Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.-El gobierno de Juan Hernández está manejando una política fiscal que generará enormes problemas a la próxima administración que asuma las riendas de Honduras, porque heredará incalculables pagos retrasados de la deuda pública.
El subdirector del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), Ralf Flores, aseveró que actualmente Honduras tiene una deuda pública que anda en un 60% con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) y no del 46% como asegura el gobierno.
Agregó que al FOSDEH le preocupa los niveles de endeudamiento interno porque son recursos obtenidos mediante la colocación de bonos en los institutos de jubilaciones y pensiones.
Otra de las irregularidades que se están presentando, dijo, es la readecuación de vencimiento de bonos de deuda externa, “esa no es la solución porque lo que hace es pasarle el problema para atrás”.
“Eso significa que el Estado puede estar readecuando esa deuda, colocando nuevos bonos con vencimientos a más largo plazo y las tasas de interés han ido disminuyendo y por lo tanto para los institutos de pensiones puede ser preocupante porque no van a poder atender a la población que está por jubilarse”,
Agregó que hay denuncias de personas que tienen que esperar hasta tres meses para que en los institutos de previsión les atiendan sus solicitudes de jubilación y pensión.
ALTO COSTO DE LA VIDA
Por otra parte manifestó que si el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha vertido calificaciones positivas sobre la situación económica de Honduras, es porque su accionar se limita “a la parte macro y no la parte micro, lo cotidiano, lo que realmente enfrenta la población, de ese tema no se ocupan”.
Flores apuntó que actualmente en Honduras las tasas de desempleo son altas y los niveles de ingreso de la población son bajos.
Precisó que cifras oficiales indican que el 65% de los trabajadores ganan salarios muy por debajo de un salario mínimo e incluso el 80% de los trabajadores de la economía informal tienen ingresos por debajo de un salario mínimo, lo que al final nos indica que el 70% de los asalariados tienen ingresos por debajo de la canasta básica.
