, hasta esa fecha, dentro del Presupuesto General de ingresos y egresos de la República, para el año 2024 no se visualizaba una partida presupuestaria específica para la construcción del centro penitenciario de máxima seguridad.
También se consultó a la Secretaría de Seguridad y de manera escueta y tajante contestó que “no corresponde dar respuesta”.
Por último, se consultó al Instituto Nacional Penitenciario (INP), pero su respuesta fue que dicha información se encontraba clasificada como “reservada” según Resolución No. SO-669-2023.
Las información solicitada por Criterio.hn relativa a costos y origen de los fondos para la construcción de la cárcel de máxima seguridad en las Islas del Cisne no implica riesgo alguno para la seguridad nacional, por lo tanto, el argumento esgrimido por el INP es violatorio a la Ley de Acceso a la Información Pública.
SIN TRANSPARENCIA
Ante la falta de información, se ha generado suspicacia sobre el costo de la obra, aunque analistas estiman que la construcción rondaría los 2,000 millones de lempiras (USD 8.6 millones).
La falta de transparencia y la celeridad al aprobar compras directas, para el arquitecto y miembro de la Coalición Ambiental de Honduras, Óscar Hernández genera más dudas ya que se aprobaron los mecanismos de compra sin tener un proyecto gestionado.
Hernández, quien diseñó la Penitenciaría Nacional de Támara “Marco Aurelio Soto” —principal centro penitenciario del país —, considera que las intervenciones en las cárceles han fallado porque detrás ha habido grandes negocios.
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AMENAZA AMBIENTAL
La Reserva Marina Islas del Cisne, se encuentra a 273 kilómetros de Trujillo, en el Caribe hondureño. El archipiélago fue declarado área protegida a través del Decreto Ejecutivo No. 3056-91, y posteriormente ratificado como Parque Nacional Marino Abogado Agustín Córdova Rodríguez, mediante el Decreto Legislativo 128-94, con el cual se prohíben las actividades de caza y pesca, regula el uso de la tierra y garantiza legalmente la protección del hábitat y especies marinas y terrestres.
El lugar que alberga especies únicas de flora y fauna, especies migratorias tanto marinas como terrestres, y especies en peligro de extinción en el Mar Caribe, está siendo amenazada por la decisión de la presidenta Xiomara Castro de construir un centro penitenciario de máxima seguridad.
Criterio.hn, conoció que recientemente el gobierno envió un equipo interdisciplinario a las Islas del Cisne para desarrollar una investigación científica para conocer el impacto ambiental, la cual está bajo secreto, razón por la cual el biólogo Helder Pérez, exhortó a las autoridades a dar a conocer el contenido del estudio.
“Nos preocupa, porque si la población en general no tiene acceso a la información no podemos opinar sobre el impacto ambiental que se produciría”, refirió el profesional de la biología.
Para Pérez, laconstrucción de la cárcel tendrá un impacto negativo en las especies terrestres, residentes y migratorias y las especies marinas, residentes y migratorias. De acuerdo con el científico, en las Islas del Cisne, hay especies de peces y corales invertebrados, pero también es un sitio de descanso y alimentación para ballenas, delfines, tortugas marinas. Dichas especies, están protegidas por la Convención de Especies Migratorias, de la cual Honduras es signatario.
De igual manera, el arquitecto Óscar Hernández, miembro de la Coalición Ambiental de Honduras, refirió que desde todo punto de vista el centro penitenciario “atenta contra la ecología del sistema marino y vida silvestre”.
Recientemente, las autoridades estatales, afirmaron que para dar inicio con el proyecto estaban a la espera de la licencia ambiental.
Sobre el particular el jefe de la Policía Militar, Ramiro Muñoz, que, además, dirige la comisión de intervención en los centros penales y el proceso de construcción, dijo, a medios de comunicación, que existen retrasos y obstáculos para obtener la licencia ambiental que otorgará la Secretaría de Recursos Naturales.
Criterio.hn, contactó a Lucky Medina, ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambientes (Serna), para conocer sobre el proceso de la licencia ambiental y los estudios de impacto ambiental, sin embargo, no obtuvimos respuesta.
A través de una respuesta a una solicitud de información a Serna se nos informó que la solicitud se encuentra creada en la plataforma del Sistema de Licenciamiento Ambiental Simplificado (SLAS), pero sin presentarse. Es decir, que previo a ser presentada, se debe subir toda la documentación del proyecto en digital. Serna refirió que el proponente (INP) se encuentra recopilando la información necesaria para el cumplimiento de los requisitos de licenciamiento ambiental.
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CÁRCEL EN ISLAS DEL CISNE SE CONVERTIRÍA EN GENERADOR DE BASURA
En las costas hondureñas del atlántico, está el arrecife mesoamericano de barrera, es decir, una barrera de coral que se extiende sobre aproximadamente 1,000 km, a lo largo de la costa caribeña de México, Belice, Guatemala, y Honduras,
Sobre lo antes expuesto el biólogo Helder Pérez explicó que aunque las Islas del Cisne geológicamente no forman parte de esta barrera, existen especies de coral que son compartidas con dicho sistema arrecifal, por consiguiente se da un intercambio de especies como consecuencia de la corriente que fluye de este a oeste –siguiendo las manecillas del reloj— dicha corriente viene desde el Gran Caribe y se conecta con Islas Caimán, Islas del Cisne, Islas de la Bahía, sube hasta México y a los cayos de La Florida y posteriormente se une con la corriente del Golfo, que se encarga de llevar agua tibia a Inglaterra.
El biólogo razonó que la basura que se genere en las Islas del Cisne, es decir, desechos sólidos y aguas grises, sin lugar a duda afectará, no sólo las costas en Honduras, sino también las de Guatemala, Belice, México y Estados Unidos en el sur de Los Cayos de La Florida.
La preocupación surge porque las autoridades han señalado, que la cárcel de máxima seguridad servirá para albergar a 2000 privados de libertad, considerados de alta peligrosidad, más el personal de salud, custodios penitenciarios, y el resto del equipo.
Esta ocupación representará un alto consumo de comida, generación de heces fecales, actividades de limpieza de ropa, utensilios de cocina, lo que se considera generación de aguas grises y negras.
Por otro lado, las Islas del Cisne, al no estar conectada a tierra firme, obliga a la instalación de una planta de generación de energía, que si es solar el impacto de contaminación es menor, pero si se instala una planta térmica se incurrirá en la generación de desechos de aceite y otros derivados del petróleo.
De acuerdo con el profesional de la biología, todos estos desechos deben ser capturados y procesados en una planta de tratamiento para que no sean depositados al mar, sin embargo, enfatizó que en el país no existe ninguna planta de tratamiento efectiva en ninguna de las islas.
Por consiguiente, quienes se oponen a dicho proyecto penitenciario, tienen la duda de cómo se manejarán esos desechos. Y en caso de no manejarse adecuadamente, el biólogo advierte que, en el peor de los escenarios, es que haya un crematorio a cielo abierto, lo que generaría contaminación atmosférica y también filtración de los contaminantes al subsuelo que van a dar a las aguas marinas, lo que provocaría un gran daño a todo el sistema arrecifal.
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CONTRADICCIÓN DE DD HH CON ESTÁNDARES INTERNACIONALES
Otro de los puntos en discusión es la violación a los derechos humanos de los privados de libertad, ya que un centro penitenciario ubicado en una isla provocaría el aislamiento de los procesados en contravención de los estándares internacionales en materia penitenciaria.
El abogado y doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en sus informes de 2015 y de 2019, le dijo al Estado de Honduras que la construcción de las mega cárceles no constituye una solución duradera, idónea a los problemas del sistema penitenciario.
Por otro lado, el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, establece en el principio 19 que: “Toda persona detenida o presa tendrá el derecho de ser visitada, en particular por sus familiares, y de tener correspondencia con ellos y tendrá oportunidad adecuada de comunicarse con el mundo exterior, con sujeción a las condiciones y restricciones razonables determinadas por la ley o reglamentos dictados conforme a derecho”.
En ese sentido, Mejía señaló que a las personas que son trasladadas a este tipo de cárceles, se les imposibilita el contacto regular con sus abogados y con su familia. “Realmente, lo que está haciendo (el Estado de Honduras) es profundizar una crisis de violaciones a derechos humanos a las personas privadas de libertad que tienen el derecho de las visitas de su familia y tienen derecho de contar con sus abogados”, expresó.
Para el doctor en derechos humanos, la construcción de la cárcel de máxima seguridad, responde a “privilegiar” a un modelo de seguridad que se caracteriza con encerrar en este tipo de cárceles a personas que cometen delitos. Modelo que, a criterio de Mejía, “está por encima de los derechos de las personas privadas de libertad”.
De igual manera, señaló que está por encima de la obligación constitucional de lograr la reinserción de las personas privadas de libertad.
Mejía, enfatizó, además que la construcción de la cárcel de máxima seguridad afectaría la evaluación que recibirá Honduras en abril próximo en el Examen Periódico Universal (EPU).
Por otro lado, Ramiro Muñoz, director de la PMOP, en un canal de la televisión, señaló que en Honduras todavía hay “serias dificultades”, en los controles de los líderes del crimen organizado y admitió que “los tentáculos de la criminalidad son tan poderosos que a veces uno cree que, con construir una cárcel, alinearlos en una celda, con eso solucionamos el problema”.
Pese a admitir que la cárcel de máxima seguridad no es la solución a los problemas de inseguridad en los centros penitenciarios, el militar es uno de los defensores del proyecto, que de acuerdo con Lucky Medina es una solución temporal a los problemas del sistema penitenciario.
Ante la temporalidad del proyecto, los entrevistados coinciden que el gasto oneroso, puede destinarse a la investigación de la fauna, a la conservación de los bosques, construcción de escuelas, centros de salud, abastecimiento de medicinas en los hospitales o bien fortalecer el sistema penitenciario, destinando los fondos a la rehabilitación o mejoramiento de las cárceles existentes en tierra firme.
Bajo este panorama, Criterio.hn concluye que la promesa de iniciar la construcción de la cárcel de máxima seguridad, en febrero de 2024, en las Islas del Cisne, pese a representar un grave problema ambiental y violaciones a derechos humanos, es Falsa, porque la obra no ha comenzado a ejecutarse y porque todavía hay muchos impasses sin resolverse como la extensión de la licencia ambiental y la identificación del presupuesto.
Aún con todo lo anterior, el gobierno asegura que la cárcel de máxima seguridad estará lista para ser inaugurada el 20 de diciembre como regalo de Navidad para los hondureños.
